CREVILLENT. Los grupos municipales de PSOE y Acord per Guanyar (Compromís, l’Esquerra y Esquerra Unida) denuncian "la opacidad y falta de transparencia del Gobierno municipal y exponen públicamente su rechazo ante la decisión de la alcaldesa de Crevillent de no contestar en los plenos a las preguntas de la oposición hasta un mes más tarde, salvo que se formulen por escrito con 3 días de antelación", según han informado en un comunicado.
“Lourdes Aznar nos comunicó al finalizar el pleno ordinario del pasado lunes que a partir de ahora se negará sistemáticamente a contestar a las preguntas que realicemos en Pleno. Es algo sin precedentes en la historia democrática de Crevillent. Estamos retrocediendo enormemente en materia de transparencia y en el derecho de información de los ciudadanos y ciudadanas”, señala la portavoz de Acord per Guanyar, Virginia Moriel Bueno.
“Cualquier queja o pregunta de la ciudadanía que hagamos llegar desde la oposición no tendrá una respuesta hasta la sesión plenaria ordinaria siguiente en lugar de recibir una contestación instantánea, como ha ocurrido hasta el momento. Esto supone una falta de transparencia del Gobierno de PP-VOX y de la propia alcaldesa Lourdes Aznar, quien mantiene en blanco su agenda institucional más de cuatro meses después de su toma de posesión”, lamenta Moriel.
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Penalva Alarcón, señala que “esta decisión supone un paso atrás en los derechos e intereses de los vecinos y vecinas de Crevillent, a quienes también representamos y que habitualmente nos trasladan sus dudas poco antes de la celebración de los plenos para que se las hagamos llegar al equipo de gobierno, por lo que plantear estas preguntas con 3 días de antelación en muchas ocasiones limitaría el trabajo de la oposición y del derecho de la ciudadanía a que sus problemas sean atendidos con mayor agilidad y brevedad”.
“Ahora, Aznar generará una ralentización en la normalidad democrática del Ayuntamiento y provocará una espera de un mes en la mayor de las veces de forma innecesaria. Si bien en el ROM se contempla la posibilidad de contestar en el siguiente Pleno, hasta ahora siempre se había hecho por deferencia, incluso cuando gobernaba el alcalde de su mismo partido, César Augusto Asencio”, añade Manuel Penalva.
Desde ambos grupos manifiestan que, además, el actual Gobierno municipal está incumpliendo el ROM, porque a día de hoy no han publicado en la sede electrónica ni el Portal de Transparencia del Ayuntamiento las declaraciones de bienes patrimoniales de los concejales y concejalas, algo obligatorio y contemplado en el Artículo 18.
Asimismo, reclaman que Aznar publique su agenda a través de la página web municipal para que los crevillentinos y crevillentinas puedan consultar su actividad diaria como máxima autoridad de la administración pública, las personas con las que se reúne, y con qué finalidad, tal y como hacía el anterior alcalde del Govern del Canvi. Una práctica alineada a la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de gran relevancia para hacer efectiva esta transparencia, puesto que una parte relevante son las relaciones que se entablan con los diferentes actores y agentes de la sociedad, como asociaciones, sindicatos, empresas y ciudadanos con los que se interactúa, con diferentes impactos.
“Como responsable política que es y para favorecer la transparencia, pedimos a Lourdes Aznar que haga pública su agenda institucional, porque la ciudadanía tiene derecho a saber a qué se dedica y con quién se reune la alcaldesa. Las agendas de los responsables públicos son información pública y como tal una herramienta de prevención y lucha contra la corrupción porque permiten un mayor y mejor seguimiento de la actividad pública”, afirman los portavoces.
Como puntúan, al principio de la legislatura se solicitó desde la oposición que se actualizara el Portal de Transparencia donde entre otros se recogen datos como el currículum de los concejales, las declaraciones de bienes, la agenda de la alcaldesa o el importe que se cobra de la administración local, una actuación que hasta el momento no se ha acabado de ejecutar.
