ELCHE. En 2006 la sociedad Fórum Filatélico y Afinsa fueron intervenidas judicialmente por estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal. Miles de personas de todo el país habían sido estafadas, perdiendo ahorros por valor de más de 6.000 millones de euros. Una onda expansiva que también llegó a Elche, con 8000 familias afectadas y unos 100 millones de euros estafados. Tras la condena de julio de este año a los responsables, los afectados esperan poder recuperar sus ahorros, pidiendo ahora amparo en el Comité de Peticiones de la Unión Europea, tras elaborar un dossier del caso junto a Compromís.
El abogado Jesús Soto, uno de los portavoces de la plataforma de afectados a a nivel nacional, explica que han registrado una petición de amparo ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para pedir que el Estado (español) se responsabilice de los errores cometidos por sus instituciones, ya que recomendaban la inversión en estas sociedades que estafaban de forma piramidal, "devolviendo los ahorros a estas familias y resarciéndolas de los daños y perjuicios que las instituciones del Estado les han causado".
Soto, rodeado de afectados ilicitanos y acompañado por una representante de Compromís, Tamara Martínez, con quien se han apoyado, señaló que "si estas empresas eran 'financieras', como sostiene la Audiencia Nacional, entonces, han errado todas las instituciones del Estado durante más de 25 años, pues decían que eran no financieras, distorsionando así el comportamiento económico de los consumidores”. En ese sentido, entendió que el Parlamento Europeo debería darles la razón e impartir justicia, "puesto que al no ser consideradas empresas financieras, según Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, las instituciones del Estado han contribuido a la ruina de más de 400.000 consumidores, al intervenirlas en contra de la ley, lo cual llevó a las empresas a la insolvencia". A su juicio, esto hace a que la Administración de Justicia "sea responsable de esta situación”.
Defienden desde la plataforma que el Estado se contradijo con este caso, por lo que debería cumplir con la ley en el marco de la defensa de los consumidores, "pues el real decreto de Europa dice que uno de los derechos básicos de los consumidores es la protección de sus legítimos intereses económicos", así como la indemnización de los perjuicios sufridos y la reparación mediante procesos eficaces. Europa también indica que los poderes públicos deben asegurar que se disponga información precisa a los consumidores, por lo que es uno de los preceptos a los que se agarran, al considerar que el Estado no cumplió con ellos: "no garantizaron la defensa ni los legítimos intereses económicos de los consumidores, ni antes ni después de la intervención". Opinan que se incitó a la gente a que invirtiesen en estas sociedades.
Entre Fórum y Afinsa, la estafa fue de unos 6.200 millones; se ha conseguido que mediante administración concursal que Fórum pague un 20,5% y un 15% Afinsa. Ahora, una vez entregado este dossier al Parlamento, dictaminarán si lo admiten a trámite. En el caso de que no lo hagan, la plataforma presentará más documentación, hasta lograr que lo admitan y los estafados puedan ser resarcidos y compensados.