Sin ánimo de lucro

Entre 2000 y 2011 se celebró en València un evento multitudinario llamado Campus Party, organizado por E3 Futura, asociación "sin ánimo de lucro", como se encargaban de subrayar sus promotores sin ninguna necesidad porque las asociaciones, como las fundaciones, no pueden tener ánimo de lucro, de ahí que gocen de ventajas fiscales. Su objetivo era, según los estatutos de la asociación, "acercar la tecnología, en sus más diversos aspectos, al conjunto de la sociedad".

Con el halo de la ausencia de ánimo de lucro, E3 Futura recibía generosas subvenciones nominativas de cerca de un millón de euros anuales de la Generalitat, además de soporte económico y/o técnico de grandes compañías como Telefónica. Miles de internautas de toda España y parte del extranjero acudían con sus ordenadores y tiendas de campaña a la gran fiesta internáutica de alta velocidad, que tuvo su aquel en aquellos años de despegue de las nuevas tecnologías y que fue imitada en otras ciudades y replicada por la propia E3 Futura.

El problema no era el evento, que fue un éxito, sino lo que había detrás. La asociación no tenía ánimo de lucro, pero sus promotores sí, y se lucraron a base de bien montando sociedades que facturaban a la organización cuantiosas sumas de dinero por supuestos servicios. Para cuando la Sindicatura de Comptes, en uno de sus rastreos aleatorios de subvenciones, vino a descubrir cómo nos la estaban colando a los valencianos, Fabra ya había cerrado el grifo de la subvención y los tunantes se habían marchado a otras ciudades donde mantuvieron el tinglado hasta que, perseguidos por el escándalo, se les acabaron los patrocinadores, vendieron la marca y liquidaron las empresas.

Cuando oigo hablar de fundación o asociación "sin ánimo de lucro" en un contexto de gestión pública me echo la mano a la cartera. Sé que es injusto, que la mayoría de las fundaciones son maravillosamente filantrópicas, pero precisamente esa piel de cordero ha servido de disfraz a espabilados con mucho ánimo de lucro. Me vienen a la memoria nombres como Fundar, la Fundación V Encuentro, Cyes, Nóos... todas ellas privadas pero generosamente regadas con dinero público que se gastó sin control en beneficio de amigos y familiares.

La perversión se produjo hace años por tres razones: el atractivo de los beneficios fiscales que tienen estas organizaciones, la posibilidad de recibir subvenciones y el escaso control por parte de las administraciones. Es el marco perfecto para los granujas: montar una fundación "sin ánimo de lucro" —pleonasmo en el que insisten para evitar recelos—, pedir subvenciones porque no van a ser ellos los que pongan el dinero, y a vivir del cuento. La mayor prueba de adulteración de las fundaciones es que los partidos políticos montaron las suyas con el objetivo de recibir generosas donaciones privadas burlando la ley de financiación de partidos políticos, que hubo que modificar cuando la cosa se desmadró.

Uno de los ejemplos más sangrantes es la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana (Fundar), impulsada en 2001 por el entonces conseller Rafael Blasco como "fundación privada" a pesar de que el 80% de sus fondos los ponía la Generalitat y el otro 20% Bancaja. La mayoría del dinero recaudado se iba en sueldos de seis dígitos de los dirigentes del chiringuito, amigos de Blasco.

Así que, aunque pueda ser injusto para la mayoría de las fundaciones, uno solo se fía de aquellas que se ajustan a lo que la ley española define con precisión: "organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general". Es decir: una persona o grupo de personas adineradas o con capacidad para atraer donaciones de particulares y empresas que destinan ese patrimonio a fines de interés general (científicos, sociales, educativos, culturales…).

En cuanto a las que se financian con dinero público, conviene aplicares las mismas prevenciones que a las administraciones, que tampoco tienen ánimo de lucro pero están dirigidas por personas que pueden caer en la tentación de lucrarse o lucrar a sus amigos.

Viene todo este preámbulo a cuenta del asunto de la Fundación Unidad Ellis Alicante, del que este periódico ha venido publicando diversas informaciones relacionadas con la subvención de 1,5 millones de euros que va a recibir. La consellera Carolina Pascual se mostró sorprendida el otro día en À Punt y hasta dijo sentir "pena" porque se cuestione este proyecto que quiere poner Alicante y la Comunitat Valenciana a la vanguardia de la inteligencia artificial en Europa.

La consellera no lo ha entendido bien. No se cuestiona el proyecto, se cuestiona el procedimiento seguido por la Conselleria de Innovación y, sobre todo, el control del dinero público, que es finito y, en el caso de la ciencia y la investigación, escaso. Y no lo cuestionamos solo nosotros, lo hace la Abogacía de la Generalitat, que en un reciente informe expresa sus dudas sobre la naturaleza privada de la Fundación Ellis, dada la procedencia del dinero que va a manejar, abrumadoramente pública, cuestión a la que no responde el director general de la conselleria Juan Ignacio Torregrosa porque no lo considera relevante a efectos de otorgar la subvención.

Llamamos la atención, porque es nuestra obligación señalar, sobre el hecho de que esta subvención a dedo, sin proceso competitivo, recaiga sobre una organización promovida por la comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la Inteligencia Artificial, Nuria Oliver, asesora, por tanto, de Ximo Puig en la materia, mientras otros investigadores, en esta y otras disciplinas, tienen que competir por el resto de subvenciones destinadas a ciencia y tecnología.  

También llamamos la atención sobre el hecho de que el convenio lo vaya a firmar una consellera cuyo esposo es uno de los promotores de la fundación, por lo que, salvo que la consellera de Transparencia, Rosa Pérez, nos diga lo contrario, pensamos que debería abstenerse por conflicto de intereses, a no ser que el caballero, que ha puesto 1.000 euros en la fundación, no tenga ningún interés en que Ellis sea subvencionada.

Nos hacemos eco, asimismo, de cómo el informe de la Abogacía viene a decir que el convenio inicialmente redactado tenía importantes carencias en lo que se refiere al control del dinero entregado, algo que llama la atención porque la Generalitat habrá redactado cientos de convenios para conceder subvenciones y se supone que a todo el mundo se le imponen las mismas obligaciones de transparencia y justificación de gastos.

Y no tenemos más remedio que trasladar a los lectores que Torregrosa, en respuesta a la Abogacía, afirma que no sabe dónde radica el centro de trabajo de la Fundación Ellis, ni si tiene estructura, y que cree que no tiene actividad alguna, a pesar de que hace seis meses ya recibió 120.000 euros de la Generalitat. 

Tampoco nos queda otra que informar de que la fundación no ha conseguido en más de un año, que se sepa, ningún patrocinador privado a pesar de ser un proyecto tan interesante, con la de gigantes de la tecnología que hay en España y en Europa. O que el otro día se cambió la Ley de Presupuestos de 2021 para que la fundación pudiese recibir la mitad de la subvención de forma anticipada. Y subrayar que 300.000 euros del dinero aportado cada año por los valencianos servirán para contribuir a los gastos de la organización Ellis europea, que no tendrá que rendir cuentas ante la Generalitat sobre el destino de esos fondos.

Lo peor que le podría pasar al proyecto Ellis es que la Generalitat, la oposición y la prensa dejáramos de preguntarnos por el destino del dinero público, obnubilados por el proyecto liderado por una investigadora de prestigio que acaba de recibir el Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías, porque no son pocos los escándalos en todo el mundo en los que se han visto involucrados científicos de primer nivel y fundaciones dedicadas a la investigación. Y como en la Comunitat Valenciana estamos escarmentados, no tenemos más remedio que hacernos preguntas.