Clara Ferrando, María José Mira, Vicent Soler y la ministra María Jesús Montero. Foto: EFEVALÈNCIA. Votar con el PSOE o con el Botànic. Cambiar de criterio o mantenerse en la "abstención reivindicativa". Esta es la disyuntiva con la que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, afronta la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles, una cita que por primera vez tendrá carácter telemático –se votará por correo electrónico– y en la que el Ministerio de Hacienda volverá a plantear a las comunidades relajar la senda de déficit hasta 2021.
El Gobierno de Pedro Sánchez lleva este asunto por segunda vez al CPFF. En la reunión del pasado 19 de julio, ya logró sacar la propuesta adelante pese al voto en contra al de las CCAA gobernadas por el PP –Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia y La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla– y Canarias (Coalición Canaria) y con el respaldo de las gobernadas por el PSOE: Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, Baleares y Extremadura. Cataluña, País Vasco y Navarra no asistieron.
La valenciana fue la única comunidad que rompió la 'disciplina' de voto marcada por el PSOE. Lo hizo forzada por la presión de Compromís, que maniobró hasta última hora para tratar de que el voto de la Comunitat fuera negativo y evidenciar de ese modo su disconformidad con los nuevos límites propuestos por el Ministerio de Hacienda, que al relajar el objetivo de déficit desde 0,1% del PIB previsto al 0,3% supondría disponer de un margen de gasto de 220 millones adicionales, pero a costa de un mayor endeudamiento.
Todo apunta a que la reunión que se vivió entre los dos socios del Consell entonces se repetirá en la sesión de este miércoles, con la salvedad de que no será presencial. Según explicó a este periódico un portavoz de la Conselleria de Hacienda, el sentido del voto del conseller Soler no está decidido, a pesar de que el Gobierno de Sánchez va a poner sobre la mesa la misma senda que el Consell rechazó apoyar en la anterior reunión. A saber, déficit del 0,3% para el año 2019, del 0,1% en 2020 y equilibrio presupuestario en 2021.
"La Comunitat está valorando su posición porque se mantienen conversaciones con el Ministerio de Hacienda", aseguraron estas fuentes, quienes recordaron que tras su "abstención reivindicativa" del pasado 19 de julio, la nueva senda de déficit para las Comunidades Autónomas fue tumbada en el Congreso. El PP (134 diputados) y Ciudadanos (32) votaron en contra, mientras que los 66 de Unidos Podemos y los 4 de Compromís se abstuvieron.
El criterio oficial transmitido este martes por la Conselleria de Hacienda contrasta con el defendido por Compromís. Fuentes de la coalición valencianista aseguraron que, salvo "cambio de idea" de Soler, lo pactado es que la Comunitat mantenga su criterio y, por lo tanto, se abstenga ante idéntica propuesta del Gobierno. De hecho, subrayaron que el conseller de Hacienda va a repetir la misma intervención ante esta reunión del CPFF que en la anterior, cuando se plantearon los mismos objetivos de déficit. "Para nosotros, la abstención es la abstención del Botànic", explicaron estas fuentes.
Sea cual sea finalmente el sentido del voto de la Generalitat, el Gobierno de Pedro Sánchez no tendrá problemas para sacar de nuevo adelante los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria para las comunidades antes de someterlos a la aprobación del Consejo de Ministros este viernes. El Gobierno cuenta con el 50% de los votos en el CPFF; la otra mitad corresponde al voto de cada comunidad y el PSOE gobierna en siete de ellas.
LA COMUNITAT SE JUEGA ALREDEDOR DE 245 MILLONES CON LA DIFERENCIA ENTRE EL 0,1 O EL 0,3% DE DÉFICIT
En cualquier caso, desde la Conselleria de Hacienda subrayaron que lo que se juega la Comunitat son alrededor de 245 millones de euros, la diferencia entre relajar el objetivo hasta el 0,3% del PIB (lo que permitiría un déficit de alrededor de 363 millones de euros) o mantenerlo en el 0,1% que planteó el Gobierno de Mariano Rajoy. "El riesgo de volver al 0,1% es duro", subrayaron.
Según estimaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que asesora al Consell en la negociación del nuevo modelo de financiación, incluso en el caso de que se permitiera un déficit asimétrico –diferente para cada comunidad– sobre una referencia del 0,1%, la Comunitat saldría ganando con el 0,3%, ya que ese escenario solo aumentaría su margen de gasto en alrededor de 43 millones.
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aseguró este martes que la Generalitat mantendrá la "posición de siempre" en el CPFF de hoy, basada en la "reivindicación y exigencia de un sistema de financiación justo para los valencianos". "Somos una anomalía democrática, la única comunidad autónoma de España que es pobre, que tiene una renta per cápita por debajo de la media de España en 11 puntos y pagamos a comunidades más ricas. Esa sangría debe acabar", dijo Oltra.
Oltra insistió en la necesidad del cambio del modelo porque la financiación "es lo que nos permite tener educación, sanidad, ayudas a la dependencia, a la creación de empleo... todo eso se paga con la financiación, dinero que llega a los territorios para garantizar los derechos de las personas".
"Los valencianos estamos hartos de ser ciudadanos de segunda, porque si no hay financiación no tenemos los mismos derechos que personas que viven en otros territorios de España y, que yo sepa, lo que se debe garantizar en el conjunto de España es la igualdad de derechos y oportunidades", subrayó.
Por su parte, la vicesecretaria regional del PP, Elena Bastidas, reclamó este martesuna reunión "urgente" con todas las comunidades autónomas para abordar la reforma del modelo de financiación y ha pedido al Consell que "rompa cualquier apoyo" con el presidente del Gobierno hasta que el tema de la financiación esté "resuelto".
Pese a haber sido rechazados por el Congreso, fuentes del Ministerio de hacienda citadas por la Agencia EFE confiaron en que en esta ocasión la senda de estabilidad salga adelante tras intensificarse las negociaciones con los partidos para intentar sumar el apoyo de los que apoyaron la moción de censura.
La Ley de Estabilidad determina que los objetivos de déficit y deuda deben ser aprobados en el Congreso y en el Senado y, en caso de ser rechazados –como ha ocurrido en esta ocasión– el Ejecutivo tiene un mes para presentar una nueva propuesta, que debe aprobarse en el seno del CPFF. De aprobar el Congreso finalmente esta propuesta, el techo de gasto de 2019 sería de 125.064 millones, un 4,4 por ciento más que en 2018, lo que se traduce en 5.230 millones adicionales.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
