Vicent Soler, Mónica Oltra y Ximo Puig. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Generalitat tendrá libertad total para contratar servicios y adquirir suministros en el menor tiempo posible relacionados con la lucha contra la pandemia del coronavirus. La extrema urgencia por contar con equipamiento sanitario como respiradores y toda clase de elementos de protección o para contratar obras como la reforma de la antigua Fe o la construcción de hospitales de campaña han obligado al Consell a eliminar toda la burocracia de la contratación ordinaria para agilizar al máximo los plazos.
Para ello, el Gobierno valenciano ha recurrido al Decreto Ley aprobado el pasado viernes para regular las ayudas de las consellerias de Economía y la de Hacienda a los autónomos para incluir disposiciones adicionales que le permiten saltarse el procedimiento de contratación habitual y recurrir a la tramitación de emergencia para todo lo que tenga que ver con la lucha contra la pandemia.
De ese modo, cualquier medida "directa o indirecta" tanto de las conselleries como del sector público de la Generalitat para hacer frente al Covid-19 justificará la tramitación de urgencia según lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público por la necesidad de inmediatez.
Esa tramitación de emergencia exime de la obligación de tramitar expediente de contratación y faculta a la administración a ejecutar "lo necesario" para "satisfacer la necesidad sobrevenida o contratar libremente su objeto" sin someterse a los parámetros de la contratación ordinaria, ni siquiera en lo que se refiere a la existencia de crédito suficiente para contratar. En este supuesto, se podría dotar a posteriori.
Además, la entrega de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas para la protección de la salud frente a la Covid-19 se podrá realizar a justificar sin que
sea aplicable lo establecido respecto a las garantías en la Ley de Contratos del Sector Público.
En casos debidamente justificados y excepcionales, previa autorización del conseller o consellera al que competa, el Consell podrá adelantar hasta el 100% del gasto para acciones preparatorias por parte de la empresa contratista. Solo se exige informar de inmediato al conseller de Hacienda.
Precisamente este lunes, el director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, llamó la atención sobre la necesidad de no relajar los procedimientos de control en la contratación con el pretexto de la urgencia que impone la crisis sanitaria. A través de una resolución del pasado 27 de marzo, Llinares valora las medidas de emergencia adoptadas hasta entonces ante el estado de alarma y alerta de que, en estas crisis, "es muy probable que los comportamientos corruptos para obtener réditos de esta situación se incrementen".
Por ello, asegura, "resulta imprescindible mantener los procedimientos y los métodos adecuados que permitan su detección y control". "El dinero público debe llegar pronto a las personas y entidades que realmente lo necesitan y ello requiere una gestión rápida y transparente de los trámites que no debe ser óbice para que, también, tomemos todas las medidas a nuestro alcance para minimizar incidencias que puedan ocasionar riesgos de corrupción", sostiene Llinares.
En concreto, el director de Antifraude se refiere a que deberían haberse mantenido los controles previos "y no se comprende la motivación de decisiones ya adoptadas sobre la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente".
Llinares apunta a las medidas excepcionales de carácter económico dictadas hasta el 27 de marzo, especialmente a aquellas cuya gestión corresponde principalmente a las entidades locales.
