Sector MR-10 en La Marina / Fotos: PEPE OLIVARESELCHE. La desclasificación de suelo que ha traído el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) todavía sigue trayendo cola. Tanta que de hecho se han presentado más de 4.500 alegaciones —particulares, asociaciones, empresas y cinco ayuntamientos inclusive—, entre ellas, la de los vecinos de La Marina, que han estado clamando junto a la oposición por este plan ya que consideran que constriñe las posibilidades de crecimiento de la pedanía. La pasada semana organizaron una mesa con abogados urbanistas y con el Colegio de Economistas de Alicante, cuyo decano Francisco Menargues mostró datos de estudios realizados por el colegio. En ellos señalan que esta desclasificación se puede traducir en la pérdida de 200 millones de euros de inversiones.
Un quebradero de cabeza tanto para los afectados, como para la Generalitat, que tendrá que lidiar con la amenaza de millonarias indemnizaciones, como del colectivo ecologista, que piensa a la normativa le queda por concretar más. Ese es el quid de la cuestión, que el Pativel se ha quedado a medio gas en algunos sentidos. Para Antonio Prieto, profesor de Geografía de la Universidad de Alicante (UA) y director técnico y socio de Cota Ambiental, "el Pativel es bueno, pero hay pifias puntuales en muchos sitios por culpa de la tramitación". Una de esas pifias es el plan no ha planificado cómo gestionar parcelas protegibles que son privadas.
Acto en el Centro de CongresosSe da la paradoja de que al desclasificarlas urbanísticamente, alerta de que pueden caer en el olvido ya que para el propietario ya no tendrá interés al no poder hacer con ella lo que tenía pensado. Asimismo, también puso de relieve que los futuros corredores funcionales —verdes— lo serán en la teoría, pero no en la práctica, ya que quedan ubicados "en la nada" y en partes del territorio queda descontextualizado y no acaba de conectar las zonas verdes para los animales autóctonos. Otra de las problemáticas del plan, y de ahí muchas de las alegaciones, es que hay soluciones diferentes para casos idénticos. Ejemplos concretos de cómo tras quince años de pago del IBI urbano de un suelo urbanizable, ahora con la desclasificación el propietario en cuestión no puede hacer nada.
Son algunos de los ejemplos que se pusieron de relieve que se han encontrado por todo el territorio valenciano. Sin embargo, para Agrupación de Interés Urbanísitico (AIU) Vila de la Marina, la peor parte está en el dinero que se quedará en el aire si no prospera su contencioso en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Estiman que se perderá una inversión de 200 millones de euros en materia de las 1700 viviendas que había planeadas construir y vender —el Ayuntamiento presentó una alegación intentando un término medio, pero no lo consiguió—, de servicios y del hotel que había planeado edificar.
A ese respecto, el estudio presentado por Menargues establece las potencialidades de las urbanizaciones en los tres sectores afectados en La Marina, el MR-5 (73.100 metros cuadrados), MR-7 (112.000 metros) y MR-10 (460.000 metros), el más grande. En total, 645.850 metros cuadrados. Calculando la urbanización, construcción, la venta media de las viviendas y el consumo de los trabajadores del sector, estiman que habría un impacto temporal de 399 millones de euros, correspondiendo al MR-10 265 millones; el 66%. En lo referente al impacto de la explotación del hotel, calculando con las cifras de uno de 300 habitaciones, los ingresos brutos anuales ascenderían a 5,2 millones. En global, el impacto medio de la venta de las viviendas sería de una cantidad aproximada de 220 millones y el impacto económico de la urbanización y la construcción de viviendas y el complejo hotelero sería de 94 millones.
Para solucionar este desaguisado, el abogado urbanista Francisco Millán plantea varias alternativas que saquen del atolladero a todas las partes. De la más "satisfactoria" a la más compleja de llevar a término, la primera pasa por acogerse al artículo 4 de la normativa, impulsando una modificación consensuada y puntual al entender que hay una situación que desaconseja el estado legislativo. La segunda por la adopción de nuevas actuaciones y revisión de algunos puntos por cuestiones socioeconómicas —una especie de 'causa mayor'—, algo que según Millán estaría justificado para el AIU de La Marina "sin comprometer el interés general, el medio ambiente" ya que no pueden disponer de los terrenos que tenían antes de la entrada del Pativel.
La última de las soluciones sería una disposición transitoria para ampliar supuestos de afectados, apelando a que hay personas propietarias que intentaron urbanizar sus terrenos antes de la entrada en vigencia del Pativel, pero no pudieron hacerlo por cuestiones de la administración —un supuesto en el que entraría parte del sector MR-10, que intentan urbanizar desde 2010—. Aquí entrarían las permutas como última solución, ofreciendo a los afectados parcelas de suelo edificables. Sin embargo, como aportó la abogada de la Asociación de Afectados por el Pativel Isabel Moya, no es una solución fácil ya que los terrenos equivalentes pueden no estar en La Marina, y a muchos de los propietarios no tienen por qué satisfacerles determinadas parcelas en el casco urbano de Elche, por ejemplo.
Por su parte, desde la Asociación de Vecinos Pinomar entienden que se puede permitir la edificabilidad a partir de los 250 metros de la pinada, entendiendo que no afecta al medio ambiente y que las viviendas estarían lejos de la playa. Denuncian que cada vez tienen más despoblación ante la falta de oportunidades de la pedanía, que vive sobre todo del turismo en verano. También denuncian la falta de diálogo del Consell y que con ayuntamientos como el de Guardamar, "como son de la cuerda, sí se ha cedido para la edificabilidad. En cualquier caso, hay multitud de casos. Incluso dentro del AIU, hay integrantes que por herencia han quedado con terrenos y que defienden el Pativel al considerar que el proyecto de 1700 viviendas supone volver "al modelo de urbanismo depredador".
Sea como fuere, todos convienen en que el Pativel, sea este u otro, es necesario para proteger el interés general, esto es, el medio ambiente. Y que el actual tiene serias carencias por falta de planificación sobre todo en lo referente a la distinta resolución de casos similares, y que algunas protecciones presentarán problemas al estar en terrenos privados que pueden acarrear su deterioro. Habrá que esperar a los tribunales para ver cómo acaba el embrollo y si hay solución satisfactoria para todas las partes. A día de hoy parece difícil.
