ALICANTE. El vicealcalde y concejal de Medio Ambiente de Alicante, Manuel Villar, ha comparecido en pleno ordinario de mayo, este jueves, para ofrecer explicaciones sobre las decisiones adoptadas por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), respecto al conflicto del ruido vinculado a la actividad del ocio y la hostelería en el Centro Tradicional, en respuesta a la solicitud formulada por el grupo municipal del PSOE. Y lo ha hecho, primero, para insistir en la defensa de los pasos adoptados hasta ahora, entre los que ha incluido la interposición de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) frente a la sentencia de primera instancia en la que se conmina al Ayuntamiento a acordar la implantación de una Zona Acústica Saturada (ZAS) en la calle Castaños. Pero también, para dar a conocer el alcance de esa ZAS -que se aplicará al margen de ese recurso- hasta el punto de anticipar que se extenderá hasta calles adyacentes e incluso hasta la calle San Francisco.
Villar ha insistido, en primer término, en que ese recurso de apelación (que se suma a los tres presentados por el sector hostelero) no evitará que se apliquen medidas de control para favorecer el descanso vecinal. Es más, ha insistido en que "compartimos el fondo de la sentencia y somos conscientes de un problema que se debe solucionar". No obstante, ha insistido en que se había interpretado que la sentencia apuntaba situaciones que no podían ser compartidas, como el hecho de que se acordase una estimación total de la demanda presentada por los dos residentes del Centro que iniciaron el procedimiento, cuando, en realidad, el fallo solo acuerda que se declare una ZAS limitada a la calle Castaños, y no al conjunto del Centro Tradicional, como solicitaban los demandantes.
Además, también ha recalcado que, a juicio del equipo de gobierno, no podía asumirse que se apuntase a una vulneración de derechos fundamentales de los vecinos, en la medida en que, a su juicio, no estaría acreditada una afección individualizada particular respecto a los vecinos demandantes. De ahí que se haya optado por presentar recurso, según ha insistido, al sostener que el fallo tendría consecuencias no asumibles por el Ayuntamiento. "La vulneración de un derecho fundamental debe acreditarse de manera individualizada, y eso entendemos que no ha sucedido", ha recalcado, en la medida en que no se habría "aportado prueba alguna" sobre mediciones que lo demuestren. "Lo que no quiere decir", según ha recalcado, "que no exista ruido en las viviendas", por lo que ha reiterado que se adoptarán medidas para reducir el problema.
De igual modo, se ha referido al plazo de dos meses conferido en la sentencia de primera instancia para señalar que resulta "de imposible cumplimiento" por los tiempos que requiere la tramitación administrativa del acuerdo de declaración de una ZAS. En todo caso, ha apuntado que, con la interposición de los recursos, ese plazo quedaría suspendido en la medida en que la sentencia todavía no sería firme.
Eso sí, ha señalado que "nuestro objetivo es que el ruido deje de ser un problema en esta legislatura", ha enfatizado, puesto que, según ha añadido, el derecho que debe prevalecer es el derecho al descanso de los vecinos, "y los comerciantes y hosteleros a los que también apoyamos, deberán almoldarse".
En este sentido, ha recalcado que no es cierto que el Ayuntamiento no hubiese actuado para evitar el problema, tras incidir en que se inició el procedimiento en 2019, cuando se conoció la primera sentencia sobre el mismo conflicto. Y, según ha añadido, a partir de entonces comenzaron a adoptarse decisiones. Es más, ha anticipado que la interposición del recurso no conlleva que no vayan a comenzar a implementarse medidas para reducir los niveles sonoros hasta su resolución. De hecho, ha apuntado que ya se dispone de una delimitación concreta para la aplicación de la ZAS que no se limitará a la calle Castaños. Así, ha apuntado que abarcaría la calle Castaños desde la calle del Teatro hasta la calle Gerona, además la calle Cándida Jiménez, desde la calle Bailén a Castaños, la calle San Ildefonso, hasta la Plaza Nueva, e incluso la calle San Francisco desde Castaños al Portal de Elche.
Al tiempo, ha apuntado que también se pondrá en marcha un segundo expediente, ya previsto, para acordar una segunda ZAS en el Casco Antiguo que abarcaría el perímetro formado por la plaza Quijano, Virgen de Belén y San Agustín, en desarrollo de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) acordada en 2018. En esta línea, ha señalado que para adoptar esa decisión, ha sido necesario el desarrollo de un trabajo previo: en el que se ha incluido la toma de mediciones para poder disponer de un modelo de simulación acústica, a partir de los registros captados por las estaciones del ayuntamiento. Además, en respuesta a las preguntas formuladas en la solicitud de comparecencia registrada por el PSOE, ha anticipado que, entre las medidas previstas, se prevé la constitución de una mesa de trabajo en la que se agruparía a los vecinos con representantes de los empresarios hosteleros.
Con carácter previo, los representantes de PSOE, Raúl Ruiz; de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé; y de Compromís, Rafa Mas; habían reprochado la actuación del equipo de gobierno respecto al conflicto del ruido, para insistir en la falta de medidas de prevención, o en el hecho de que se haya planteado un nuevo recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Es más, incluso se había instado a Villar a presentar su dimisión o, en su defecto, que el alcalde acordase su cese, al atribuirle la falta de soluciones respecto a otras situaciones como la limpieza viaria o la disputa empresarial sobre el contrato de mantenimiento de zonas verdes.
Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, había considerado que la solicitud de comparecencia de Villar era innecesaria puesto que gran parte de las preguntas planteadas por el PSOE en esa iniciativa ya habían quedado respondidas con anterioridad. Eso sí, ha aprovechado su intervención para plantear que, en realidad, entre todos los asuntos señalados en esa petición, solo resultaba de interés el que aludía a la posibilidad de que el problema del ruido se extendiese a otras zonas para señalar que, a su juicio, el problema derivaría de la falta de presencia policial para evitar la afluencia de público en la calle.