Carlos Mazón, en la manifestación por el trasvase Tajo-Segura de este martes. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. La hoja de ruta del Partido Popular para estos meses previos a las elecciones autonómicas deja poco espacio a la imaginación: fiscalidad -rebaja de impuestos- como gran propuesta programática; la reclamación del agua del Tajo -ataque directo al Gobierno de España- y foco fijo en los tribunales para erosionar a los referentes del Consell del Botànic. Tres 'gotas chinas' -antiguo método de tortura- aplicadas por la formación de la gaviota con el objetivo de socavar la ventaja de cinco escaños que ostentan PSPV, Compromís y Unides Podem en Les Corts y que, en las últimas semanas, están encontrando una coyuntura favorable.
De hecho, este miércoles la síndica del PP, Maria José Catalá, anunció que su partido estudia solicitar su entrada como acusación particular en el caso que investiga la actuación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra con la menor tutelada que fue abusada por su exmarido. "Es algo que está sobre la mesa que el PP se persone en la causa", apuntó Catalá, quien explicó que empezaron a valorar esa opción con la declaración como investigados de más de una decena de personas de ese departamento y que lo van a retomar ahora que han acabado y que el TSJCV debe decidir si, como ha pedido el juez instructor, cita a Oltra como investigada.
"No va ser un paso efectista ni para hacer política sino para hacer justicia", afirmó Catalá, quien postergó la decisión final a la cúpula del partido. En la causa están actualmente personadas la defensa de la menor, que ejerce el líder del partido ultra España 2000, el partido de extrema derecha Vox y una asociación, Gobierna-te, del mismo espectro.
Catalá anunció que, en cualquier caso, aportarán a la causa dos instrucciones que estaban vigentes en la conselleria en el momento que se denunciaron los hechos (en 2017), a la que ella ya hizo referencia en la tribuna de Les Corts en enero y que establecía la obligación de informar a la Dirección Territorial correspondiente para que "de forma inmediata" se hiciera lo mismo con la Dirección General del Menor.
En cambio, desde el Botànic creen que la elección de ese tridente lo que muestra es falta de repertorio. “Reciclan temas porque no tienen nada más que decir“, apuntó este miércoles el diputado de Compromís Carles Esteve tras ese anuncio del PP que dijo que está “más que contestado por Oltra” y que en su opinión demuestra que Catalá “no tiene nada más que decir”.
“¿Por qué se ha esperado a mayo para decir que se está pensando en personarse cuando ya sacó esa documentación en la Diputación Permanente del 18 de enero?”, le preguntó el diputado, que afirmó que la vicepresidenta le explicó que ninguna de esas instrucciones habla de abusos sexuales.
Pero puede que no sea el último movimiento en los tribunales de un PP que ya es parte de la causa que estudia las ayudas de la Generalitat a las empresas del hermano del presidente, Ximo Puig. Los populares vincularon el nombramiento de Rebeca Torró como consellera a un movimiento para que esté aforada por si se le imputara en las irregularidades en la compra de material sanitario de la Generalitat durante la pandemia. "Ha sido una protección a la carrera", afirmó el diputado Rubén Ibáñez antes de que Catalá dejara abierta la puerta de los juzgados sin concretar el modo en el que harían. "No es descartable que sea otro de los frentes", deslizó, para sorpresa de las fuerzas del Botànic.
En esta línea, lo que resulta evidente es que el PPCV va a mantener en los próximos meses la presión sobre las cuestiones judiciales pendientes. Sobre esto, la petición del instructor para que el TSJCV cite a Oltra como investigada y la inminente declaración como acusado de Francis Puig han dado aire a esa estrategia de desgaste. Bien es cierto, que los populares también siguen teniendo problemas en los juzgados -caso Taula, Erial o Azud, si bien en este último también el PSPV está salpicado-, pero confían en que la personalización de los procesos vigentes en referentes del Botànic (la situación de Oltra y la del hermano del presidente Puig), impliquen un mayor desgaste frente a los casos más antiguos en los que todavía se encuentran señalados.
Por otro lado, y casi al mismo tiempo que Catalá avanzaba esas cuestiones judiciales, el presidente de los populares, Mazón, prosigue su tournée -que por cierto coincide con la campaña de la declaración de la renta- por diferentes municipios explicando su propuesta de reforma fiscal, basada en una bajada general de impuestos. Este miércoles, en Manises, insistía en esta cuestión: "Desde el PPCV vamos a seguir explicando a los ciudadanos que la Generalitat se niega a bajar impuestos, a eliminar sucesiones y donaciones y también ocurre con impuestos municipales como la plusvalía mortis causa. No hay derecho a que los ciudadanos estén sufriendo de esta manera y cuando cuando gobernemos esta situación gracias a la reforma fiscal que pondremos en marcha", sentenció.
Un discurso en el que el líder de los populares valencianos -también lo ha empezado a utilizar Alberto Núñez Feijóo- tiene planeado insistir al considerar que cala especialmente en estos momentos donde se atraviesa una crisis económica y energética que ha disparado la inflación y, por consiguiente, el malestar en la ciudadanía.
El tercer eje que el PPCV y, especialmente, su líder y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que está utilizando en su tarea de oposición es el agua. Una herramienta política ya conocida por populares y socialistas que vuelve a situarse en primer plano tras la nueva amenaza hacia el trasvase Tajo-Segura, sobre el que el Gobierno de España aplicó en julio del año pasado unos nuevos umbrales para la transferencia de agua que fueron objeto de protesta por parte de los agricultores alicantinos. Ahora, el Consejo de Ministros tiene sobre la mesa aprobar la elevación del caudal ecológico en la cabecera, lo que ha puesto en una situación delicada al Botànic y ha permitido al PPCV lanzarse sin complejos detrás de la pancarta.
Así, un millar de asistentes se lanzaban este martes a la calle en Alicante para protestar el inminente recorte de caudales del trasvase, derivado del nuevo plan de cuenca del Tajo. Al margen de regantes y empresarios, todos los partidos políticos estaban representados en la protesta, pero indudablemente el PPCV de Mazón está gozando de una ventaja importante en esta cuestión: tanto el Gobierno de España como el de Castilla-La Mancha, están en manos socialistas, por lo que la coyuntura para ser fuertemente reivindicativo en esta cuestión es perfecta para el aspirante a presidir la Generalitat.
Ante este escenario, el PPCV planea continuar insistiendo con estas tres 'gotas chinas' con el objetivo de hacerle un agujero al Botànic. Además de las circunstancias favorables que se están produciendo para este discurso, hay que añadir que la entrada de Núñez Feijóo como líder ha propiciado, al menos así lo marcan distintos sondeos, una recuperación aparente e inmediata de la marca nacional del PP que está haciendo soñar ya a Mazón y su entorno con presidir la Generalitat en 2023. Es más, ven la próxima cita electoral en Andalucía como otra piedra más en la construcción de la tendencia ganadora que les lleve a desalojar al Botànic el año que viene.
Pero en los partidos que apoyan al Consell creen que pueden aguantar esos envites. El de los impuestos es un debate en el que se mueven cómodos al contrarrestar con la inversión en servicios públicos y con la progresividad… y en el que además si se ven apurados y cuentan con el DOGV para marcarse algún tanto. En cuanto al agua, están convencidos que esta vez no les ha pillado a contrapie y que la firmeza en las declaraciones de defensa del trasvase o la presencia de miembros del gobierno en la manifestación, incluida la consellera Mireia Mollà, así lo demuestra.
