VALÈNCIA. Los institutos comenzarán en septiembre con la aplicación de la ley de Plurilingüismo (PEPLI), impulsada por al Botànic durante su primera legislatura, que exige un mínimo del 25% de la impartición del temario en valenciano y otro 25% en castellano, así como un 15% o un 25% en inglés. Así lo han aplicado este curso 2020-2021 los centros públicos de Primaria y lo implementarán los IES tras un año de prórroga por la covid, dado que los consejos escolares y los claustros de profesores no se pudieron reunir a tiempo para preparar los planes lingüísticos.
Ahora, los centros de Secundaria ya tienen los programas preparados, que cerraron a finales de febrero, pero sindicatos y asociaciones valencianas estudian los criterios de mejora de la ley para reforzar el uso del valenciano en las aulas. Por ello, este viernes se reunieron los portavoces y presidentes de Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y del sindicato mayoritario en educación, Stepv, para trasladar a la Conselleria sus propuestas sobre cómo "garantizar la consolidación y extensión de la enseñanza en valenciano".
En concreto, hacen hincapié en la necesidad de aplicar un "criterio de continuidad", es decir, de asegurar que los alumnos que pasan al instituto cuenten con las mismas horas lectivas en la lengua local que las que recibían en Primaria. Además, desde Stepv explican a este periódico que el estudiantado "debe tener el mismo conocimiento tanto de valenciano como de castellano".
Algo que, según afirman, "solo ocurría antes de la nueva ley, con el programa de inmersión lingüística", es decir, con el que los centros impartían la mayor parte de la línea en valenciano. De hecho, instan al departamento de Marzà a volver a este modelo, dado que casi 70 institutos de comarcas valencianoparlantes presentaron a principios de año una carta ante la Conselleria para denunciar la obligatoriedad de tener que impartir un porcentaje mínimo en español.
Además, una de las reivindicaciones que se desprenden de esta reunión es la "creación de instrumentos de verificación y evaluación de los datos", lo que se traduce en la realización de un seguimiento por parte de los centros para comprobar si las medidas para fomentar el plurilingüismo se cumplen a lo largo del período lectivo. "Puede ser que el profesor imparta las clases de educación física en inglés al principio, pero como los alumnos no tienen suficiente nivel, cambian al valenciano o castellano a mediados de curso", determina Marc Candela, portavoz de Stepv.
Por ello, insisten en "reforzar el conocimiento de la lengua" mediante el desdoblamiento de las clases y el aumento de profesorado de asesoramiento, encargado de asistir a los centros en la elaboración de planes lingüísticos, pues aseguran que con la nueva ley, el número de profesionales en este ámbito "se ha reducido" y añaden que además hay "otras lenguas aparte del valenciano y el inglés", lo que requiere de "un mayor apoyo".
Al mismo tiempo que sindicatos y asociaciones proponen mejoras para reforzar el valenciano en la enseñanza, la plataforma 'Hablamos Español' se encuentra en pleno proceso de recogida de firmas para la proposición de una iniciativa legislativa popular (ILP) ante las Cortes Valencianas; la "ley de libertad de elección de lengua".
Se trata de un texto que recoge las bases para que los centros educativos escojan la línea vehicular de enseñanza, de modo que puedan prescindir del uso del valenciano, a excepción de la asignatura de 'Valencià: Llengua i Literatura'. "En las zonas valencianoparlantes también hay ciudadanos que tienen como lengua familiar el español y tienen el mismo derecho que las personas que viven en zonas en las que se habla más castellano", aseguran desde el organismo.
Entre otras modificaciones, el documento prevé la exención de la nota en esta asignatura durante tres cursos académicos del alumnado "que se incorpore al sistema educativo de la Comunidad Valenciana; procedente de otra parte del territorio nacional o del extranjero", contará con esta facilidad "a partir del último ciclo de primaria, este incluido".
También, en caso de que el estudiante bajo estas condiciones "se matricule en alguno de los cursos de Bachillerato, tendrá la exención durante todo el ciclo". Sin embargo, el proyecto de ley puntualiza que los jóvenes "deberán asistir regularmente a las clases de valenciano" y "de no cumplir con es deber; perderán el derecho a exención".
Asimismo, contempla una mayor flexibilidad en los requisitos de acceso a plazas de funcionariado: "no será necesario que todos los empleados públicos conozcan el valenciano". "Podrá exigirse el conocimiento del valenciano exclusivamente cuando la naturaleza del puesto de trabajo así lo requiera", según indica el artículo 4 del ILP sobre las relaciones individuales con la Administración.
Así pues, ante la incorporación de la PEPLI en los institutos, desde el organismo continúan adelante con la suma de apoyos tras un año de parón por la covid: "estamos intentando romper el sistema desde dentro; animamos a los padres a que sus hijos a utilicen el español en el aula, sabemos que se puede hacer y que es legal". Por ahora, optan por no desvelar la cifra sobre número de firmas recogidas y se mantienen a la espera de contar con el apoyo de los principales partidos de la oposición.