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Tribunales 2018: el año que una sentencia tumbó un gobierno

31/12/2018 - 

VALÈNCIA. No se puede empezar un resumen del año judicial sin recordar que el año 2018 ha supuesto un antes y un después en la historia de España. Nunca una sentencia había acabado con un gobierno electo. La sentencia de época I de la Gürtel supuso no solo que por primera vez en democracia se condenara a un partido político, en este caso el Partido Popular al pago de una multa como partícipe lucrativo de la financiación irregular, sino que dicho fallo llevó a un maltrecho Pedro Sánchez a proponer una moción de censura que, contra todo pronóstico salió adelante con el apoyo del socio de gobierno del PP, el PNV, y que acabó con la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa.

Pero más allá de la M30, en València, tres nombres propios coparon los titulares del año: Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Jorge Rodríguez. Dos expresidentes del PPCV y el expresidente socialista de la Diputación de València. Todo ello sin olvidar otros nombres ilustres relacionados con la corrupción valenciana como el exconseller, Rafael Blasco, la exconsellera Milagrosa Martínez, los saqueadores de la depuradora de Emarsa o el exvicealde de València Alfonso Grau.

Resumir un año de tribunales en la capital del Turia implicaría escribir varios tomos, así que solo se puede entrar a lo más importante. Además de la sentencia que acabó con Rajoy, y antes de entrar con los nombres y apellidos propios, hay que recordar el juicio de los juicios, el que juzgó la financiación irregular del PPCV y que terminó con el exsecretario general de dicho partido, Ricardo Costa, 'cantando la Traviata' y dinamitando toda una época de un partido, el suyo, el PPCV.

En aquel juicio, que comenzó a principios de año, el partido no estaba como imputado porque la ley no lo permitía, pero tanto Costa como el exvicepresidente de Francisco Camps, Vicente Rambla, se tuvieron que sentar en el banquillo, como supuestos responsable del 'dopaje'. El juicio empezó con los empresarios asumiendo que habían financiado en 'B' al partido de la gaviota.

Tras ellos, la cúpula de la Gürtel siguiendo la senda de los empresarios también cantó. Costa, viendo la que se le venía encima, decidió colaborar. Y tanto que lo hizo. Frases como: "Pagué las campañas con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat por orden de Camps" o "En 2006 Víctor Campos me lleva a su despacho y me muestra sobres donde hay dinero en efectivo y me comenta que es dinero de los empresarios que tienen relación de la administración que quieren colaborar y que eso es un encargo de Camps y de Cotino. El encargo procede del presidente Camps y del conseller Juan Cotino", sembraron el caos entre los populares valencianos. Era la primera vez que un mandamás del partido reconocía lo que todo el mundo sabía, el PP se 'dopaba'.

Sin embargo la sentencia no gustó a todos. Sí, quedó acreditado que los populares valencianos se parecían más a los integrantes de la Operación Puerto que a un partido político. Pero Rambla salió absuelto en base a uno de los principios fundamentales del derecho, el 'indubio pro reo', es decir, en caso de duda siempre a favor del reo.

Y por si fuera poco para los implicados, el mismo día en que la Fiscalía terminaba sus conclusiones, el Tribunal Supremo ratificaba la sentencia de Fitur que había condenado a la exconsellera Milagrosa Martínez a nueve años de cárcel por 'regalar' los contratos de la feria de turismo a la trama corrupta. Esa sentencia, más allá de confirmar las penas, obligaba al tridente gürteliano a comenzar a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en el resto de piezas si algún día quieren obtener beneficios penitenciarios.

Aquella sentencia hizo que el PPCV le temblara el alma. No solo Álvaro Pérez 'El Bigotes' comenzó a hablar, sino que Ricardo Costa se convirtió en el azote del que había sido su propio partido. Sus declaraciones en diferentes juzgados han llevado a que Camps sea imputado tanto en la investigación sobre las presuntas mordidas en la construcción del trazado de la Fórmula 1 (Instrucción 17), como en los contratos menores de la Gürtel, cuya pieza estaba ya señalada para juicio y se ha retrotraído para que vuelva a instrucción (Central 5 Audiencia Nacional).

