José Manuel Boquet. VPVALÈNCIA. La Audiencia Provincial de Valencia ha revocado el auto de sobreseimiento provisional de la causa contra la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), en la que estaba imputado su preside, José Manuel Boquet, al que se acusaba de delitos de estafa, malversación, falsedad documental o fraude de subvenciones por presuntamente haber falsificado contratos en centros de enseñanza a los que no asistían como maestros, pero de los que cobraban.
El tribunal considera que concurren "indicios objetivos de criminalidad" contra quienes eran responsables de Feceval al tiempo de los hechos, siendo uno de ellos José Manuel Boquet, "si bien habrá que determinar si algún otro ostentaba tal responsabilidad en dicha entidad durante los años 2009 a 2014", señala.
Afirma el auto de la Audiencia provincial que "igualmente cabe apreciar indicios de criminalidad en quienes estaban al frente del Servicio de Formación al Profesorado y del Servicio de Centros Privados Concertados y Centro Privados" en la Conselleria de Educación, "al tiempo de producirse la prorrogación sin cobertura legal de los contratos simulados de referencia, esto es, a partir del año 2009 y hasta 2014, sin que al propio tiempo se justificaran detalladamente los trabajos realizados por la cinco personas empleadas en Feceval durante ese lapso temporal".
La causa se abrió en julio de 2014 tras una denuncia de la entonces diputada de Compromís y hoy vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. En ella criticaba que se estuvieran empleando fondos públicos para pagar "horas adicionales carentes de fundamento legal" y "un posible fraude con los docentes de edad elevada".
El pasado mes de agosto, el magistrado que instruía la causa notificó el archivo de la misma en una resolución en la que, además, deducía testimonio al Tribunal de Cuentas porque achacaba las deficiencias a los funcionarios de la Conselleria de Educación. Ello significaba que la denuncia de Oltra podría terminar en sanción económica para estos funcionarios por el daño presuntamente causado a las arcas públicas.
Según la Audiencia Provincial, "se aprecian indicios objetivos de criminalidad derivados del hecho de haber firmado contratos simulados con cinco personas muy vinculadas a Feceval para así permitirles trabajar como empleados de dicha entidad pero cobrando con cargo al erario público, sin que por ahora haya quedado justificado de un modo mínimamente convicente, al menos a nivel indiciario, que esas cinco personas realizaron la actividad laboral explicitada en tales contratos, que era el desarrollo de 'tareas deorganización y coordinación de la formación del profesorado', especialmente cuando se considera lo que dichas personas manifiestan haber hecho en Feceval y lasjustificaciones documentales aportadas por los órganos competentes de la Generalitat Valenciana a estos efectos".
Los indicios apuntan que era "excesivo" el número de horas dedicado a la organización y coordinación de la formación del profesorado y que, consiguientemente, una buena parte de la actividad laboral de esas cinco personas se destinaba a atender las necesidades propias de Feceval, pero con cargo al erario público.
El tribunal requiere a la patronal que comunique "la identidad y domicilio de todos los responsables de Feceval, además de Jose Manuel Boquet, entre 2009 y 2014. Y a la Conselleria de Educación le requiere para que comunique la identidad de quienes estaban al frente del Servicio de Formación al Profesorado y del Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados de la Conselleria al tiempo de producirse "la prorrogación sin cobertura legal de los contratos simulados a los que se refiere la resolución de apelación", es decir, en el mismo período.
