El contrato programa de À Punt relajaría las exigencias de programación y audiencia actuales

VALÈNCIA. El que sería el segundo contrato programa de la vida de À Punt, si bien aún es un borrador y lleva más de año y medio de retraso y sin una aprobación inminente, le pondría las cosas mucho más fáciles a la dirección actual de la radiotelevisión pública valenciana. Al menos eso se deduce del documento al que ha tenido acceso este diario y que, entre otras cosas, prevé un presupuesto mínimo de 71 millones de euros.

En el caso de la audiencia, por ejemplo, hay un cambio sustancial. Si bien se comprometen a llegar al 4% de share, como mínimo, en 2023, “creciendo un 15% anual” —un ritmo que actualmente no alcanza la televisión—, el documento dice explícitamente que “las televisiones autonómicas se tenían como referencia, pero no pueden servir como único estándar comparativo a causa de la heterogeneidad de las circunstancias que rodean cada una y que se traduce en un marco poco equitativo”. Posteriormente, el documento señala la ‘ventaja’ de tener dos canales, para que uno pueda centrarse en un carácter más comercial y el segundo sea el que se haga cargo del servicio público para ciertas minorías. En la opinión de la redacción del contrato programa, que À Punt tenga que llenar la parrilla con los dos tipos de programación lastra su audiencia. También ponen el acento en que, en el caso de la televisión valenciana, la realidad lingüística lastra su implantación en territorios castellanohablantes, y eso repercute en su share.

Por eso, “como objetivo final, À Punt buscará situarse en la media de las audiencias de las cadenas autonómicas con la ponderación de sus respectivos presupuestos por habitante y la audiencias del servicio público de cada ámbito territorial”. Una notable bajada de la ambición del contrato programa, provocada por la imposibilidad de hacer crecer exponencialmente la audiencia, como se esperaba.

La ficción gana terreno

En cuanto a la tabla de las horas específicas a las que se comprometen, se ha simplificado significativamente para ser más flexible, fusionando categorías, como ya pasaría con el primer borrador, del que también se hizo eco este diario. El caso más claro es el del contenido infantil: si bien en varias ocasiones del documento se comprometen a atender ese tipo de programación, ahora desaparece en la tabla qué peso debe tener en la parrilla, por lo que la televisión podrá desprenderse de franjas que le son poco efectivas con los datos de audiencia actuales.

Por otra parte, si bien en el primer contrato programa, “el entretenimiento y la cultura” y “la divulgación” estaban en apartados diferentes dentro de la misma tabla de horas mínimas, esta vez los juntan en el mismo, sin modificar esencialmente el peso de estos en la parrilla. ¿Qué significa esto? Pues que no haya necesidad de respetar los pesos exigidos actualmente de cultura y divulgación, al estar junto a entretenimiento. La programación "cultural, divulgativa, entretenimiento y musical" deberá suponer el 65% de la parrilla en la televisión y un 53% en la radio, pero, ¿qué se considera divulgación y cultura? ¿Si hubiera un porcentaje mínimo o directamente no hubiera programación divulgativa se estaría incumpliendo el contrato programa?

La ficción y los documentales, por otra parte, tendrán que suponer el 23% de las horas de parrilla, aunque no especifica cuántas de ellas han de ser estrenos o reposiciones. Sí se mantiene el "mínimo del 35% del tiempo de emisión anual que se dedicará a la difusión de obras audiovisuales y cinematográficas de productoras valencianas independientes y de producción original en valenciano”. El cambio de peso de esta categoría es muy significativa (del 5% al 23%), pero incluyendo ahora documentales. El peso de L’Alqueria Blanca en su programación resuelve parte de esa exigencia.

¿Qué se está aplicando, de facto, en À Punt?

Desde 2020, el contrato programa anterior caducó, pero no hay un nuevo marco por el que regirse aprobado formalmente. Entonces, ¿a qué se rigen los diseños de programación de una manera que se pueda fiscalizar? “Aún sin contrato programa vigente, la CVMC y la SAMC disponen de otros textos legales que marcan las coordenadas en la toma de decisiones. Tanto la Ley 6/2016 como el Mandato marco a la CVMC determinan las líneas principales en la que se basa el sistema público audiovisual valenciano, como la calidad informativa, el pluralismo, la igualdad entre hombres y mujeres,  la promoción de la lengua y la cultura valencianas etc. Por otra parte, la Ley de Presupuestos de 2022 recoge la dotación presupuestaria de la CVMC para este ejercicio”, explican desde la radiotelevisión. 

“En cualquier caso, desde 2020 cumplimos  con creces los parámetros concretos que contenía el primer contrato programa, superando los objetivos marcados en audiencia, ingresos por publicidad, emisión de horas de informativos y deportes e inversión en el sector audiovisual valenciano, entre otros. En cuanto al año en curso, nuestra gestión también cumple e incluso supera los objetivos recogidos en el borrador del nuevo contrato programa”, concluyen.