MADRID (EP). Las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Uber y Cabify se enfrentarán a multas de hasta 800 euros en el caso de que no den cuenta de todos sus servicios al registro público 'online' que el Ministerio de Fomento puso en marcha el 1 de abril o en el supuesto de que se detecten infracciones en los datos que ofrezcan.
Este registro comienza a servir como instrumento para inspeccionar, controlar y sancionar al sector de los VTC desde este sábado 1 de junio, dos meses después de su puesta en servicio.
Las comunidades autónomas serán las encargadas de realizar las labores de inspección y control de las comunicaciones de las VTC al registro y de los datos que remitan, según detallaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Fomento.
Así, a partir de ahora, los servicios de inspección del transporte de las distintas regiones o la Policía Municipal podrán sancionar a un conductor de VTC al que le pidan documentación acreditativa de haber comunicado un servicio al registro y no la tengan o no la hayan realizado correctamente.
En este caso, las empresas del sector afrontarían una multa de entre 401 y 600 euros, tal como establece la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT).
Las sanciones serán de entre 601 y 800 euros en el supuesto de que, a la luz de los datos remitidos al registro, se detecte que un VTC excede el límite de viajes que pueden hacer fuera de su comunidad, fijado en el 30% de sus servicios totales.
Con la puesta en marcha de este registro el Gobierno busca garantizar que el servicio de los VTC cumple las características fijadas en la ley con el fin último de atajar el conflicto abierto entre este sector y el del taxi, que le acusa de intrusismo y competencia desleal.
Para ello, los titulares de licencias VTC están obligados a inscribir en el registro 'online' cada viaje que realicen para transportar viajeros, detallando el lugar y fecha en que se contrata, y la fecha y la hora en que comienza y termina el servicio.
También deben especificar la matricula del coche y al arrendatario el mismo, esto es, si se contrata mediante una empresa intermediaria como las plataformas Uber y Cabify.
El registro comienza a funcionar como instrumento de control y sanción coincidiendo con la aprobación por parte de algunas comunidades de normativa para regular este nuevo tipo de transporte urbano en sus territorios.
Cataluña, Valencia, Baleares, Aragón y el País Vasco son las cinco regiones que ya han regulado el sector, en todos los casos introduciendo un tiempo mínimo de antelación para contratar estos coches. En el caso de las dos primeras, ha supuesto que Uber deje de operar en ellas y Cabify cambie su modelo de negocio.
Al cierre de abril, las VTC contaban con 14.177 licencias en todo el país, más de la mitad (7.375 autorizaciones) en Madrid. Después se sitúan Barcelona, con 1.934, pese a perder 350 desde que entró en vigor la nueva norma, Málaga con 1.418, Alicante (296 VTCs), y Sevilla y Baleares, con 213 en cada caso.
