Salvador Navarro, felicitado tras la última asamblea de la CEV. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. "Construir algo nuevo y sólido, que sea de todos los empresarios de Valencia, Castellón y Alicante”. Un año después de lanzar su proyecto para convertir a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en la nueva patronal de la Comunitat, el deseo de Salvador Navarro se ha cumplido casi por completo. El único punto pendiente en esa transformación ha sido la falta de acuerdo para integrar a la alicantina Coepa, que se resiste a reconocer a la CEV como heredera de la quebrada Cierval a pesar de que tanto la Generalitat como la propia CEOE ya han bendecido ese nuevo estatus.
El 6 de febrero de 2017, durante una conferencia en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, el presidente de la patronal de Valencia avanzó su intención de evolucionar hacia una organización de ámbito autonómico ante la evidencia de que la quiebra de Cierval era mera cuestión de tiempo. Navarro inició entonces una intensa ronda de contactos con federaciones sectoriales de las tres provincias con la intención de sumarles a una entidad "vertebradora, integradora, solvente e independiente", al tiempo que intensificaba la labor comercial para 'fichar' empresas asociadas de Alicante y Castellón como Baleària o Grupo Gimeno.
Organizaciones de peso en sus respectivas provincias, como la azulejera Ascer o la hotelera Hosbec no tardaron en anunciar su incorporación al proyecto, pero la negativa de la CEC de Coepa a ceder el monopolio de la representatividad empresarial en sus respectivas provincias para diluirse dentro de la nueva CEV ha impedido cualquier tipo de entente hasta hoy.
Apenas dos semanas después de aquella conferencia e inmediatamente después oficializarse la desaparición de Cierval, Navarro ponía negro sobre blanco los principios de esa nueva organización. A saber, a diferencia de lo que ocurría con Cierval, las cuotas territoriales desaparecían para siempre y la organización pasaba a regirse por el principio de 'un vocal, un voto' en función de las cuotas que decidiera abonar cada socio. Las empresas podrían controlar hasta un 30% de los vocales de la asamblea y la representación de cada provincia se mantendría con unos nuevos consejos empresariales despojados de derechos políticos en la asamblea.
El 3 de marzo, la organización empresarial celebraba una asamblea para cambiar puntualmente sus estatutos y oficializar su carácter autonómico, sin margen a que pudiera atisbarse un vacío de poder en la representación empresarial. Se abrió entonces un periodo para el ajuste fino de las nuevas normas de funcionamiento que culminaría con otra reforma estatutaria, la definitiva, como paso previo a la elección de los nuevos órganos de gobierno.
La principal nota disonante en esos meses ha sido la tormentosa relación con la cúpula de la alicantina Coepa. La organización empresarial alicantina, con Francisco Gómez a la cabeza, negó desde el primer minuto la legitimidad de la CEV como patronal autonómica y se mostró dispuesto a liderar la resistencia. Coepa, recién salida del concurso de acreedores, se oponía a diluirse dentro de la CEV porque ni podía permitirse quedarse sin los ingresos por cuotas de las empresas que antes eran sus socias y ahora pasaban a serlo de la autonómica, ni sin las subvenciones del Consell por participación institucional, unos ingresos con los que contaba para cumplir el convenio de acreedores.
Los contactos entre las dos organizaciones en busca de un acuerdo han pasado por infinidad de altibajos, con enfados puntuales, maniobras de despiste y hasta propuestas por parte de Coepa que, de tan rocambolescas, no llegaron a ser tomadas en serio.
A Coepa, amenazada también por la amenaza de los 1,9 millones de euros que le reclamaba el Servef por subvenciones mal justificadas, no le quedó más alternativa que labrarse su propio camino. Primero, en busca de una pinza a la desesperada con la castellonense CEC, otra organización al borde de la quiebra, y después con la unión con Cepyme Alicante para crear CEPAL, un ente diseñado para poder entrar en la CEV pero con un estatus que la nueva autonómica no iba a reconocer.
En la central de València, por su lado, aparcaron las conversaciones con Coepa para centrarse en la definición de la nueva estructura, con gestos para continuar integrando a federaciones de las tres provincias como la presencia mayoritaria de los centros empresariales provinciales de Alicante y Castellón en el comité ejecutivo de la CEV autonómica.
La transformación definitiva en organización autonómica se concretó en la asamblea del pasado 17 de noviembre, que tendrá continuidad e una nueva cita en abril para escoger a los integrantes de los órganos de gobierno y reelegir a Navarro como presidente por otros cuatro años.
Apenas unos días después, la ejecutiva de Coepa acordaba ir a liquidación a raíz del embargo de sus cuentas por parte del Servef para intentar recuperar 1,9 millones en subvenciones, lo que hacía inviable cumplir con los acreedores.
Al margen de la actividad orgánica, marcada por el enfrentamiento con Coepa y el nacimiento de la patronal industrial Confeindustria –visto inicialmente con recelo por el momento escogido– la nueva CEV ha desplegado una intensa actividad institucional, sobre todo tras el verano, marcada por dos asuntos estratégicos para la Comunitat: financiación autonómica e infraestructuras.
La patronal ha asumido y proyectado el macroestudio que Cierval no pudo llegar a presentar sobre las inversiones en infraestructuras pendientes en la Comunitat, nada menos que 20.700 millones, se ha puesto al lado de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para reclamar inversiones en el Corredor Mediterráneo y ha tomado la iniciativa en la mejora del Corredor Cantábrico. En este último punto, de la mano de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), las gestiones se materializaron en el compromiso de Adif de destinar 320 millones a mejorar esa línea hasta el año 2022.
El otro gran tema, el de la financiación autonómica, ha sido el que más ha resonado en los últimos meses por haber desembocado en guerra abierta con la líder del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, molesta por la presencia de la CEV en la manifestación del pasado mes de noviembre para reclamar un tratamiento justo para la región.
La respuesta del PP de la Comunitat, cuya relación con los empresarios se ha destensado en las últimas semanas, fue maniobrar en Les Corts para dejar a la CEV y a los sindicatos mayoritarios –UGT-PV y CCO-PV– sin las ayudas directas por participación institucional.
En paralelo, la organización ha procurado mantener un clima cordial con el Consell de Ximo Puig, pero ello no ha evitado choques puntuales en asuntos como el polémico plan de depósito de envases (SDDR), los planes de Compromís para gravar con un impuesto los productos con alto contenido en grasa o azúcar, la reciente tasa a la incineración de residuos y, sobre todo, la actitud del Consell ante la colaboración público privada.
En este sentido, la organización no ha dudado en salir al paso para defender a uno de sus asociados, el operador sanitario Ribera Salud, ante la "ofensiva" de Compromis y Podemos "contra el libre ejercicio de la actividad empresarial y la competencia" por sus enmiendas a la Ley de Salud de la Comunitat que perjudican directamente al grupo de Alberto de Rosa.
A futuro, no obstante, la organización asume que es muy probable que se establezcan nuevos equilibrios a medida que las diferencias entre los tres socios del Botànic –PSPV, Compromís y Podemos– se hagan cada vez más evidentes a medida que se acerquen las elecciones autonómicas de 2019.
