VALÈNCIA. El abogado del expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana ha solicitado ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia el arresto domiciliario del expolítico. Santiago Milans ha explicado a la sala que pide estas medidas por el delicado estado de salud que presenta Zaplana, tal y como afirma el informe forense en el que se dice que "de permanecer en prisión, existe serio riesgo para la vida de Eduardo Zaplana, ya que se encuentra en una situación de inmunodepresión debido al tratamiento que recibe, y que la prisión de Picassent no es suficienmente aséptica para su estado".
El fiscal por su parte se ha negado a la petición aduciendo que adoptar un arresto domiciliario para Zaplana “supondría un trato de favor para el reo”. Por el momento, la Audiencia no ha tomado ninguna decisión pero según las fuentes consultadas se espera el auto para esta misma semana.
El letrado de Zaplana ha acudido a la Audiencia tras presentar un recurso de apelación sobre la decisión de la magistrada instructora, Isabel Rodríguez, quien denegó el arresto domiciliario según explican a Valencia Plaza fuentes conocedoras de la decisión, porque “no hay suficientes pulseras geolocalizadoras. Están contadas, y las tienen todas en Violencia Sobre la Mujer porque es el único sitio donde están autorizadas”.
En dicha resolución, la juez también hacía referencia a que el preso iba al gimnasio de la cárcel, lo que a su juicio suponía que su estado de salud no era tan precario como el abogado quería hacer creer. Sin embargo, fuentes cercanas a la defensa explican a Valencia Plaza que el expresidente solicitó acudir al gimnasio porque es parte de su tratamiento el realizar ejercicio, que es por prescripción médica.
La operación policial realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y bautizada como operación Erial concluyó con 10 personas entre detenidas e investigadas entre las que destacan Zaplana; Vicente y José Cotino, ambos sobrinos del exconseller Juan Cotino, citado a declarar ante la UCO; el exjefe de Gabinete de Zaplana Juan Francisco García; los considerados por la UCO como testaferros principales de Zaplana, Joaquín Barceló y su mujer Felisa López, y el exsecretario de la CAM Francisco Grau.
La investigación es por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, delito fiscal y asociación ilícita. Zaplana, Barceló y Grau son los únicos que ingresaron en prisión provisional sin fianza.
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean el blanqueo de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat. La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por Juzgado de Instrucción número 8 de València y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones por las que los empresarios beneficiados podría haber pagado en torno a diez millones de euros. Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico.
Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero'.