VALÈNCIA. Es la consellera de las multas a los bancos, las restricciones a construir en la costa o -y este es el último objeto de controversia- las ventas obligatorias de licencias de taxi. La socialista María José Salvador presume de políticas "valientes y decididas", adjetivos que pocos le refutan. Pero tal vez lo sean en exceso, al menos según el criterio de los entes consultivos y las voces de su propio partido que tratan de rebajar sus iniciativas.
La titular de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio sostiene que el anterior gobierno "dejó un vacío enorme en materia de planificación de transportes y territorio" y que la vivienda "había sido desterrada de las prioridades del gobierno valenciano". Por ello se marco el reto de "darle la vuelta a esta situación y volver a situar estos grandes temas en la primera línea de la acción política del actual Consell", algo que parece estar consiguiendo -y además, cumpliendo los plazos temporales que se propone-.
Pero las rompedoras medidas que quiere introducir en cada ámbito están pisando algún callo que otro. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) sostiene que su Ley para la Función Social de la Vivienda es de dudosa constitucionalidad, unos cuantos municipios -varios con el respaldo del PSPV, su partido- discrepan sobre su Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) y el Comité Econòmic i Social (CES) considera "excesivo" su Anteproyecto de Ley del Taxi.
El lema de la nueva Ley del Taxi que impulsa el Consell es "un taxista, una licencia". El anteproyecto tiene la clara intención de evitar lo que denomina "acumulaciones de licencias". "Aplicará el modelo de prestación del profesional autónomo y, por lo tanto, sólo las personas físicas podrán ser titulares de una autorización o licencia, sin perjuicio de que este titular pueda contar con conductores colaboradores o asalariados", explica el departamento. Para lograr este escenario el texto dará un plazo de dos años para obligar a vender a aquellos que posean más de una -salvo algunas excepciones-.
Ante tales intenciones, el Comité Econòmic i Social de la Comunitat ha emitido un informe en el que discrepa de este modelo. "El CES-CV entiende que el modelo de prestación de servicio de taxi debería contemplar la posibilidad de que tanto las personas físicas como jurídicas puedan optar al ejercicio de la actividad citada, sin limitar a una única autorización por persona habilitada, pudiendo establecerse una cifra máxima absoluta y otra relativa en función del número de licencias, de la población u otros parámetros objetivos", afirma el organismo, tal y como recogía esta semana el diario Levante-EMV.
"Del análisis del articulado de la Ley queda constatado que ésta tiene por objeto consolidar un modelo de prestación de servicio basado en el personal autónomo. El CES-CV quiere poner de manifiesto que una exclusión radical de la persona jurídica resulta excesivo y considera necesario revisar esta postura y buscar nuevas fórmulas, manteniendo aquellas licencias otorgadas a personas jurídicas tal y como preveía la normativa vigente", agrega el informe.
Preguntado al respecto, el departamento de Salvador afirma que este es el espíritu normativo que reclama "la mayor parte del sector". "Hay que recordar que la administración está regulando un servicio público", agrega, y subraya que el CES es simplemente "un órgano consultivo".
Por lo que respecta al Pativel, la conselleria justifica la aplicación de esta restrictiva iniciativa con la construcción en el litoral "después de años de depredación del territorio, de pelotazos urbanísticos consentidos desde las diferentes administraciones y de dar alas a los especuladores". Pero el plan -que aspira a proteger 23 millones de metros cuadrados 'no urbanizables', 20 más de 'suelo urbanizable sin programar' y entre 10 y 15 millones más de 'suelo urbanizable programado'-, cuenta con discrepancias de un buen número de municipios, en tres de ellos (Xàbia, Oliva y Oropesa) con mociones en contra apoyadas por el PSPV.
Los detractores denuncian la iniciativa de con diversos argumentos: la intromisión en la política local, la ausencia de un análisis económico sobre su impacto en las localidades, el perjuicio a poblaciones cuya construcción sí ha sido respetuosa, la devaluación de terrenos adquiridos por particulares... Se trata, en definitiva, de una medida que ha generado tensiones. La más sonada fue el inaceptable episodio protagonizado por unos vecinos de Alcalà de Xivert-Alcossebre que increparon a la consellera Salvador en Les Corts.
Pero el texto legal salió adelante sin resolver su incertidumbre legal. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) había advertido en un contundente informe de la "dudosa constitucionalidad" de varios artículos que, según el organismo, invaden competencias estatales. Pero sus advertencias que no fueron tenidas en cuenta.
La ley fue ideada para obligar a la banca y a otros grandes propietarios de viviendas vacías a poner los inmuebles a la disposición de los ciudadanos. La fórmula elegida para que la propiedad ceda sus pisos fue la expropiación del usufructo, la misma que se utilizó en otras autonomías y que acabó recurrida por el Gobierno central al Tribunal Constitucional (TC). La propia administración reconoce que las comunidades que han legislado en este sentido "también se han encontrado con la oposición estatal", si bien el Ejecutivo no ha movido ficha por el momento.