VALÈNCIA. La empresa dedicada a la gestión de residencias DomusVi ha obtenido la certificación de los protocolos que se siguen en la residencia de Alcoy, uno de los centros protagonistas durante la pandemia de coronavirus por su especial incidencia entre sus residentes. Tras lo acontecido tanto en esta como en otras residencias, la compañía contrató una auditoría externa con la finalidad de acreditar el buen hacer en sus centros frente a la covid-19. Así pues, Alcoy ha pasado el examen.
Así consta en el documento fechado el pasado 30 de septiembre, al que ha tenido acceso este diario, en el que la auditora Bureau Veritas confirma haber "verificado los protocolos" en el centro "en materia de seguridad y salud" y haber confirmado que cumplen "con las exigencias legales vigentes en el momento de la auditoría". Esta certificación tiene vigencia durante un año. Asimismo, desde la firma insisten en que se mantendrá activo permanentemente el plan de contingencia frente a la pandemia ante posibles brotes, de manera que se garantizará la seguridad de los centros con un sistema modular capaz de aislar con diligencia y eficacia cualquier zona contaminada.
El programa de certificación ha constado de cinco pilares y está encaminado a adoptar medidas de control por lo que respecta a la higiene y desinfección de los centros, así como la prevención y seguridad de las instalaciones, los residentes y los trabajadores, la calidad del servicio residencial, la comunicación con las familias y la formación y el cuidado de los profesionales.
De esta manera, con el visto bueno de Bureau Veritas, DomusVi confirma que, si bien durante la primera ola de coronavirus hubo dificultades en la contención de la pandemia, tras su paso los protocolos que se siguen son los adecuados y acreditados. Un argumento más también contra la voluntad de la Generalitat Valenciana de revertir la concesión y que el centro pase a ser gestionado directamente por la administración.
DomusVi dirige la residencia en virtud de una concesión suscrita en 2002 por el entonces conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco y que se extiende durante 45 años, hasta 2047. Sin embargo, como publicó Valencia Plaza, es la primera residencia que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, quiere revertir a la gestión pública directa, especialmente tras lo ocurrido durante la pandemia.
El centro cuenta con 140 plazas para personas mayores, 47 de las cuales quedan a disposición de la Conselleria actualmente. El foco de contagio en esta residencia no fue menor: fallecieron 73 de los 140 residentes, y las infecciones afectaron al 70% de los ancianos, según la Conselleria de Sanidad. También durante los momentos de mayor descontrol se acusó al centro de dejar sin comunicación a residentes y familiares, una circunstancia que, según la empresa, se produjo por motivos técnicos. Asimismo, la Conselleria está tramitando una multa al centro por una falta grave detectada antes de la pandemia. Dicha sanción se encontrará entre los 10.000 y los 80.000 euros, según la normativa de Servicios Sociales.