Vista de las celdas de vertido del centro de tratamiento de residuos de Fontcalent.ALICANTE. El concurso para adjudicar el servicio de gestión y explotación del centro de tratamiento de residuos de Alicante se hará esperar más allá de lo pretendido. De hecho, puede que su convocatoria quede retrasada como mínimo hasta la primavera de 2023, después de que el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), haya decidido desistir del proyecto de gestión -el documento que servirá de base para impulsar esa licitación- diseñado inicialmente con el fin de complementarlo y ajustarlo al contexto económico y normativo actual.
La renuncia a la tramitación de esa propuesta inicial quedará aprobada este martes en Junta Local, cerca de un año y medio después de que el Ayuntamiento elevase la propuesta a la Generalitat y solicitase informe de evaluación por parte de la Conselleria de Transición Ecológica. Esa petición se cursó por primera vez, en junio de 2021 y se reiteró dos meses después, en agosto. Por último, volvió a demandarse en marzo de este año sin que tampoco se obtuviese respuesta.
Es más, la contestación oficiosa no llegó hasta este octubre, cuando trascendió que se había requerido al Ayuntamiento para que adaptase el proyecto de gestión de la planta a las novedades normativas en el tratamiento del biorresiduo que se introducen en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados que entró en vigor en abril de este año. Es decir, después de que el documento quedase pendiente del visto bueno de la Generalitat.
Ahora, PP y Cs asumen que la modificación de la propuesta resulta imprescindible en la medida en que, además, se habría aprobado normativa adicional a la citada Ley de Residuos y Suelos Contaminados de ámbito nacional. Entre esa nueva regulación sobrevenida, se incluye, sin ir más lejos, la reciente Ley de Residuos y Suelos contaminados para el fomento de la economía circular de la Comunitat.
No solo eso. También se habría considerado necesaria la reformulación del proyecto de gestión al quedar desactualizado en aspectos como la evaluación de costes que se había calculado para la ejecución de inversiones y mejoras en las instalaciones de Fontcalent como consecuencia de una triple crisis: la de incremento de precios de materiales y maquinaria; la financiera, por el aumento de los tipos de interés, y la crisis energética propiciada por el encarecimiento del gas. Todas ellas se habrían desencadenado a consecuencia de la invasión de Ucrania, después de que se redactase el proyecto de planificación sobre el funcionamiento futuro de la planta.
Así, la Concejalía de Limpieza y Gestión de Residuos ha abogado por recalcular los importes y el calendario para la ejecución de las mejoras previstas para no partir con un documento basado en premisas erróneas. En ese documento de partida se preveía la ejecución de inversiones por más de 71 millones para incorporar nuevas infraestructuras y sistemas de tratamiento que tendrán que redimensionarse y revalorarse. Además, se estimaba que el concurso podía convocarse con un presupuesto de licitación de alrededor de 240 millones que ahora también habría quedado desactualizado.
¿Cuál es la consecuencia lógica de la reformulación del proyecto de gestión? Un retraso inevitable en la adjudicación de la explotación de la planta. A pesar de que gran parte de ese trabajo de planificación previo siga siendo válido, el tropiezo con esa triple circunstancia (retraso en la validación del Consell, entrada en vigor de nueva normativa y crisis económica) provocará que la gestión del vertedero -todavía en manos de UTE Alicante (FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica) tras la concesión de una primera prórroga- no quede regulada con la selección de un nuevo operador antes de mediados de 2023 si se tiene en cuenta los plazos de validación autonómica y los derivados del proceso de contratación.
Para entonces sí se habrá conseguido renovar el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, que quedará a cargo de la UTE compuesta por FCC y PreZero. De hecho, la Junta Local prevé aprobar este martes su adjudicación definitiva, lo que permitirá preparar los cambios asociados a la nueva prestación con el propósito de que pueda entrar en vigor entre los meses de enero y febrero.
