El exconcejal de Atención Urbana de Alicante, Andrés Llorens, a su llegada a la Audiencia, durante la celebración del juicio. Foto: EFE/MORELLALICANTE. La sentencia sobre el llamado caso Isjoma dictada por la Audiencia de Alicante sobre las presuntas anomalías en la adjudicación de los contratos de montaje de infraestructuras festivas y culturales de Alicante de 2003 y 2009, con un fallo absolutorio para el conjunto de los procesados, puede acabar deparando un nuevo escenario por lo que respecta a la segunda causa relacionada con la prestación de ese mismo servicio. Se trata de otra investigación paralela, también impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, que alude igualmente a una supuesta concatenación irregular de encargos por importes menores a la misma compañía, Isjoma, al margen del contrato marco, que se habrían desplegado entre los años 2009 y 2015.
Las diligencias sobre esos hechos siguen en fase de instrucción en el Juzgado número 7 prácticamente con los mismos protagonistas que la primera causa. Así, figuran como investigados el legal representante de Isjoma, un técnico municipal del área de Atención Urbana, ya jubilado, y el exconcejal responsable de ese departamento, Andrés Llorens, ahora apartado de la política. En la causa también figuró el técnico que ejerció como jefe de servicio de esa concejalía, ya fallecido.
La investigación se desgajó respecto a la primera causa al tratarse de hechos nuevos, registrados con posterioridad, pese a que, según la versión de la Fiscalía, se tradujesen en un mismo modus operandi: un supuesto fraccionamiento de contratos respecto a trabajos posteriores que no estaban contemplados de manera específica en la licitación de 2009. Es decir, la segunda que se adjudicó a Isjoma tras el primer concurso de 2003, al ser la suya la propuesta mejor valorada por los informes técnicos, y sin que se sustanciase ninguna adulteración del concurso.
Así lo concreta la sentencia de la Audiencia respecto a la primera causa, al sostener que "en ningún caso ha probado la parte acusadora que el informe de valoración tuviera como único objeto el de dar cobertura a la decisión previamente concertada por los acusados de adjudicar a Isjoma". Y añade que "tampoco que la subjetividad e injusticia del informe de valoración fuera tan palmaria que requiriera de los integrantes de la mesa de contratación la solicitud de otros informes técnicos más allá del previsto en la cláusula 11.2 de las administrativas particulares genéricas (es decir, el de los servicios técnicos competentes del órgano gestor interesado en la celebración del contrato)".
Por lo pronto, al menos parte de las defensas de los investigados en esa segunda causa sobre la prestación del servicio entre 2009 y 2015 pretenden hacer valer las conclusiones de ese primer fallo -todavía sujeto a posibles recursos de casación ante el Tribunal Supremo (TS)- con el fin de plantear el sobreseimiento de las diligencias. Fuentes consultadas precisaron que, para ello, se tendría en cuenta que la Audiencia ya ha considerado demostrado que entre las condiciones de los concursos de 2003 y de 2009 ya se planteaba la posibilidad de que se formulasen otras contrataciones para montar estructuras, escenarios o proporcionar sillas al margen de las detalladas específicamente en el pliego, con el fin de dar cobertura a las múltiples necesidades que pudiesen plantearse en la ciudad. Todo, sin que constase que nadie hubiese impugnado esas bases en su momento.
Además, el tribunal también recalca que los trabajos ejecutados eran supervisados y comprobados por los técnicos municipales, lo que garantizaba su ejecución y la obligación de pago. Y todo sin que, en ningún momento se hubiese planteado ningún reparo ni observación por parte de los órganos de fiscalización municipal.
