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el pp dice que se debe a una coincidencia de vacaciones y bajas

Tirón de orejas del Defensor del Pueblo a Benidorm por la falta de personal en Urbanismo

20/11/2020 - 

BENIDORM. El Defensor del Pueblo ha remitido al Ayuntamiento de Benidorm un escrito duro sobre la situación que tiene el personal del departamento de Urbanismo. El documento al que ha tenido acceso Alicante Plaza está fechado el 5 de noviembre de este año, y se basa sobre todo en el relato del arquitecto municipal, que informaba que en el momento en el que redactaba el informe de respuesta carecía de compañeros en Disciplina Urbanística. Lo que a juicio del Defensor del Pueblo, somete a este área a una "precaria situación" en la que el alcalde tendría que tomar medidas.

La documentación, que hizo pública el portavoz de Ciudadanos (Cs), Juan Balastegui, se inició en febrero de 2019 a cuenta de una queja de un vecino por unas obras ilegales en un edificio que estaba ocasionando problemas en la estructura. Del 2014 al 2018 constan 11 denuncias a los que se contestó uno por uno, según manifestaba el arquitecto municipal. Para ello, les pedían a la comunidad de propietarios que tenían que restablecer la legalidad urbanística puesto que no estaba dentro de ordenación ni el incremento de volumen de la planta baja ni las terrazas de las plantas superiores.

Sin embargo, en la respuesta del arquitecto al Defensor del Pueblo manifestaba que en el momento de redactarlo el Ayuntamiento carecía de instructor de Disciplina Urbanística, de órdenes de ejecución, no existía técnico jurídico que informe de las declaraciones responsables de obra, ni administrativo que gestione las denuncias y las archive, lo mismo con los expedientes de infracción, de alegaciones ni de comunicados. Al mismo tiempo, decía que no había procedimientos de seguimiento de tramitación de expedientes, ni una herramienta para su vinculación, además de una relación de expedientes en una base de datos ya que a "fecha actual, la plataforma informática no está vinculada con el archivo municipal, ni con la base de datos de obra, de órdenes de ejecución, de aperturas y de infracciones".

El concejal de Ciudadanos se refería a la situación del personal del Ayuntamiento afirmando que con las bajas, jubilaciones y la no aplicación de la VPT ahorrarán en el presupuesto del año que viene unos cinco millones de euros. Pero al mismo tiempo ocurren estas situaciones incomprensibles a juicio del edil de la formación naranja.

Además, trajo a colación dos escritos del Síndic de Greuges que versan sobre la "inactividad" de la administración ante denuncias de supuestas obras ilegales en la ciudad así como falta de respuesta a los escritos de los vecinos demandantes.

Por todo ello, se acogen a la solución que plantea el Defensor del Pueblo, que pasa por pedir asistencia a la Diputación de Alicante y a la Conselleria de Vivienda para atender las reclamaciones y denuncias que se presentan en el Ayuntamiento de Benidorm. De igual forma, Balastegui pidió al gobierno del PP que convoque de manera urgente el procedimiento de contratación para personal técnico del área y asistencia informática para vincular la base de datos entre expedientes de obra, órdenes de ejecución, aperturas e infracciones.

El PP le resta importancia

Con todo, el concejal de Cs dijo no entender que la regidora de Urbanismo, Lourdes Caselles, no haya tomado ninguna solución ya que lleva en el cargo desde 2015. La también portavoz popular señaló a este diario que el Ayuntamiento en sí tiene una carencia de personal, sin embargo, respondió a la cuestión planteada por el arquitecto municipal como consecuencia de una serie de casualidades. Así, indicó que en ese momento se juntaron algunas bajas con vacaciones de los técnicos del área de Disciplina Urbanística, por lo que coincidieron en el tiempo, "pero también tienen derecho a tomarse un descanso", dijo la edil.

En este sentido, negaba que estos puestos no estén cubiertos. De este modo, Caselles declinó la opción planteada por el Defensor del Pueblo y de Balastegui que se basaba en pedir asistencia a la Diputación de Alicante y la Conselleria de Vivienda, señalando que en estos momentos no hacía falta. 

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