La consellera de Educación, Raquel Tamarit y la de Función Pública, Gabriela Bravo. Foto: GVAVALÈNCIA. Fumata blanca. La Conselleria de Educación que dirige Raquel Tamarit y la de Justicia que lidera Gabriela Bravo han logrado cerrar un acuerdo sobre el grado de conocimiento del valenciano que deberá acreditarse para acceder a un puesto en la Administración valenciana que parecía imposible alcanzar. Las diferencias entre PSPV y Compromís sobre si el idioma debía ser un requisito o un mérito para acceder a la Función Pública valenciana dilataron la aprobación de la ley durante cinco años, mientras el reglamento que debía desarrollarla ha tardado casi dos en ver la luz, el doble de lo que marcaba la normativa.
Sin embargo, el pacto ha sido posible finalmente antes de que la legislatura haya llegado a su fin, y tanto Bravo como Tamarit desgranaron este lunes los detalles de los decretos que regularán el requisito lingüístico a partir de ahora. Un acuerdo que deja fuera a los sanitarios, para los que el conocimiento de la lengua cooficial será un mérito para acceder al empleo público, pero también a los docentes, que tienen su propia regulación.
Los grados de capacitación consensuados para acceder a la Función Pública se empezarán a aplicar a partir de la Oferta Pública de Empleo de 2025. Desde ese momento, la Generalitat exigirá un nivel de conocimiento de valenciano C1 -el antiguo Grau Mitjà- para todo aquel que desee acceder mediante un proceso selectivo a los grupos más altos de la Administración, A1 y A2; es decir, los altos funcionarios con estudios universitarios. Aquellos que deseen optar al grupo B o C1, será suficiente con que acrediten un conocimiento del idioma B2; y los que se presenten a una oposición de C2, deberán probar que tienen un nivel de valenciano B1.
Los aspirantes, según señaló Tamarit, no deberán superar ningún examen concreto de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. En su lugar, será la propia Conselleria de Educación la que acredite el nivel que tiene cada aspirante. ¿Cómo? A través del expediente académico que tenga cada uno, la homologación será automática.
Así, si los aspirantes han superado la asignatura de valenciano con una nota igual o superior a 7 en los dos cursos de Bachillerato, se les certificará un nivel de valenciano C1. Si hubieran aprobado la asignatura pero no llegasen a esta nota, se les homologaría un B2, y si hubieran aprobado valenciano en la ESO pero no hubieran cursado Bachillerato, su certificación sería como máximo de un B1, el antiguo Grado Elemental, en la lengua cooficial.
La homologación automática, según subrayó la consellera de Educación, será a partir del curso 2021/2022. Además, si el aspirante quisiera presentarse a una oposición de A1 o A2 y no hubiera sacado la nota suficiente en valenciano durante su paso por Bachillerato para obtener automáticamente el C1, el decreto prevé que que se puedan, entonces sí, articular exámenes extra para mejorar la nota.
Para los cursos anteriores al actual, los alumnos de Bachillerato que hayan cursado valenciano podrán llegar a acreditar un conocimiento de valenciano nivel B2, y los de la ESO, el B1. De hecho, estos serán los niveles que se exijan desde el momento actual hasta 2025, puesto que la norma prevé un periodo transitorio hasta la entrada en vigor del requisito.
En estos casos, con el B2 podrán optar a acceder a los grupos y subgrupos de la Administración A1, A2, B y C1. Mientras que los que tengan un nivel de valenciano Elemental, tan solo podrán acceder a la escala C2 de la Generalitat.
De hecho, este es uno de los motivos por los que se han desplegado dos normativas: una para el periodo transitorio desde la actualidad hasta 2025, y otra para más allá de ese año. No en vano, quienes dispongan de alguna de las titulaciones B2 y B1 sí que necesitarán una acreditación extra para acceder al cuerpo funcionarial deseado, como también lo necesitarán aquellos alumnos de zonas de exención lingüística, que sí que tendrán que presentarse a una prueba de nivel que acredite que sus conocimientos de valenciano son unos u otros. No obstante, Tamarit aseguró que la exención del valenciano es muy residual en la Comunitat: en Primaria es del 0,2%, en la ESO entre un 1,1 y un 3,2% y en Bachillerato del 8,4%.
Los decretos que despliegan este requisito entrarán en vigor a partir de 2023 y no afectarán a categorías profesionales como docentes -ya tienen su normativa- o sanitarios, a los que el valenciano tan solo se les seguirá pidiendo como mérito. Tampoco será exigible para los funcionarios de carrera que ya tienen plaza en la Generalitat, pues según detallaron Bravo y Tamarit, las normas no tienen efectos retroactivos para ellos aunque, según las conselleras, el 85% tengan conocimientos de valenciano. A quienes sí que se les exigirá el valenciano será a los interinos que deseen conseguir su plaza.
