Fotos PEPE OLIVARESALICANTE. El camino de la política parece agotado y, salvo sorpresa, la legalidad del Fondo de Cooperación Municipal, instrumento en el que participación diputaciones -no la de Alicante- y la Generalitat- deberá ser revisada por el Tribunal Constitucional. Así lo ha anunciado el presidente de la institucional provincial -y presidente regional del PPCV- Carlos Mazón, después de la reunión bilateral entre ambas instituciones celebrada este lunes en Alicante. Si no hay cambios de última hora, ley del Fondo de Cooperación, que distribuye 66 millones -faltarían los 14 millones que corresponde a Alicante-entre los municipios en función de su población y otros criterios objetivos, será aprobada en dos meses por las Cortes Valencianas, con el aval de los partidos del Botànic. Y el PP lo llevará al Constitucional.
Los meses de debate, tanto públicos como en sede parlamentaria, no han acercado ninguna postura entre PP y Cs (y Vox) y las formaciones de izquierda. Todo sigue igual: existe acuerdo entre las diputaciones de Valencia y Castellón y hacen transferencias a los ayuntamientos de sus provincias, pero no con Alicante, cuyos municipios sólo reciben la aportación de la Generalitat. ¿La discrepancia? Si la futura Ley del Fondo de Cooperación debe obligar o no a las diputaciones a participar y, por tanto, a poner la parte económica que les corresponde en este instrumento de ayuda a los municipios. En ese caso, conviene recordar que la transferencia de dinero a los consistorios es incondicionada; es decir, el receptor puede destinarla a lo que ellos consideren. Hasta el momento hay unos criterios de reparto; la futura ley por el momento no incluye criterios de reparto.
Para Mazón, la ley del Fondo de Cooperación "obliga" a las diputaciones y por ello, Alicante rechaza sumarse mientras que Such no ve "obligatoriedad" y sí que destaca, por contra, la "coordinación" y "colaboración" con las instituciones de Valencia y Castellón, razón por la que ha emplazado -una vez más- a Mazón a unirse el próximo año y a participar en el desarrollo de los criterios de la normativa.
"Nosotros vemos que la Ley obliga, para nosotros es una imposición y entendemos que puede vulnerar la Constitución, por lo que no lo descartamos; nosotros no vemos la parte de la colaboración ni la coordinación, vemos que la Ley directamente obliga a las diputaciones", ha expuesto en la rueda de prensa. Considera Mazón que hay distintos puntos de vista sobre este fondo algunos son "evitables, algunos mejorables y tratables" y mantienen una "clara discrepancia" en el punto de esa "obligatoriedad" de participación, donde no ve que se pueda avanzar.
Para Mazón, las diputaciones, como entes locales, "deberían ser receptores del fondo de cooperación y no aportadores" y se ha mostrado aliviado por haber abordado "con buena perspectiva que el criterio de reparto no beneficia a los pequeños municipios como sí hace el fondo alternativo que tiene la Diputación provincial, aunque en el borrador de Ley no fija un criterio concreto de reparto por lo que sería posible avanzar en ese camino". Además, el dirigente alicantino ha asegurado que Puig se comprometió a no trasladar el borrador a Les Corts hasta que no se abordara primero en esta Comisión Bilateral, hecho que, sostiene, no se ha producido.
Por su parte, Such ha lamentado que "por desgracia la Diputación de Alicante no se ha sumado de manera voluntaria en ninguno de los años" mientras que las de Valencia y Castellón "consideraron que era muy importante ayudar a los municipios a través de ayudas objetivas y de mecanismos que ayudan a crecer a los municipios más pequeños". Así, en la comparecencia, ha solicitado de nuevo a la institución "que se incorpore a través de los remanentes", aunque ha agregado que "difícilmente vamos a poder llegar en estos momentos a un acuerdo después de cinco años de voluntariedad en el decreto de la propia Ley". "Yo no hablaría de obligatoriedad de la Ley sino de coordinación y colaboración entre las distintas administraciones para poner a disposición de los municipios recursos económicos de manera incondicionada, objetiva y equitativa", ha añadido.
Más allá del choque con el Fondo de Cooperación, en el que las posturas ya son irreconciliables, Diputación de Alicante y Generalitat sí que han mostrado mejores sensaciones en otras cuestiones, como los fondos europeos y la situación de las "competencias impropias" asumidas por la institución provincial.
Respecto a los fondos europeos, Mazón ha resaltado la "buena sintonía" al respecto y ha destacado que se ha trasladado una propuesta concreta "siempre pensando en los municipios de la provincia y de la Comunitat" que menor capacidad administrativa tienen para asumir las gestiones de los mismos. "Hemos planteado a la Generalitat que las diputaciones podamos ser receptoras de fondos y poder ejecutarlos en nombre de los ayuntamientos que muchas veces no tienen la capacidad para ello", ha indicado. Asimismo, ha añadido que se trata del "inicio de un camino y que vamos a avanzar en él" con una reunión este jueves para que las diputaciones sean receptoras y gestoras de "muchos millones de euros que son importantes para los municipios".
Por otro lado, respecto a las competencias impropias de la Diputación, Mazón ha explicado que se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de una mesa para las competencias de salud mental de la institución alicantina para que la operatividad y organización de estos profesionales sanitarios en la provincia "mejore"."La pelota está en el tejado de la Generalitat, por lo que se trasladará a la Conselleria de Sanidad la posibilidad de iniciar el camino de estas competencias, siguiendo la misma estela que con los servicios sociales", ha expuesto Mazón.
También se ha abordado la situación de "déficit cultural" que sufre la provincia a juicio de la Diputación, la centralización de los servicios de información y coordinación de urgencias (CICU) así como proyectos fundamentales para potenciar el turismo de congresos en la provincia de Alicante con las sedes previstas Alicante y de Elche.
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Es la primera reunión bilateral que se celebra entre la Diputación de Alicante y la Generalitat. Por parte de la institución provincial, además de Mazón, han estado presentes la vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, la vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, y el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez. Por parte de la Generalitat Valenciana, con la presencia del secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix, el secretario autonómico de la vicepresidencia primera, Jorge Iván Castañón, y el director general de Administración Local, Antoni Such.
La vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, ha puesto sobre la mesa durante el encuentro de la Comisión Bilateral "el desfase territorial abismal que existe en cuanto al reparto financiero del gasto público cultural de la Generalitat por provincias, con un claro y elevado desequilibrio de Alicante, que deja de percibir más de quince millones de euros al año, conforme a su población, en relación con las otras dos provincias".
Parra ha detallado que solo en la gestión y financiación de los principales centros culturales, MARQ, MUBAG, ADDA e Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, la institución provincial "asume un coste financiero de más de 12 millones de euros que no realizan las diputaciones de Valencia y Castellón porque en esas provincias el gasto para instalaciones y ofertas culturales similares lo asume la Generalitat".
Por último, Such ha detallado respecto a las ayudas paréntesis que se han distribuido más del 70% de las ayudas en la provincia de Alicante a través de los distintos ayuntamientos, aunque faltan "algunos municipios" que cuentan con más autónomos y empresarios a los que se "ayudará y dotará" con recursos económicos.
