Rosa Pérez. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. La Ley de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos aprobada en la legislatura pasada y cuya pretensión principal era evitar las puertas giratorias fue una de las más polémicas. Impulsada por Compromís, generó numerosos tira y afloja con sus socios en el Gobierno, el PSPV, que censuraba que el nivel de restricciones de ésta alejaba al talento de la Administración.
Hasta el punto de que en varias ocasiones ha sido susceptible de ser modificada. De hecho, el Consell del Botànic II así lo hizo al inicio del mandato. La Conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez Garijo cambió tres aspectos: el primero, afectaba a los supuestos de infracción muy grave; el segundo, dejaba fuera del ámbito de la norma a aquellos altos cargos o cargos honoríficos que no percibieran retribución ni tuvieran atribuidas funciones ejecutivas o directivas; y el tercero, reforzaba la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
Ahora, apenas un año después, la Conselleria vuelve a plantearse acometer cambios en la norma a través de la Ley de Acompañamiento de 2021. A falta de que se concrete negro sobre blanco, la mayor parte de las modificaciones que planean, señalan fuentes de este departamento, buscan eliminar redactados que "son redundantes". En este sentido, señalan como ejemplo que la norma matiza en varios artículos que se exceptúa al personal eventual o de libre designación de cumplir las obligaciones; aclaración que consideran innecesaria porque estos se rigen por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Por lo que la intención es suprimir estas puntualizaciones.
Sin embargo, también pretenden modificar parte del contenido para que su alcance sea más laxo para algunos altos cargos. Esto es, por ejemplo, a juicio de Transparencia no pueden regir las mismas incompatibilidades para un alto cargo del Consell que para una persona que ocupa un cargo "más honorífico". "Tampoco tiene sentido que se le pida a un profesor de universidad que haga un informe sobre la infrafinanciación de la Comunitat y prohibirle que luego trabaje en la facultad", añaden.
La Conselleria también aprovechará para modificar la ley para clarificar que un concejal puede ser a la vez alto cargo del Consell si no percibe un salario por ello (a excepción de las indemnizaciones por desplazamiento). Es decir, se evitará que vuelva a producirse una situación como la del principio de la legislatura, cuando media docena de cargos del Gobierno valenciano estuvieron en la cuerda floja por incompatibilidades hasta que el Consell Jurídic Consultiu falló a favor de que pudieran compaginar su puesto en el Ejecutivo con las concejalías de sus respectivos municipios.
Conviene recordar que esta circunstancia provocó la dimisión del director general de Economía, Miquel Lorente después de la reclamación realizada por la Oficina de Control de Conflicto de Intereses respecto a la incompatibilidad con su puesto de concejal en Xàtiva.
Cuando un alto cargo accede al puesto tiene la obligación de remitir en el plazo de dos meses su declaración de bienes y actividades a la Conselleria de Transparencia. Pasado ese tiempo, la Oficina de Conflicto de Intereses tiene tres meses para dar luz verde a ese documento y subirlo a la web de Transparencia en GVA Oberta.
Según refleja la ley de Incompatibilidad y Conflicto de Intereses 8/2016 en su artículo 14.1, "mientras no haya resolución expresa, la persona nombrada para el cargo se encontrará en situación de compatibilidad hasta que no reciba notificación la Oficina de Control de Conflictos de Intereses". Es decir, que se puede ser concejal y director general al mismo tiempo hasta que no se reciba una notificación del citado ente que refleje lo contrario.
En este punto, dado que la legislación autonómica no es clara respecto a las compatibilidades para mantener dos cargos públicos -pues no cita casos concretos de forma expresa y, por tanto, da pie a interpretaciones dispares-, la Oficina se vio obligada a emitir de oficio un informe genérico en el que advertía que los altos cargos de la Generalitat debían tener una "dedicación exclusiva" a su cargo, por lo que se resolvió que Lorente debía abandonar el puesto o, en su defecto, presentar alegaciones dejando el acta de concejal. Finalmente, dimitió de su puesto en el Gobierno valenciano.
La situación se repetía con otros dirigentes: Daría Terrádez, directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado (Presidencia) y concejal por Compromís en Bétera; Toni Such, director general de Administración Local (Presidencia) y concejal socialista de Alcàntera de Xúquer; Emili Obiol, director general de Puertos, Aeropuertos y Costas (Obras Públicas), y edil de Vila-real por PSPV; Xelo Angulo, directora general de Cooperación (Transparencia) y primera teniente de alcalde por el PSPV en Xàtiva; y Maite Cháfer, directora general de Desarrollo Rural y Política Agraria Común (Agricultura) y alcaldesa de Carrícola por Compromís. Mientras la Oficina de Conflicto de Intereses consideraba que los altos cargos -en concreto, los directores generales- debían tener dedicación exclusiva, varios ayuntamientos fallaron a favor de la compatibilidad de mantener el acta de edil. Con todo, finalmente el CJC emitió un informe en el que permitía compatibilizar el acta de concejal con un puesto en el Gobierno valenciano.
