Zaplana cumple 1 año en libertad provisional mientras avanza la investigación

VALÈNCIA (EFE). El expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana cumple la próxima semana un año en libertad provisional mientras la investigación del caso Erial, sobre las supuestas "mordidas" que cobró tras promover el proceso de privatización de las ITV valencianas, sigue avanzando.

Zaplana fue puesto en libertad sin fianza el 7 de febrero de 2019, tras pasar algo más de ocho meses en prisión preventiva en la cárcel de Picassent (Valencia), si bien desde el 18 de diciembre de 2018 permaneció ingresado en el Hospital La Fe de València -para el seguimiento de la leucemia que padece-, centro que abandonó el 11 de febrero.

Sin embargo, tuvo que entregar su pasaporte y está obligado a comparecer una vez a la semana en el juzgado de guardia más próximo a su domicilio. Desde entonces, guarda un escrupuloso silencio y apenas se ha visto de él alguna imagen esporádica.

En el caso Erial se investiga el presunto cobro de más de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) realizadas en 1997 durante la gestión de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, han logrado recuperar cerca de 7 millones de euros que habían sido transferidos a una entidad bancaria suiza y cuya propiedad, al 90 %, es de Zaplana, según las estimaciones de las fuentes judiciales consultadas. El resto se atribuye a Joaquín Barceló y Francisco Grau, considerados sus colaboradores.

Además de Zaplana, Grau y Barceló, constan como investigados el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del expresident, Mitsuko Henríquez.

También figuran la exdiputada del PP en Les Corts Valencianes Elvira Suanzes por su presunta participación en el blanqueo de fondos ilícitos obtenidos por Zaplana; y María Zaplana -hija-, y su marido, Luis Iglesias, pues la jueza mantiene sospechas sobre los pagos de un piso ubicado en València donde fue detenido Zaplana el 22 de mayo de 2018.

Así, se prevé que en cuanto la UDEF analice parte de la documentación incautada en aquellas detenciones y se reciba en el juzgado parte de las comisiones rogatorias formuladas a terceros países, la pequeña parte del sumario sobre la cual todavía se guarda secreto pueda quedar levantada.

A continuación, se podría citar de nuevo a los investigados para que presten declaración en el juzgado, retomando así una diligencia que debería haberse practicado el pasado mes de octubre pero que fue suspendida a la espera de completar el resto de pesquisas.

Por otra parte, el juzgado espera recibir en breve los informes de la Agencia Valenciana Antifraude sobre los procesos de contratación seguidos por el Consell de Zaplana en las adjudicaciones de las ITV y el conocido como Plan Eólico.

Tráfico europeo

Parte del sumario que todavía sigue secreto se centra, según las fuentes jurídicas consultadas, en el tráfico europeo de las supuestas "mordidas" cobradas por Zaplana y su entorno y su utilización para la adquisición de inmuebles o vehículos de lujo, asuntos sobre los que todavía debe informar la policía judicial.

Sin embargo, estas mismas fuentes descartan que, fruto de las pesquisas pendientes, puedan generarse nuevas imputaciones o detectarse asuntos novedosos que puedan constituirse en piezas separadas, y confían en que el caso pueda ser calificado antes de final de año.

Los fondos recuperados por la juez y el fiscal están siendo gestionados por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, a petición de este último, y generando intereses que pueden ser utilizados por el Estado para combatir la corrupción o el narcotráfico.

Todo ello sin la oposición de los principales procesados en la causa, que niegan ser los propietarios de esos fondos -entregados a la justicia española por el abogado uruguayo Fernando Belhot, testaferro confeso de Zaplana-.

Además de al expresident, su testimonio acusa directamente a Juan Cotino de haber llevado personalmente más de 640.000 euros a Luxemburgo para iniciar la trama empresarial a través de la que se canalizaron los sobornos.