Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los grupos parlamentarios PSPV, Compromís y Unides Podem aprobaron este miércoles los sextos presupuestos del Gobierno del Botànic. Unas cuentas cuya tramitación no ha sido un camino de rosas; especialmente, por la tensión y recelo que ha generado en la coalición valencianista y los morados el acercamiento de Ciudadanos a los socialistas para intentar incorporar propuestas naranjas a los Presupuestos de 2021.
Una serie de rifirrafes que se han prolongado, como cada año, a lo largo de dos intensos meses (noviembre y diciembre) y de los que los grupos dieron cuenta este miércoles durante el debate en el pleno, pero que, finalmente, ha terminado de la misma manera que en las cinco ocasiones anteriores: con un 'sí, quiero' por parte de los socios del tripartito a las cuentas que los departamentos del Ejecutivo han elaborado. La historia se repite por sexta vez consecutiva.
Los primeros desencuentros entre los socios del Botànic a raíz de las cuentas -aunque más especialmente por la ley de Acompañamiento a los Presupuestos- comenzaron realmente en 2016, ya que en 2015 cuando socialistas, valencianistas y morados firmaron el pacto de gobierno no se produjeron sonadas desavenencias. Acababan de llegar a la Generalitat y el contratiempo más significativo que vivieron fue la equivocación de Podem al votar una decena de enmiendas de Ciudadanos: en lugar de oponerse, se posicionaron a favor.
No obstante, en 2016, con un año de experiencia ya en el Ejecutivo y con Podem fuera del Consell, se produjo el primer choque entre las fuerzas del Botànic. El partido entonces dirigido por Antonio Montiel planteó por primera vez la necesidad de incorporar una tasa turística a lo largo del ejercicio de 2017. Un debate que no prosperó ni entonces, ni en los años posteriores, pero que sirvió para exhibir la distancia que existía -y existe a día de hoy- en esta cuestión entre Podemos y el PSPV.
Pero sin ninguna duda, la negociación de las cuentas del año anterior fueron una anécdota si se compara con la que se produjo un ejercicio después, en 2017. Desde el principio, el síndic Antonio Estañ aseguró que no estaban dispuestos a apoyar los presupuestos de Puig porque no cumplían sus expectativas en materia de Vivienda, Sanidad, Educación y modelo productivo. A pesar de que hubo varios acercamientos y los morados lograron compromisos por valor de 150 millones, seguían sin garantizar su respaldo a las cuentas y convocaron una comisión del pacto de Gobierno para tratar de acercar posturas con PSPV y Compromís.
Las diferencias respecto a las cuentas se centraban en el convenio de 3 millones entre la Generalitat y Air Nostrum o el presupuesto de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), que consiguieron reducir en 2,4 millones. No obstante, el problema principal tenía nombre y apellidos y se hallaba en la Ley de Acompañamiento: la tasa turística. Los socialistas se cerraron en banda a aprobar la iniciativa que plantearon los morados y esto provocó no solo que el grupo liderado por Estañ propusiera eliminar las ayudas directas a Hosbec y otras 26 entidades contrarias a la tasa, sino que el conflicto concluyó con la abstención de Podem a la enmienda a la totalidad que planteó el PP a ley de medidas fiscales del Botànic.
Con todo, PSPV y Compromís tuvieron que recurrir a los cuatro diputados no adscritos y ex de Ciudadanos para salvar la norma con su abstención y que esta pudiera continuar su tramitación. Aún así, los morados finalmente apoyaron los presupuestos del año siguiente.
La tensión que vivió el Botànic con la abstención de Podemos en la ley de Acompañamiento de 2017 no volvió a experimentarse en lo que restó de legislatura. Sin embargo, en la negociación de los presupuestos siguientes continuaron produciéndose los habituales desencuentros.
En 2018, existían varios frentes abiertos: por una parte, PSPV y Podemos no querían incrementar los fondos de À Punt mientras Compromís sí era favorable a hacerlo; por otra, el grupo parlamentario dirigido por Estañ restó la mitad de las subvenciones directas de Presidencia y suprimió las ayudas de concesión directa a Air Nostrum.
Por lo que respecta a la ley de Acompañamiento, Podem continuó su particular batalla con la tasa turística, la del azúcar y también la tasa de residuos. Ese año, además, peleó por evitar la "privatización" del puerto de Denia y quiso cambiar el método de reparto de ayudas a los sindicatos para que se hiciera teniendo en cuenta el número de delegados de cada organización, y no atendiendo únicamente al criterio de "más representativo" que fija actualmente la norma de 1985.
En el tramo final de la negociación de enmiendas, finalmente, dejaron en manos de Puig la distribución de las subvenciones: en lugar de modificar el sistema de reparto en la propia ley, Podem acordó con el PSPV que Presidencia concretaría en una ley en el plazo máximo de un año el criterio de "representatividad" de cada sindicato y, según este, procedería a dividir las ayudas. La normativa prometida, dos años después, ni se ha redactado. Pese a todo, los tres partidos del primer Botànic aprobaron sus cuartos presupuestos.
El año pasado el embrollo tradicional de presupuestos tuvo lugar principalmente en el Consell -Ximo Puig a punto estuvo de perder una consellera-, pero en Les Corts Valencianes también se produjeron episodios dignos de mención.
Primero, Unides Podem y Compromís recuperaron la tasa al azúcar que habían planteado el año anterior y renunciaron a la turística para intentar suavizar la presión sobre el PSPV. De esta manera, pretendían, al menos, sacar una de ellas adelante. Pero tras varios desencuentros, ambas formaciones cedieron a las pretensiones de los socialistas: ni gravamen a las bebidas azucaradas, ni al turismo.
Tampoco la bonificación del 99% que quería aprobar el PSPV en el impuesto de Sucesiones y Donaciones para las empresas familiares fue fácil de pactar entre las fuerzas del Botànic. En un primer momento, incluso, los socialistas advirtieron que negociarían esta enmienda a la ley de Acompañamiento con PP y Ciudadanos. No en vano, fue una de las promesas del president de la Generalitat, Ximo Puig, a los empresarios en plena campaña electoral de las autonómicas de abril. Tras varios tira y afloja, y tras la campaña electoral previa a las generales del 10 de noviembre, el tripartito resolvió sus diferencias respecto a esta modificación legal y logró aprobar sus quintos presupuestos.
