Acto en defensa del derecho civil valenciano, en junio de 2016. Foto: KIKE TABERNERSi Puig ya tenía tomada la decisión de adelantar las elecciones autonómicas al 28 de abril, debería haberlo plantearlo por sorpresa en el Pleno del Consell del pasado viernes en lugar de dejar que saliera Mónica Oltra a dar su opinión en contra –que es la de Compromís– desde la silla de portavoz del Consell. Más que nada, porque si se espera a última hora se le puede complicar la convocatoria por cuestiones formales y de procedimiento. Una la apuntaron desde Compromís, que ve un impedimento en una disposición adicional de la Loreg que se aprobó para un momento concreto, las elecciones de 1999, pero que sigue vigente.
Pero además, porque todo el mundo da por hecho que Puig tiene plena potestad para convocar elecciones y no es así. Puede hacerlo "previo acuerdo del Consell", según el Estatut y la Ley de Gobierno Valenciano. Y esa ley no dice que el presidente tenga voto de calidad en caso de empate en el seno de un Consell que, como es sabido, está formado por cinco representantes del PSPV y cinco de Compromís. Y no lo dice porque en 2007, tras la reforma del Estatut, se suprimió el artículo 28.1 de la ley: "Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mitad más uno de los miembros del Consell asistentes, dirimiéndose los empates con el voto de calidad del presidente".
Claro que, con tiempo, siempre puede Puig cesar a un conseller –para eso sí tiene plenos poderes– y desequilibrar la balanza. Sería un final del Botànic espectacular, muy valenciano. Por si le ayuda a decidir si adelanta o no, en Alicante Plaza hemos hecho una encuesta.
Y ahí lo dejo, que de lo que quería escribir esta semana no es del posible, hoy probable, adelanto –ya lo hice la pasada, más a favor que en contra– sino de un daño colateral que produciría la disolución de Les Corts el 5 de marzo por culpa de un olvido imperdonable. Resulta que al día siguiente está prevista en Les Corts la votación definitiva de una proposición de modificación de la Constitución para permitir que la Generalitat recupere la capacidad legislativa en materia civil. El derecho civil valenciano, una cuestión de la que venimos hablando en este periódico desde que hace más de tres años vinieron a explicárnosla los representantes de la Associació de Juristes Valencians (AJV).
Si preguntas por la calle por el derecho civil valenciano, es probable que poca gente sepa de qué hablamos aunque muchos se hayan visto afectados por los cambios normativos en régimen matrimonial, parejas de hecho y custodia compartida provocados por tres sentencias del Constitucional que anularon las leyes valencianas que los regulaban. Es un asunto de juristas, políticos y periodistas por el que no se va a movilizar la gente como no lo hace per un finançament just, que condiciona aún más la calidad de vida de los valencianos. En otras palabras, que no interese no quiere decir que no sea importante.
En la defensa del derecho civil valenciano están PP, PSPV, Compromís y Podemos. Solo Ciudadanos está en contra. Eso aquí, que ya veremos en el Congreso si alguna vez sale adelante la valiente propuesta de Les Corts. De momento, en el Senado, el PSOE votó no hace mucho en contra de una enmienda de Compromís idéntica a la proposición que tramita Les Corts.
La semana pasada, a propuesta del PSPV, la Mesa de les Corts adelantó la votación de la reforma del Estatut, prevista también para el día 6, para salvarla en caso de que Puig disuelva la Cámara el día 5, pero no hizo lo mismo con la iniciativa en favor del derecho civil valenciano, que permanece como primer punto del orden del día del Pleno del miércoles. Lo cual es muy injusto, se esté o no de acuerdo, porque puede morir en la orilla una iniciativa fruto de un ímprobo trabajo de más de tres años liderado por la AJV.
La asociación presidida por José Ramón Chirivella trató primero, sin éxito, de movilizar las fuerzas políticas valencianas para convencer al Gobierno de que retirara sus tres recursos de inconstitucionalidad –de Zapatero y Rajoy– contra sendas leyes valencianas –uniones de hecho, custodia compartida y régimen económico matrimonial– que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional en 2016.
Después del revés, los miembros de la asociación no se rindieron y se plantearon la única solución jurídicamente posible, nada menos que la modificación de la disposición adicional segunda de la Constitución que permita la reintegración de la capacidad legislativa en materia civil a la Generalitat, tal como prevé el Estatut.
Para ello, no solo se propusieron poner de acuerdo a todos los partidos valencianos, sino que recabaron el apoyo de los ayuntamientos y de colectivos de la sociedad civil como sindicatos, empresarios, abogados, colegios profesionales, universidades y asociaciones culturales. Hasta 360 ayuntamientos han respaldado la medida, que se plasmó en la Proposición de Ley presentada en Les Corts por PP, PSPV, Compromís y Podemos el 5 de marzo de 2018. Todos menos Ciudadanos. En descargo de Puig hay que decir que doce meses para tramitar una Proposición que tiene un solo artículo, unido al olvido de esta semana, implica también cierta responsabilidad del legislativo en la tragedia.
