A la mierda el consenso

El Partido Popular y Vox presentaron el jueves en Les Corts cinco proposiciones legislativas con las que, ocho meses después de entrar a gobernar en la Generalitat, marcan un importante cambio de rumbo respecto a la trayectoria del Consell de Ximo Puig, del que ya se desmarcaron con el viraje fiscal puesto en marcha poco después de llegar al Palau. 

Es algo lógico, tratándose de partidos de ideología opuesta. Lo escenificaron los portavoces con una presentación de todos los proyectos juntos para que el movimiento no pasara inadvertido, lo que dejó en segundo plano dos acontecimientos de ese día: la cumbre del agua de Mazón y López Miras en Murcia y el primer día del juicio a Eduardo Zaplana y cía.

Más allá de las valoraciones que a cada uno le merezcan las cinco proposiciones –ley de Libertad Educativa que sustituye a la de Plurilingüismo, ley de Concordia que sustituye a la de Memoria Democrática, ley de À Punt que sustituye a la actual, y modificaciones de las leyes de Transparencia e Incompatibilidades y la de la Agencia Antifraude–, algunos detalles formales suponen una decepción más para quienes creemos que la salud democrática se mide también por los detalles.

No me refiero tanto a la irrespirable atmósfera de crispación en la que está envuelta la política española, de la que tuvimos otro bochornoso ejemplo el otro día en el Congreso, como a las consecuencias que la polarización está teniendo en los usos y costumbres democráticos. Estamos a cinco minutos de que la violencia verbal derive en violencia física, como hemos visto por televisión en otros países que nos parecían democracias menos fuertes. 

El clima bélico hace imposible el diálogo, solo se busca la victoria y la humillación del contrario a base de argumentarios tramposos repetidos machaconamente por los políticos de uno y otro lado acompañados de sus respectivos coros mediáticos cada vez más implicados en la batalla. En este contexto en el que algunos no permiten las medias tintas –si no estás conmigo, estás contra mí– la violencia verbal, antesala de la física, ya es una constante en forma de insultos, críticas ad hominem, señalamientos familiares y ataques a los medios de comunicación no siempre tan explícitos como los de M.A.R.

Pero, sobre todo, estamos dando pasos hacia un Estado de Derecho empobrecido en el que el gobernante de turno debilita los controles y contrapesos sin caer en la cuenta de que quien venga detrás no los fortalecerá sino que se aprovechará de ello.

Los grandes partidos han renunciado a cualquier posibilidad de consenso. Atrincherados en su intransigencia, hacen imposible cualquier pacto, hasta los que están obligados a alcanzar. Ante ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido hacer dejación de funciones. Como no ve claros los apoyos, no presenta proyecto de Presupuestos, que es una obligación constitucional del Ejecutivo. Como no ve posible el consenso, no presenta una propuesta de reforma de la financiación autonómica después de casi seis años en el poder.

Y luego están los bloqueos. El del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial es muy grave, y que Sánchez y Feijóo hayan acabado llamando a un mediador internacional para resolverlo nos acerca a la imagen de una república bananera incapaz de gobernarse a sí misma.

El debilitamiento del Estado de Derecho se manifiesta también con maniobras que pueden ser legales pero tienen una clara intención de evitar controles. La colocación de exministros al frente de organismos de control; el abuso del decreto-ley por parte del Gobierno, que acumula unas cuantas resoluciones en contra del Tribunal Constitucional; el cada vez más frecuente empleo de las proposiciones de ley –las que presentan los partidos, no el Gobierno–, que evitan que el Consejo de Estado se pronuncie sobre leyes tan importantes como la de Amnistía; o la rebaja de penas, a través de una simple enmienda, nada menos que del delito de malversación para los políticos, en beneficio de los corruptos presentes, pasados y futuros.

Es llamativo que el PP y Vox, que forman un gobierno de coalición en el Gobierno que preside Carlos Mazón, hayan decidido presentar cinco iniciativas legislativas conjuntas a través de sus grupos parlamentarios en lugar de aprobarlas en Pleno del Consell. Con ello, evitan la exposición pública y los informes preceptivos, entre ellos el del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que en el pasado se ha demostrado muy útil para mejorar textos legales -incluso en cuestiones gramaticales- alumbrados por diferentes gobiernos. 

Del contenido de los proyectos legislativos resulta alarmante la solución dada a la situación de bloqueo de la renovación de algunos órganos estatutarios de la Generalitat: como no hay consenso, cambiamos la ley para que nunca más sea necesario el consenso.

Es lo que ha pasado con el Consell de Transparencia y la dirección de la Agencia Valenciana Antifraude, donde se exige una mayoría de tres quintos de la Cámara –PP y Vox no la alcanzan– para nombrar "representantes de Les Corts", y con esta reforma legal se abre la puerta a que sean designados por mayoría absoluta. Lo mismo ocurrirá con el consejo de administración de la nueva sociedad que gestionará À Punt.

Dirán en el PP que la culpa es del PSPV y Compromís, que se niegan a pactar con Vox –antes de las elecciones fue el PP el que no quiso pactar–, pero la solución no es de recibo. Los populares no la admitirían si Sánchez hiciese lo mismo en el Congreso para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Es un parche cortoplacista del que se acordarán si un día vuelve gobernar la izquierda. Hay fórmulas de sobra para llegar a acuerdos, incluso con vetos, pero lo primero sería que los partidos tuviesen voluntad de nombrar a representantes de consenso y no a "uno de los nuestros" cuanto más radical mejor.