VALÈNCIA (EP). La asociación mayoritaria en el sector de alquiler de vehículos con conductor en España, Unauto VTC, ha apelado este jueves a la "responsabilidad" de la Generalitat Valenciana para exigirle que formalice una consulta al Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre el proyecto de decreto para regular los VTC en la Comunitat que se encuentra en período de alegaciones.
La patronal de VTC tiene la "certeza" de que este documento "no pasará el filtro" de constitucionalidad e instan al Gobierno valenciano a no seguir "el ejemplo de Cataluña", donde ha recordado, el Consell de Garanties Estatutàries ha dicho que esta normativa "obstaculiza de manera excesiva el derecho constitucional a la libertad de empresa" y reconoce que las indemnizaciones al sector podrán ser reclamadas por los propietarios de las autorizaciones.
Así lo ha manifestado el presidente de Unauto VTC Valencia, Ricardo González, en rueda de prensa junto al presidente nacional de Unauto VTC, Eduardo Martín.
En la actualidad existen 373 licencias de VTC operando en la Comunitat Valenciana, aunque "hay otras 1.000 concedidas con carácter anterior a noviembre de 2015, pendientes de ponerse en marcha", ha apuntado Martín.
Sin embargo, las "restricciones" que plantea el decreto llevarán a la "expulsión" de los VTC de la Comunitat y al "despido de más de 500 conductores, dado que sus empresas se verán obligadas a cerrar", ha advertido González. En su mayoría, ha dicho, son trabajadores de más de 50 años que han tenido difícil su inclusión laboral y "es posible que tras este decreto vuelvan al paro y caigan en "riesgo de exclusión laboral".
González ha criticado que "el taxi en Barcelona consiguió echar a Uber y Cabify" y ahora "Valencia ha querido seguir el ejemplo de Cataluña" con restricciones que harán que "en lugar de mirar al futuro, al siglo XXI, vuelva a mirar al siglo XX, limitando las opciones de movilidad" de valencianos y turistas.
En la misma línea, el presidente nacional de Unauto VTC, Eduardo Martín, ha lamentado que el decreto valenciano "no responde al interés general de los ciudadanos, sino al interés particular del monopolio del sector del taxi, que una vez más se centra en presionar a las Administraciones mediante el secuestro de las ciudades y la libertad de todos los ciudadanos".
Además ha advertido que, de acuerdo con un informe de EY sobre el coste de la expropiación de las autorizaciones VTC, la Generalitat se enfrenta al pago de más de 166 millones de euros en concepto de indemnizaciones a los titulares de autorizaciones de VTC -a partir de octubre de 2022, cuando finaliza la moratoria fijada por Fomento para los que están operando-. A esta cantidad, habrá sumar también las reclamaciones por lucro cesante en esto años y daño emergente.
El pago de estas cantidades corresponderá a la Generalitat Valenciana, por lo que al final recaerá en "los ciudadanos", que verán también a su vez como "encarecen las tarifas del taxi", ha alertado.
El sector de VTC quiere seguir trabajando en esta región pero "el sector del taxi ya ha engañado a Cataluña y la Comunitat Valencia no puede dejarse engañar", ha criticado el presidente de Unauto.
A su entender, "la realidad es muy clara: hay responsabilidad indemnizatoria para la Comunitat Valenciana y creo que antes de hacer un movimiento inconstitucional como en Cataluña, siendo este (decreto) copia del mismo, procede un estudio jurídico para que no se comenta ilegalidad y los ciudadanos valencianos no tengan que pagar el monopolio del sector del taxi", ha concluido.
Por su parte, la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunitat Valenciana ha emitido un comunicado en el que expresa su "esperanza" en que en la Comunitat Valenciana se apruebe en "unas semanas" el decreto para regular a las VTC, después de que Cataluña haya convalidado el suyo propio con 15 minutos de precontratación y habilitación para que los ayuntamientos puedan ampliar ese tiempo.
