Fran Ferri y Manolo Mata. Foto: CORTS/ INAM CABALLERVALÈNCIA. Junto a la agencia antifraude, la reforma de la ley del Estatuto de expresidentes de la Generalitat Valenciana fue uno de los proyectos estrella de Podemos al inicio de la presente legislatura. Aunque la iniciativa no consiguió ver la luz y fue rechazada por unanimidad cuando llegó a un pleno de Les Corts tras superar todo un trámite parlamentario, la formación morada rescató su propuesta cuando Francisco Correa, el máximo cabecilla de la trama Gürtel, confesó antes de que se iniciara el juicio de la financiación ilegal de los populares valencianos en la Audiencia Nacional que el PP de Francisco Camps había pagado en 'b' a Orange Market.
El PSPV, no obstante, ya advirtió a Podemos –antes de conocer las reformas que plantearían esta vez a la ley– que no apoyarían la iniciativa que pretendía quitarle ciertos privilegios a los Molt Honorables como los coches oficiales, el uso de oficinas o que dejaran de ser miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Pocos días después el grupo parlamentario que lidera Antonio Estañ registró aún así su nueva propuesta de modificación de la ley. Este viernes, finalizó el plazo de presentación de enmiendas, y la posición de cada grupo parlamentario sigue siendo la misma.
El texto de los morados contempla varios cambios. Con el que existe mayor discrepancia es que los expresidentes pasen a formar parte del Comité Económico y Social (CES), pero no del CJC. Un órgano en el que piden que sólo permanezcan un máximo de 5 años no prorrogables y que sea incompatible "con el ejercicio de cualquier lugar de responsabilidad ejecutiva en las administraciones públicas.
Mientras Compromís estaría de acuerdo con esta redacción, el PSPV pide suprimirla por completo. Acción que quiere que se repita también con el siguiente artículo de la ley, que contempla la posibilidad de revocar "el trato y los medios" de los que disponga el exjefe del Consell si "un tercio del número total de diputados de Les Corts que pertenezcan como mínimo a dos grupos parlamentarios distintos" lo propongan en caso de que éste haya sido condenado por sentencia firme por un delito contra la administración pública. Asimismo, para que esto pueda consumarse, fijan que la revocación debe ser aprobada "por la mayoría reforzada de dos tercios de los votos". Tampoco a este punto la coalición valencianista ha presentado ninguna enmienda, por lo que estarían dispuestos a respaldarlo.
Otra de las modificaciones que Podemos quiere que se introduzca es que se establezca un mayor control del uso de oficinas y otros servicios de los que dispone la Generalitat. Así, la reforma de Podemos describe que en los desplazamientos "fuera del territorio de la Comunitat Valenciana para dar cumplimiento a una tarea específica de representación o defensa de los intereses de la autonomía encargada por el Consell" los expresidentes puedan disfrutar "del apoyo de los servicios y oficinas, como la que tiene en Madrid y Bruselas". Ahora bien, pide que estas sólo se utilicen "para funciones estrictamente necesarias por la tarea encargada".
Sin embargo, los socialistas eliminan esta última parte para no limitar los recursos que estén a disposición de los exjefes del Consell. Esta última reforma, no obstante, sí que es respaldada por Ciudadanos y Compromís.