Pero no solo de Gürtel vive el hombre, y los meses pasaban y las causas acechaban y cercaban al PPCV. Una de ellas fue la sentencia del caso Emarsa que condenó a penas de hasta 12 años a los principales procesados por el saqueo de 23 millones de euros de la depuradora de Pinedo.

Y mientras las sentencias caían, otros nombres ilustres como el del exvicealcalde de València Alfonso Grau, saltaron a la palestra. En 2018 Grau esperaba ser procesado o exonerado del caso Taula, otra causa, la relacionada con el blanqueo de capitales y el cohecho por la que estaba siendo investigado tras, presuntamente, recibir de un empresario contratista del consistorio relojes de alta gama por su cargo y cambiarlos por otros más caros para blanquear dinero llegó a su fin. El tema de Taula estaba en 'stand by', pero los relojes avanzaban y el fiscal pidió que fuera procesado, y el juez lo procesó. En 2019 tiene el juicio y se enfrenta a seis años de prisión.

Zaplana, Camps y Rodríguez

Aunque si hubo tres nombres propios este año fueron los de los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y Francisco Camps y el del expresidente de la Diputación de València Jorge Rogríguez.

El primero, Zaplana, fue detenido dentro del marco de la Operación Erial acusado de blanquear cerca de once millones de euros supuestamente procedentes de mordidas derivadas de las concesiones de las ITV y del Plan eólico mientras fue presidente. Su salud, padece una leucemia, hizo correr ríos de tinta durante todo el año y este diciembre tuvo que ser ingresado al fallarle el tratamiento. La magistrada sigue queriendo que regrese a prisión. Sin embargo, y cada vez más, la opinión pública y todos los partidos políticos solicitan la excarcelación de Zaplana por razones humanitarias.

Francisco Camps es el otro expresidente que ha visto como su nombre llenaba titulares. Cuando comenzó el año, solo tenía una imputación, la derivada de la investigación del pufo de la F1. Durante 2018 llegó a tener cuatro imputaciones, y ha terminado el año con tres. La del pufo fue archivada el 27 de diciembre sin mayor explicación que una nota de prensa, las otras tres: la relacionada con la visita del Papa, la que le implica en las presuntas mordidas en las construcción del trazado de la F1 y la relacionada con los contratos menores de la Gürtel siguen en pie. Cómo derivará el futuro judicial de Camps es toda una incógnita, pero su futuro depende, en parte, de Costa y de 'El Bigotes'.

Foto: Eduardo Manzana

Y llegó Rodríguez...

Cuando el PPCV lo daba todo por perdido tuvo lugar la detención del presidente de la Diputación de València, el socialista Jorge Rodríguez. Ni más ni menos que fue arrestado por presuntamente malversar cerca de dos millones de euros de dinero público. Según el sumario, Rodríguez creó varios contratos de alta dirección en contra de todo criterio técnico. El PSPV le hizo dimitir de su cargo como presidente de la diputación, sin embargo le permitió seguir como alcalde de Ontinyet y, de hecho, ser candidato a las próximas elecciones para el 2019. Y a eso hay que sumar la trama Crespo-Gomar en la que la financiación en 'B' de los socialistas ha sobrevolado el panorama judicial.

El año 2018 también trajo bajo del brazo varias aperturas de juicio oral entre las que destacan la relacionada con el exconseller del PPCV Rafael Blasco, que deberá volver a pasar por el banquillo de los acusados por otras dos piezas del caso Cooperación; y el juicio del caso Palau, que se supone que sentará en el banquillo a la exintendente del coliseo, Helga Schimdt, pero que actualmente está en el aire después de que el abogado de la diva alegara motivos de salud para dejar su defensa a menos de 15 días de comenzar el juicios.

Por último, y no por ello menos importante, diversos concejales del tripartito del Ayuntamiento de València así como el alcalde, Joan Ribó, tuvieron que pasar por los juzgados acusados casi todos ellos de prevaricación. Las denuncias venían interpuestas por el asesor del PP de València e imputado por blanqueo en el caso Taula Luis Salom. La mayoría de las denuncias fueron archivadas, pero algunas de ellas siguen siendo instruidas.

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