VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat y exministro del PP Eduardo Zaplana ya está en libertad ocho meses y medio después de su detención, el pasado 22 de mayo en València. Una libertad con cargos y con limitaciones que se ha ido retrasando, supeditada al hecho de que los investigadores le hayan encontrado, a él y a sus testaferros, el dinero negro que desviaron tras presuntamente amañar dos contratos (ITV y plan eólico) cuando Zaplana estaba al frente del Consell. En el auto dictado este jueves, la jueza especifica que es la minimización del riesgo de fuga, al haber encontrado el dinero, lo que hace que se les pueda excarcelar.
Sobre el supuesto desvío de fondos públicos, fuentes judiciales explicaron a Alicante Plaza las dificultades de los investigadores para encontrar el dinero que, finalmente, estaba en dos cuentas en Suiza según el auto de la magistrada instructora. Más de seis millones de euros que previamente habrían realizado un periplo viajero por diversos países, entre ellos Uruguay y Panamá, tal y como avanzó este periódico, pero que, además, pasaron por diferentes empresas pantallas para evitar que el nombre del expresidente apareciera como titular de las cuentas, según las mismas fuentes.
Esta forma de desviar fondos no es nueva. De hecho, en el caso del extesorero del PP Luis Bárcenas, las cuentas con el dinero extraído ilícitamente de España estaban a nombre de una fundación. Y en el caso del bufete Mossack Fonseca se utilizaban empresas pantalla y testaferros ilocalizables, para eliminar los nombres de los verdaderos titulares de las cuentas.
En cuanto al dinero presuntamente desviado por Eduardo Zaplana, la magistrada especifica en su auto de libertad que "se ha dado la orden de transferencia a la cuenta de este Juzgado del dinero que en Suiza, y en dos cuentas de dicho país, tenían en concreto 6.330.000 millones de euros aproximadamente", que "presunta e indiciariamente" pertenecen en un 90% a Zaplana y el resto a sus dos testaferros.
Los dos investigados a los que hace referencia la magistrada instructora son Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, los supuestos testaferros de Zaplana que, junto con él, fueron puestos en libertad este jueves. Ambos estaban en prisión preventiva desde que fueron detenidos, uno en la cárcel valenciana de Picassent y el otro en la alicantina de Fontcalent. Para todos ellos, la jueza impuso como medida preventiva la entrega del pasaporte y la firma los lunes en el juzgado más cercano a su domicilio.
El auto de la jueza que desvelaba lo de las cuentas en Suiza fue respondido pocas horas después por Zaplana a través de un comunicado en el que asegura que nunca ha tenido cuentas bancarias "en Suiza ni en ningún otro país fuera de España" a su nombre ni al de terceros. El también exministro hizo estas manifestaciones por medio de un comunicado.
En cuanto al principal imputado del caso, el expresidente Zaplana, permanece ingresado en el Hospital La Fe, donde se le ha practicado un cambio de tratamiento después de que el que fallara el que seguía para la leucemia que padece. Fuentes cercanas a la familia explicaron que seguirá ingresado al menos durante unos días.
La puesta en libertad del expresidente ha llegado antes de que estuviera listo el último informe forense que esperaba la magistrada. Este mismo jueves, los facultativos encargados de redactarlo se enteraban de la libertad del preso mientras estaban hablando con su médico, el doctor Guillermo Sanz.
La noticia de la libertad llega mientras las partes esperan que en los próximos días se levante el secreto de sumario. Un sumario que mantiene en vilo tanto al PP como al PSOE, puesto que hay en él dos años y medio de escuchas telefónicas que tienen a más de un político sin dormir.
La magistrada María Isabel Rodríguez Guerola dedica cerca tres cuartas partes del auto de libertad a justificar por qué no había excarcelado a Zaplana hasta ahora, un hecho poco habitual en un auto de libertad que, a priori, debería solo hablar del cambio de criterio jurídico.
En relación a la petición de libertad realizada por la defensa de Zaplana, afirma que no debía estar equivocada cuando no solo el Ministerio Público sino también la Audiencia Provincial de Valencia en cuatro ocasiones ha ratificado las medidas de prisión por entender que existía un evidente riesgo de fuga.
Añade que nunca se ha impedido ningún tipo de tratamiento o cuidado y que toda persona tiene derecho a ser atendido donde se le pueda dar mejor atención. Además, puntualiza que la jueza no establece ni acuerda ni restringe el régimen de visitas, que la habitación donde se encuentre ingresado es una extensión del centro penitenciario de Picassent y, como tal, sujeto a lo establecido por dicho centro y a la legislación penitenciaria.
Aclara también, ante las acusaciones de que no permitía que fuera acompañado en el hospital por su esposa o sus hijas, que tampoco establece la jueza el listado de personas autorizadas para hacerle visitas. Y, en cuanto al tema médico, que el enfermo continúe en la enfermería de la cárcel o en el hospital La Fe es competencia exclusiva de los médicos, según recoge el auto, que también señala que Zaplana nunca ha estado en una celda.
Eduardo Zaplana fue detenido el pasado 22 de mayo a la salida de su domicilio en València. Según sospechan los investigadores, Zaplana, Barceló y Grau, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están imputados en diferente medida por delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastreaban el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.