FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha señalado este sábado que la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica de 2018 asigna a la Comunitat Valenciana un total de 1.825,6 millones de euros, lo que unido a los recursos asignados por el modelo supone que cada valenciano recibe 2.494 euros del sistema de financiación, cifra que "mantiene a la Comunitat a la cola de España".
"La financiación per cápita que reciben los valencianos es un 8,2% menor que la de la media y se sitúa un 27% por debajo de la que la recibe la región mejor financiada", ha revelado Soler.
El conseller ha lamentado que el actual modelo "sigue generando importantes diferencias de financiación por habitante entre las comunidades de régimen común y eso no es justo". "En España no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, todos tenemos los mismos derechos", ha reclamado Soler.
"Estamos ante una situación insostenible, que además se agrava si tenemos en cuenta la actual coyuntura en la que nos encontramos, haciendo frente a la crisis económica posterior a una pandemia. La infrafinanciación limita la capacidad de reacción de la administración valenciana para la recuperación", ha indicado.
Soler ha realizado estas declaraciones tras conocer las cifras de la liquidación de los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común de 2018, que ha hecho públicos este viernes el Ministerio de Hacienda. La liquidación del sistema de financiación se lleva a cabo dos años después, por lo que esos ingresos se perciben en 2020, ha informado la Generalitat en un comunicado.
El conseller ha lamentado que "con una financiación igual a la media nacional la Comunitat Valenciana recibiría 1.100 millones más, y si tuviera la misma financiación que la región mejor financiada tendría 4.500 millones más". Las cifras de la liquidación definitiva de 2018 "confirman la brecha en la asignación de recursos del sistema de financiación a la Comunitat Valenciana, respecto a la media de las comunidades autónomas de régimen común, y que oscila todos los años en torno a los 1.300 millones".
"Es por esto que pese a gastar menos que la media, seguimos generando déficit por la falta de asignación de recursos del sistema, que se convierte en deuda", ha recalcado Soler. El conseller ha añadido que "la infrafinanciación histórica explica el 45% de la actual deuda valenciana desde el 2002, un porcentaje que se eleva hasta el 70%, se si considera que el problema de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana tiene su origen mucho antes".
Según el conseller, los datos "ponen de manifiesto la imperiosa e inexcusable necesidad de modificar el sistema de financiación autonómico para que esté basado en los principios de suficiencia, con una reordenación vertical de los recursos; el de equidad, con una distribución horizontal entre las autonomías, atendiendo principalmente al criterio de población, porque las personas son las destinatarias de esos servicios esenciales; y el corresponsabilidad fiscal".
Soler ha abogado también por disponer de un fondo de nivelación transitorio hasta la puesta en funcionamiento del nuevo modelo de financiación. Asimsimo, ha reclamado la financiación estatal correspondiente a Sanidad y Dependencia en los Presupuestos Generales del Estado 2021.
De los 1.825,65 millones de euros que corresponden a la Comunitat Valenciana por la liquidación del modelo de 2018, la Generalitat pudo disponer de forma anticipada del 50%, que el Gobierno central avanzó en abril a las comunidades que lo solicitaron para hacer frente al aumento del gasto sociosanitario en el peor momento de la pandemia.
Así, con el ingreso realizado el pasado jueves, día 30, de los recursos pendientes de la liquidación de 2018 y los 449,6 millones del primer tramo sanitario del Fondo covid, la caja de la Generalitat recibió en el plazo aunciado por el ejecutivo central, antes de finalizar el mes de julio, un total de 1.350,66 millones.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
