Vicent Soler. Foto: GVAVALÈNCIA. El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha trasladado al Ministerio de Hacienda la propuesta de la Generalitat para proceder al reparto de los fondos extraordinarios para las comunidades autónomas para el año 2021, el conocido como Fondo Covis, dotado con 13.486 millones de euros. La propuesta, como adelantó Valencia Plaza, aboga por la población como criterio básico de reparto en lugar del PIB y pide que se distribuya por tramos, con un tercer tramo específico de 3.000 millones de euros para las comunidades peor financiadas como la valenciana.
"Tal y como apuntó el propio ministerio durante el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, la transferencia extraordinaria para 2021 debe tener como objetivo cubrir las distintas necesidades de gasto de cada una de las comunidades autónomas para hacer frente a la situación extraordinaria derivada de la pandemia, así como proporcionar los recursos necesarios para afrontar la recuperación en igualdad de condiciones", ha señalado Soler tras incidir, por ello, en que "teniendo en cuenta esta perspectiva, el criterio que defenderemos será aquel que mejor refleje nuestras necesidades de gasto".
Así, la Conselleria de Hacienda ha apuntado que "la propuesta de población ajustada, pese a ser mejorable, representa una mejor aproximación a las necesidades de gasto de los territorios" por lo que podría ser la utilizada de forma mayoritaria en la distribución del fondo.
Eso sí, Soler ha incidido en que "a día de hoy la Comunitat Valenciana considera que el indicador de necesidades de gasto más idóneo es el de la población total, dado que no existen evidencias concluyentes de diferenciación de costes de provisión para el conjunto de los servicios públicos autonómicos".
El responsable de Hacienda también ha recordado -en esta línea- que el informe de la comisión de personas expertas para la reforma del sistema de financiación autonómica de 2017 ya señalaba que "sería aconsejable introducir algunas variables nuevas a la fórmula de población ajustada, para que se aproxime más a las necesidades de gasto", así como eliminar algunas variables geográficas que no tienen el suficiente fundamento técnico.
"Es el momento de redefinir cuáles son los criterios de ajuste de la población y sentar las bases de un nuevo criterio para la reforma del modelo de financiación", ha asegurado Soler.
De esta forma, de los dos criterios planteados por el Ministerio (PIB relativo de cada comunidad autónoma o peso relativo de cada autonomía en la población ajustada), desde la Conselleria de Hacienda remarcan que "el nivel de actividad económica de una región no refleja ni sus necesidades de gasto ni sus necesidades financieras para la recuperación", por lo que a su parecer "la elección del criterio PIB supondría reforzar aún más la divergencia regional que actualmente existe".
"Según los últimos datos del INE para las comunidades de régimen común, se aprecia que las regiones más ricas tienen una renta per cápita un 64% superior a las más pobres, una distancia que se ha ido alargando en los últimos años y que se agrandaría aún más si se optase por el criterio del PIB, puesto que este criterio de reparto consolidaría que las regiones pobres y ricas evolucionaran a distintas velocidades".
En cualquier caso, Vicent Soler ha remarcado en su misiva al Ministerio que, con independencia del binomio de variables planteadas "nuestro criterio de reparto no ha variado respecto al que se trasladó por parte del president de la Generalitat al Ministerio de Hacienda el pasado 4 de noviembre, en el que de forma minuciosa se justificaba la necesidad de distribuir en tres tramos diferenciados estos fondos".
"Desde Hacienda planteamos no unificar el reparto de la totalidad del Fondo Covid 2021 en base a un único criterio", ha señalado.
"Nuestra propuesta pasa por dividir los 13.486 millones de euros en tres tramos que sirvan para cubrir los gastos derivados del mayor impacto sociosanitario de la covid hasta abril de 2021; para reforzar el Estado del Bienestar y para garantizar que todas las comunidades autónomas tengan la misma capacidad financiera de afrontar la reconstrucción y recuperación post-Covid en igualdad de condiciones".
