Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). Les Corts han aprobado la proposición de ley de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, después de que finalmente los grupos del gobierno del Botànic hayan llegado a un acuerdo con el PP para incluir que la Generalitat establecerá cuándo y cómo se pueden realizar quemas agrícolas.
Esta norma, en marcha desde 2018, ha salido adelante en el pleno de este jueves con los votos a favor de los socios de gobierno (PSPV-Compromís-Unides Podem), la abstención de Ciudadanos y el rechazo de PP y Vox.
En concreto, la enmienda Botànic-PP recoge que la Conselleria de Agricultura regulará los criterios y las circunstancias fitosanitarias, de accesibilidad y de manejo de las parcelas para evitar la propagación de plagas o prevención de incendios forestales, que se aplicarán o concretarán en los planes de quemas agrícolas u otros instrumentos.
En otra enmienda transaccional, los socios y Cs han pactado artículos para mejorar el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos al final de su vida útil, residuos sólidos en el medio marino y residuos textiles.
Durante el debate de este miércoles, los grupos del Botànic defendieron que es una ley municipalista y que aporta seguridad jurídica al hilo de la estatal de residuos aprobada en abril, con el objetivo de dejar atrás la anterior normativa autonómica "obsoleta" después de más de 20 años.
Entre la oposición, el PP tildó la ley de "engendró" y criticó las prisas del Botànic por impulsarla como proposición de ley "sin los controles jurídicos correspondientes", además de advertir que los ayuntamientos asumirán una gran carga de responsabilidad.
Cs aseguró que con sus enmiendas se ha mejorado esta "chapuza legislativa", que a su juicio entra en conflicto con la normativa estatal y europea, y Vox tachó de "castaña" la ley por servir para crear "nuevas agencias para la colocación" de altos cargos.
En general, la Ley de Economía Circular incluye medidas de prevención de residuos como la implantación de sistemas de recogida puerta a puerta y de devolución y retorno en comercios para botellas de plástico de bebidas con una capacidad inferior a tres litros.
También prevé la creación de una agencia valenciana de residuos para desarrollar campañas y hacer seguimiento del cumplimiento por parte de los ayuntamientos, junto a los objetivos de combatir el desperdicio alimentario, respetar el "derecho humano al agua" en el sector de la hostelería e impulsar la compra pública responsable en las administraciones.
Se contempla así que las instituciones públicas fomenten la creación de un tejido comercial de venta de productos de segunda mano, reutilizados o reparados, además de zonas en los ecoparques donde ofrecer el acceso a materiales reutilizables.
El texto plasma reivindicaciones de colectivos como Aliança Zero (Ecologistes en Acció, Amigues de la Terra, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider España) o Acció Ecologista Agró, cuyos representantes asistieron al pleno de este miércoles.
