Trabajos de reparación sobre una acera de Alicante.ALICANTE. La alianza empresarial compuesta por Abala Infraestructuras y API Movilidad seguirá al frente del servicio de mantenimiento de aceras de Alicante hasta la fecha de finalización del contrato, en junio de 2025. Ese es, cuando menos, el acuerdo que quedó aprobado este martes en la reunión semanal de la Junta de Gobierno, en la que se descartó la doble petición planteada por los representantes de dicha unión temporal de empresas: la restitución del equilibrio económico del contrato o, en su defecto, su resolución por mutuo acuerdo.
Por partes. El servicio quedó en manos de Abala-API en mayo de 2021 después de que su oferta se impusiese en el concurso tras registrar la propuesta económica más ventajosa para el interés público, por un importe de más de 4,1 millones (4.163.049,63 euros, impuestos incluidos) por cuatro años de prestación. En esa propuesta -que supuso una baja del 28% respecto al precio de licitación- incorporó dos mejoras adicionales: la urbanización de determinados espacios públicos planteados en el anexo del pliego de condiciones, con obras valoradas en 131.229,60 euros anuales y la creación de un laboratorio de proyectos, con otros 69.730,39 euros anuales.
El contrato entró en vigor con la firma del acta de replanteo en junio de 2021 con las condiciones iniciales hasta que, en noviembre de 2022, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), aprobó una modificación de su prestación que conllevó un incremento de precios por un importe global de 624.457,47 euros hasta su extinción. No obstante, en julio de este año, la UTE solicitó que se acordase una revisión de precios para reestablecer el equilibrio económico de la prestación o su extinción, tras alegar pérdidas como consecuencia del incremento de costes que habría tenido que soportar desde el inicio del contrato.
Sin embargo, el equipo de gobierno descarta esos dos posibles escenarios (compensación y resolución contractual) en base al informe elaborado por los técnicos municipales en el que se apunta que la ejecución del contrato "se realizará a riesgo y ventura del contratista", por lo que no procede acordar la compensación adicional solicitada. Y, al tiempo, se descarta la resolución de mutuo acuerdo del contrato al no concurrir causas de interés público que lo justifiquen.
Así, el acuerdo rechaza las dos peticiones e insta a Abala-API a asumir el servicio hasta la fecha de su finalización, con la advertencia de aplicar posibles penalizaciones en el caso de que se apreciase incumplimientos en su prestación (hasta 10.000 euros en caso de los muy graves) que pueden conducir a la resolución por causas imputables al adjudicatario por acumulación de tres faltas en su ejecución.
