VALÈNCIA. A escasos dos meses de que se disuelvan Les Corts, todavía quedan muchas leyes, y por tanto debates, que abordar en el Parlamento valenciano. De las 15 que el Consell y Podem fijaron como prioritarias en el acuerdo presupuestario que sirvió para dar luz verde a las últimas cuentas del Ejecutivo del Botànic, siete siguen pendientes de ser aprobadas (o rechazadas): Estructuras Agrarias, Sindicatura de Greuges, Seguridad Ferroviaria, Titulizaciones Hipotecarias, Diputaciones, Estatuto de Expresidents, y Prevención de Residuos y Economía Circular.
Existe una amplia sintonía entre los socios del tripartito para sacar adelante las cuatro primeras, pero no ocurre lo mismo con las tres últimas. Una terna de leyes impulsadas por la formación morada que dirige Antonio Estañ que se han topado con las reticencias del PSPV en varias fases de su tramitación, pero que sin embargo sí han contado con el respaldo de Compromís. Así, las tres normas han servido no solo para que Podem expresara su 'voluntad' y postura en ciertas cuestiones -ya que las leyes tienen pocos visos de prosperar-, sino también para ahondar en las diferencias que existen entre los dos partidos de gobierno.
Con esto, no es de extrañar que la mera proximidad del debate en la agenda parlamentaria incomode en cierta medida al grupo socialista. Si el partido de Pablo Iglesias decidiera utilizar estas tres bazas para marcar un perfil propio y comenzar a distanciarse así de socialistas y valencianistas de cara a las próximas elecciones -algo que incluso sería comprensible, dada la debacle que le ofrecen las encuestas- no supondría un menoscabo desmesurado para el Botànic. No obstante, si a ese tren se subiera también la UTE electoral formada por Bloc, Iniciativa y VerdsEquo, el tamaño de la grieta que generarían estos debates no sería el mismo, pues Compromís forma parte del Consell.
Así, exhibir las disensiones que guardan en los últimos plenos de la legislatura se ha convertido en uno de los escenarios menos deseados por los socialistas. Más aún con las encuestas ofreciendo posibilidades de gobernar al PP con el apoyo de Ciudadanos y Vox, tal y como ha sucedido en Andalucía. Estas son las leyes (y debates) que incomodan al PSPV:
-Ley de Prevención de Residuos y Fomento de la Economía Circular. Se ha convertido en una verdadera mosca de verano para los socialistas. Registrada en agosto de 2018 por el grupo de Estañ, incluye todo un paquete de medidas entre las que los morados recuperan el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (conocido como SDDR), una de sus principales batallas de esta legislatura que el Consell enterró en uno de sus seminarios tras la crisis que desató en el seno de la propia Conselleria de Medio Ambiente. Desde que se planteó por primera vez, despertó un férreo rechazo entre los empresarios -alegaban que tenía un elevado coste y apenas afectaba al 9% de los envases-, motivo por el cual el PSPV nunca se mostró convencido y logró frenarlo. Con su inserción en la ley de Economía Circular, el debate vuelve a reavivarse.
Ahora bien, la norma de Podem no solo incluye el SDDR. También plantea otras cuestiones como que no se distribuyan bebidas en envases de un solo uso en edificios o en eventos públicos; que se promueva la instalación de fuentes de agua potable; o que en los establecimientos hosteleros sea obligatorio ofrecer a los clientes la posibilidad de consumir agua no envasada de forma gratuita de manera que se reduzca la producción de desechos. Otro aspecto sobre el que la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ya planteó sus contrariedades en la fase de participación. En la comisión de Les Corts explicaron que el "agua embotellada" protege las propiedades del agua mineral, facilita su transporte y almacenamiento.
Especial atención hicieron también al apartado que prohíbe que todo producto alimentario que pueda venderse a granel, se comercialice de ese modo y no envasado en plástico. Una cláusula que dificultaría la prevención de la contaminación cruzada de alimentos en supermercados y el control de alérgenos, especialmente. Así, la CEV concluía en sus alegaciones que era "prácticamente imposible cumplir, conforme la normativa europea y operativa de gestión de comercios" este punto del articulado.
Además, también veta la fabricación de productos con objetivos de obsolescencia programada. Algo que consideraban que generaba "inseguridad jurídica" -se preguntaban cómo controlar la compra on-line- y una desventaja competitiva para las empresas valencianas respecto a empresas de otras comunidades autónomas que sí pudieran fabricar y vender en otros mercados. En definitiva, una ley que choca frontalmente con la patronal empresarial -a excepción del apartado que contempla la creación de la Agencia Valenciana de Residuos (AVR) y la Oficina de Prevención de residuos, con los que sí estarían de acuerdo- y de la que en el PSPV no quiere oír hablar, pero en la que Podem podría encontrar el respaldo de Compromís si la pata verde de la coalición hiciera fuerza para defenderla. Aunque la minoría parlamentaria con la que cuentan imposibilitaría su validación, los socialistas temen el tono que pueda alcanzar el debate.
-Ley de Diputaciones. Los morados presentaron una Proposición de Ley para que los órganos provinciales sólo ejercieran las facultades propias, aquellas que no son de interés general de la Comunitat Valenciana y, el resto, pasaran a ser asumidas por la Generalitat. El texto, sin embargo, fue reescrito por el PSPV antes de ser registrado porque lo planteado por Podem dejaba en el limbo algunas cuestiones tales como qué sucedería con el Presupuesto que reciben las diputaciones del Estado si el grueso de las competencias pasara a asumirlas el Gobierno valenciano, y qué ocurriría con el personal empleado en ellas.
Ahora bien, lo cierto es que de las tres normativas comprometidas, esta sería la que menos incordiaría al grupo que lidera Manolo Mata, ya que según dijo el propio síndic el pasado martes, su aprobación no tendría ninguna "transcendencia" a efectos prácticos "porque el redactado no cambia nada" del modelo actual. Lo único que hace es recoger cuáles son las competencias exclusivas de las diputaciones y exponer que hay otras -sin especificar cuáles- que puede delegar a la Generalitat. Esto es, la redacción no especifica que se vayan a vaciar de competencias las diputaciones.
-Estatuto de Expresidents. Después de que se bloqueara la primera vez, Podem volvió a plantear en enero la reforma de esta norma para que los Molt Honorables cuenten con menos "privilegios" de los tienen: coche oficial, oficina, conductor, así como que pasen a ser miembros natos del Consejo Económico y Social (CES) y no del Consell Jurídic Consultiu (CJC).
La votación de las enmiendas a esta ley generó uno de los debates más broncos entre los tres partidos del Botànic: el PSPV se alineó con el PPCV en todas las votaciones y evitó cualquier tipo de cambio sustancial en la norma actual. Un escenario que dejó en minoría a Compromís y Podem, que advirtieron que de repetirse los posicionamientos en el pleno terminarían rechazando la ley. Con los socialistas ocupando la Presidencia de la Generalitat, esta reforma se ha convertido en otra piedra en el zapato.
