Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud VALÈNCIA. El proceso de adjudicación de la prestación asistencial oncológica de la Conselleria de Sanidad Universal ha tenido un rosario de recursos judiciales. El último, contra el acuerdo de acción concertada firmado el 6 de octubre entre la Conselleria de Sanidad Universal y la Fundación IVO, una adjudicación que se desarrolló entre críticas por parte de las empresas privadas. Y es que los entes con ánimo de lucro no pudieron presentarse al proceso al quedar vetados por enmarcarse la convocatoria en el decreto de acción concertada.
Este viernes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) recogía el envío del expediente administrativo del recurso contencioso-administrativo de Torrevieja Salud al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Torrevieja Salud es la empresa con la que Ribera Salud gestiona la concesión público-privada del Hospital de Torrevieja. El motivo de su recurso ha sido la utilización de la fórmula de la acción concertada, que solo permite que el llamado tercer sector -entidades sin ánimo de lucro- pueda prestar el servicio.
La compañía entiende que el proceso se tendría que haber resuelto con un concurso público al que pudieran optar cualquier tipo de entidades. Este recurso no solo lo han presentado a través de Torrevieja Salud, también con las compañías que gestionan la concesión de las áreas de salud de Elche-Vinalopó y de La Ribera.
Ribera Salud ya recurrió la orden de acción concertada
Ribera Salud -a través de Torrevieja Salud- ya presentó un recurso contencioso-administrativo contra la Orden 3/2017, de 1 de marzo, de la Conselleria de Sanidad, que regula la acción concertada, aunque todavía no se había hecho público su ataque directo al acuerdo del 6 de octubre de 2017, cuando el IVO -dirigido por Manuel Llombart- volvió a regularizar la prestación de su servicio con la Generalitat valenciana.
El consejero delegado de la empresa participada por Banco Sabadell y Centene, Alberto de Rosa, también presentó una denuncia ante la Conselleria de Transparencia. En el escrito destacaba la existencia de sendos informes en contra de la convocatoria de la Abogacía de la Generalitat y de la Intervención General y señalaba que "la adjudicación se estaría realizando en virtud de resoluciones internas de la Conselleria dictadas por su propio personal adscrito, siguiendo instrucciones políticas de la propia titular de la Conselleria".
Incluso recordaba una intervención de la consellera Carmen Montón en Les Corts en la que, asegura, la consellera afirmaba que la acción concertada "se promovía especialmente para resolver la contratación pública del IVO como instituto jurídico privado de carácter fundacional".
En realidad, prácticamente todo el proceso de adjudicación al IVO acabará judicializado, desde la orden que lo regula al acuerdo final que ha recurrido Ribera Salud. Y es que la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) también presentó un recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria de acción concertada, que no contra el acuerdo, que es lo que ha recurrido Ribera Salud, además de la orden.
ASPE, que representa a las principales clínicas y hospitales privados de España, ya pidió al Gobierno que tomara medidas contra la Ley 7/2017 de la Generalitat Valenciana en la que se enmarca la convocatoria que sustenta el contrato con el IVO. Una ley que el lobby sanitario enfiló desde el primer momento al excluir a las entidades privadas de salud con ánimo de lucro.
"Las razones por las que hemos presentado este recurso son la vulneración de los principios de igualdad de trato y de no discriminación, y los importantes defectos en la convocatoria de esta acción concertada, esto último apoyado por la Abogacía y la Intervención de la Generalitat en sendos informes", señalaban desde ASPE.
El presupuesto anual estimado para el IVO es de 53,78 millones anuales. En número de pacientes, el cálculo del departamento de Carmen Montón fue de 30.000 anuales de los que se prevé que alrededor de un 15% serán casos nuevos de cáncer y el resto serán pacientes en tratamiento o seguimiento. No obstante, cabe recordar los numerosos problemas que está teniendo la fundación dirigida por Llombart con la derivación de pacientes de la sanidad pública.