El informe que ha trasladado la Conselleria de Hacienda a responsables del Ministerio incluye como primer tramo el reparto de 3.486 millones de euros (un 25% de los 13.486 millones) en base a criterios de impacto sociosanitario en los distintos territorios desde el 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2021. En concreto se plantea que este reparto se haga considerando los casos acumulados (20%), los ingresos hospitalarios covid (40%) y los ingresos UCI (40%).
"En el fondo covid 2020 más de la mitad de los recursos (9.000 de los 16.000 millones) se distribuyeron en función del mayor impacto de la pandemia, utilizando estos mismos criterios, y es entendible que ahora también se considere el esfuerzo sociosanitario de las autonomías más afectadas por la tercera ola", ha apuntado Vicent Soler, quien ha recordado que se han seguido realizando gastos en refuerzo de personal, material de protección y gasto hospitalario, así como de detección y seguimiento de los casos positivos.
"Sólo en los primeros cuatro meses de 2021 ya se han registrado casi la mitad del total de ingresos hospitalarios e ingresos UCI que en 2020", ha reforzado el conseller.
El segundo tramo, que representaría el grueso del Fondo Extraordinario, estaría dotado con 7.000 millones de euros e iría destinado a reforzar el Estado del Bienestar en el conjunto del territorio.
"Las autonomías ejecutamos el 92% del gasto sanitario, el 91% del gasto en educación y más de la mitad del gasto en protección social", ha justificado al respecto el conseller de Hacienda tras recordar que "la llegada de la crisis financiera en 2008 provocó fuertes recortes en los servicios públicos que hoy en día todavía no se han recuperado y el gasto en relación con el PIB de las administraciones regionales es todavía muy inferior al de diez años".
"Los efectos de este deterioro del gasto especialmente en educación y sanidad se han puesto de manifiesto durante la actual pandemia", ha reiterado.
"La incorporación de estos 7.000 millones permitiría converger hacia los niveles de gasto en servicios públicos fundamentales previos a la etapa de los recortes, así como acercar España a los niveles de gasto social asociado a su nivel de renta per cápita en el patrón europeo", ha confirmado Soler tras señalar que el criterio de reparto propuesto para este segundo tramo mayoritario es el de la población de cada territorio o, en todo caso, el de población ajustada "a pesar de que insistimos en que es un indicador mejorable y cuestionable tal y como se encuentra actualmente definido".
Finalmente, el tercer tramo propuesto por la Generalitat estaría destinado a la "igualación de las capacidades financieras de los territorios para la recuperación". "El Gobierno de España ha declarado el ejercicio 2021 como el punto de arranque para la recuperación y en este proceso las comunidades autónomas van a desempeñar un papel relevante, pero nuestras condiciones financieras no son en ningún caso similares".
De hecho, Soler ha citado el último informe de Fedea que reconoce la necesidad de introducir "con urgencia" algunos cambios en el Sistema de Financiación que permitan reducir las desigualdades existentes entre comunidades en términos de financiación por habitante ajustado.
"La capacidad financiera de partida de las comunidades autónomas para poder activar políticas de recuperación no es homogénea como demuestra que, en términos de caja, la financiación por habitante ajustado presenta diferencias de hasta 30 puntos porcentuales entre la comunidad autónoma con más recursos y la que menos, teniendo en cuenta sólo las comunidades de régimen común".
El objetivo, por tanto, de este tercer tramo, dotado con otros 3.000 millones de euros es "corregir las diferencias de recursos financieros por habitante ajustado". Un primer reparto complementaría la financiación (entregas a cuenta 2021 más las liquidaciones de 2019 en términos normativos) de las comunidades autónomas peor tratadas hasta lograr convergerlas con la media. El sobrante se aplicaría entre todas las comunidades con la excepción de la mejor financiada y serviría para eliminar una fracción igual para todas las comunidades autónomas del diferencial de financiación por habitante por habitante ajustado que exista entre cada comunidad y la mejor financiada tras la aplicación del primer reparto.
