ALICANTE. Primer filtro administrativo superado para la propuesta de suspensión de licencias en la instalación de gasolineras en Alicante. La comisión de Urbanismo ha aprobado este lunes, sin ningún voto en contra, la suspensión de la concesión de permisos por un plazo de dos años de duración mientras se modifica el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular las condiciones para el desarrollo de dichas instalaciones, como informó este diario. Además, en la sesión también se ha dictaminado favorablemente una segunda propuesta por la que, igualmente, se acuerda la suspensión de permisos para la instalación de plantas fotovoltaicas. De igual modo, su regulación quedará delimitada a partir de una modificación del PGOU vigente.
Los acuerdos han prosperado con el apoyo de los representantes de los grupos municipales presentes (entre los que no se encontraban miembros del grupo municipal del PSOE, en el que persiste la crisis instalada entre sus filas), en el caso de las estaciones de suministro de combustible, y con la abstención de Vox, en relación al punto referido a las superficies destinadas a producción de energía solar, según han precisado fuentes consultadas.
En primer término, la comisión ha acordado suspender, por unanimidad de los concejales presentes, el otorgamiento de licencias de obras y actividad de gasolineras o estaciones de servicio en tanto se estudia su nueva regulación. La suspensión acordada tendrá una duración máxima de dos años. Se excluye del acuerdo las de licencias referentes a instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. En la votación apoyaron la iniciativa todos los grupos políticos, excepto el PSOE que no acudió a la reunión.
La concejalía de Urbanismo, a través de la Oficina del Plan General, ha iniciado los trámites para adaptar la normativa vigente en relación a la concesión de licencias de gasolineras. Este cambio supone una restricción de la regulación al impedir la instalación de estaciones de suministro a menos de 250 metros de zonas residenciales siempre que el suelo en el que se ubique este calificado como terciario o industrial. La normativa actual permite la construcción de este servicio en suelos calificados como residenciales que tengan compatibilidad de uso terciario-comercial.
El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ha destacado, a través de un comunicado, que esa modificación del planeamiento "primará la seguridad de las instalaciones de suministro de hidrocarburos, regulando emplazamientos y distancias mínimas con zonas urbanas residenciales para un tipo de combustible que todavía es usado por la inmensa mayoría de la población". El edil ha explicado que "con esta nueva regulación municipal buscamos fijar con claridad la normativa para la implantación de puntos de abastecimiento de combustible en el casco urbano de la ciudad".
Por parte del Servicio de Plan General y Planeamiento del Ayuntamiento de Alicante se pretende llevar a cabo modificación puntual del Plan General vigente cuyo objeto fundamental es adaptar la actual regulación de los usos dotacionales en la que no se realiza distinción entre la titularidad pública o privada de los mismos. Esta regulación entra en conflicto con la legislación urbanística actualmente vigente en la Comunitat Valenciana, que realiza una distinción y regulación propia y más adecuada de las dotaciones de titularidad privada considerando que son usos terciarios de carácter especial.
Se introduce un nuevo Artículo 93.A en las normas urbanísticas para la regulación de las instalaciones de abastecimiento de combustible. Se modifica su normativa actual concretando sus posibles emplazamientos sobre parcelas calificadas con uso terciario o industrial y se establece una distancia mínima de 250 metros con respecto a las parcelas de uso residencial exceptuando de tal condición las parcelas terciarias o industriales que den frente a un vial estructural.
En base a lo dispuesto en el Artículo 51 del TRLOTUP, el Ayuntamiento ha sometido la documentación para llevar a cabo la modificación puntual a consulta pública previa a través del portal web municipal desde el pasado 6 de julio hasta el próximo 5 de agosto. Además, con esta modificación se pretende dotar de mayor flexibilidad la regulación actual de las dotaciones públicas, eliminar y adecuar aquellos aspectos que resulten incongruentes con la legislación urbanística vigente, así como llevar a cabo una organización más racional de las normas urbanísticas con respecto a los usos terciarios y dotacionales.
Finalizada la consulta, se elaborará un informe de respuesta conjunta a las aportaciones recibidas, incorporándose al expediente el resultado de la consulta, con indicación del número de participantes, número de opiniones emitidas y el citado informe de respuesta.
Asimismo, la comisión ha aprobado, con la única abstención de Vox, suspender el otorgamiento y admisión a trámite de las licencias que se puedan solicitar para la implantación de instalaciones de energía fotovoltaica, con el fin de evitar su posible implantación sobre suelos sensibles del territorio, con altos valores paisajísticos, naturales o agrícolas. En virtud del decreto aprobado por la Generalitat Valenciana el pasado 22 de abril de emergencia energética por la guerra de Ucrania, la concejalía de Urbanismo ha visto reducida la posibilidad de suspensión de licencias que pretendía hacerse extensiva a todo el suelo no urbanizable común.
Fuentes municipales han detallado que se preveía llevar a cabo una modificación del Plan General para reordenar todo el suelo no urbanizable común y estudiar las zonas más adecuadas para implantar estos usos en el territorio. Sin embargo, la nueva disposición adicional introducida, impide que las licencias puedan suspenderse en todo el ámbito pretendido, pudiendo solamente hacerlo en ciertos terrenos.
La suspensión acordada tendrá una duración máxima de dos años y sólo puede limitarse a aquellas zonas de suelo no urbanizable común en las cuales la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià define como de alta y muy alta capacidad agrológica, o en aquellas que, siendo su capacidad moderada, el Ayuntamiento justifique mediante acuerdo plenario la necesidad de aplicar un régimen de protección agrícola. También se podrán suspender licencias si el ayuntamiento justifica mediante informe la posible degradación del entorno paisajístico próximo a usos residenciales o de alto valor de relevancia local.
El edil de Urbanismo de Alicante, Adrián Santos Pérez.Con motivo de preservar los territorios de mayor valor tanto natural como paisajístico, el Ayuntamiento plantea además la suspensión de licencias de instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica sobre los elementos de la sección natural y paisajística del Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del municipio, en tramitación, cuya Propuesta fue aprobada en Pleno con fecha 9 de septiembre de 2020, en el cual se establecen una serie de elementos que se consideran de elevado valor natural y paisajístico que recaen sobre terrenos clasificados como suelo no urbanizable común y sobre los que sería posible la implantación de este tipo de instalaciones fotovoltaicas con la consecuente pérdida de valores que ello conllevaría.
Las mismas fuentes han incidido en que los técnicos de la Oficina del Plan General consideran que la implantación de este tipo de instalaciones, fundamentalmente las generadoras de energía solar fotovoltaica que suponen la ocupación de grandes extensiones de suelo rústico, debe realizarse de manera compatible y coherente con los valores tanto naturales como paisajísticos que presenta nuestro territorio considerando que existen zonas que cabe preservar.
El ámbito de dicha suspensión afecta exclusivamente, por tanto, a aquellos terrenos clasificados por el PGOU vigente como no urbanizable común incluidos en ámbitos y entornos de protección de los elementos tanto naturales como paisajísticos incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos actualmente en tramitación, así como las áreas definidas en la cartografía del Instituto Cartográfico Valenciano con alta y muy alta capacidad agrológica. La suspensión tendrá una duración máxima de dos años como indica la legislación autonómica. La referida suspensión no afectará a las instalaciones para autoconsumo, con o sin excedente.
