Los operarios del servicio, en plena labor de limpieza. Foto: PEPE OLIVARES
27/03/2021 -
ALICANTE. Llega la hora de las conclusiones en la comisión de fiscalización sobre la contrata de limpieza viaria de residuos y recogida de la basura, a partir de las propuestas formuladas por las seis formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de Alicante. En principio, como ya sucedió con las conclusiones de la comisión sobre la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales, no parece que vaya a existir un entendimiento fácil a la hora de consensuar ese dictamen final, a tenor de las apreciaciones formuladas por el equipo de gobierno y por los grupos de la oposición. A grandes rasgos, cada formación ha mantenido el guión esperable en la defensa de sus respectivas responsabilidades.
En primer término, el bipartito compuesto por PP y Cs atribuye los problemas existentes en la prestación al ajuste de costes que se tuvo que aplicar durante su licitación, en el año 2013 (como consecuencia de las limitaciones que conllevó la implantación de un Plan de Ajuste forzado por el Ministerio de Hacienda), y presume de haber reforzado el control sobre el cumplimiento del contrato, tras la desidia y la adopción de decisiones erróneas que atribuye a los partidos del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) entre 2015 y 2018.
En esta línea, PP y Cs consideran que en esos tres años, se trató de poner el foco en la posibilidad de resolver el contrato, en lugar de mejorar su aplicación. Así, apuntan que se recortó el importe del servicio y se redujeron prestaciones, que no se invirtió en renovar maquinaria en los años previstos por contrato y, además, la que se incorporó, se sometió a una sobreexplotación que limitó su operatividad. A juicio de PP y Cs, todas esas decisiones constituyen "errores" que tuvieron repercusión en los años siguientes.
Sin embargo, según PP y Cs, ese rumbo comenzó a rectificarse en 2018, con la llegada del PP a la Alcaldía. Un año después, en 2019, se consiguió la incorporación de cuatro inspectores municipales adicionales hasta disponer de doce. Y, además, según su propuesta de conclusiones, se exigió a la contratista -la UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica- instrumentos previstos en el contrato para mejorar el seguimiento municipal sobre la prestación, como las claves para acceder al sistema de geolocalización o al sistema de pesaje de residuos, entre otros puntos.
El bipartito defiende que las decisiones adoptadas bajo el mandato del extinto tripartito fueron erróneas e incidieron en el futuro de la prestación
Además, PP y Cs subrayan que, a partir de septiembre de 2018, se inició el proceso para la redacción del nuevo Plan Local de Residuos y el Proyecto de Gestión del Plan Zonal de Alicante que resulta necesario para volver a licitar el servicio, tras su vencimiento, el próximo mes de septiembre. Y no escatiman en detallar otras iniciativas encaminadas a mejorar la prestación, como la instalación de más contenedores para el reciclaje de plástico, se logró la adscripción de policías al servicio para aplicar sanciones por comportamientos incívicos, y se llevó a cabo una tercera modificación del contrato (con el consiguiente incremento de costes) para incorporar prestaciones no previstas y se aplicaron sanciones y minoraciones en los pagos a la UTE tras la detección de incumplimientos.
De igual modo, PP y Cs sostienen que entre 2015 y 2018 también se fracasó en la implantación de la recogida selectiva de residuos orgánicos, para la que el bipartito sostiene tener ya un proyecto perfilado (a la espera de que se pueda decidir sobre la concesión de una prórroga temporal del contrato), y recalca que, en ese trienio, tampoco se hizo nada por disponer de una auditoría económica sobre la prestación, que el bipartito sí ha promovido. Por último, consideran que los objetivos con los que se constituyó la comisión se han cumplido y que se ha proporcionado la información solicitada por los grupos de la oposición para que pudiesen realizar su trabajo de fiscalización.
En definitiva, en ese análisis, PP y Cs sostienen que la prestación del servicio ha mejorado a lo largo del último año y medio, sin dar cabida a un atisbo de autocrítica. Eso sí, ya se encargan los grupos de la oposición de señalar las deficiencias que, a su juicio, se pueden seguir observando en el control del contrato.
De hecho, los cuatro grupos opositores ofrecen una perspectiva completamente diferente en sus respectivas propuestas de conclusiones, sin llegar a abordar un juicio crítico sobre la gestión del contrato llevada a cabo bajo el mandato del tripartito (salvo en el caso de Vox). Entre ellos, el PSOE sostiene que los objetivos de la comisión no se han cumplido por el retraso en su constitución y por lo que califican de bloqueo en la entrega de documentación y falta de transparencia. Además, considera que el contrato resulta ineficaz; que no se dispone de los 20 inspectores que según los técnicos resultarían necesarios; que no existe evaluación del servicio durante los fines de semana; que se ha superado el índice de absentismo de la plantilla como se había advertido durante la valoración de la oferta de la UTE que finalmente resultó adjudicataria; o que no se cumplen las medidas de control previstas en el contrato.
De igual modo, el PSOE subraya que la imposición de sanciones ha sido mínima por un deficiente control; que el contrato elude cualquier posibilidad de riesgo y ventura para la adjudicataria, como se habría visto con la aprobación del tercer modificado del contrato; que las inversiones incorporadas en ese modificado resultan cuestionables en el último año de concesión; que no se han cumplido los objetivos de recuperación del Plan Integral de Residuos y que no se ha previsto ninguna solución para ello cuando, según subraya, en la comisión se habría constatado que al vertedero de la planta de tratamiento le podrían quedar solo dos años de vida útil.
Los miembros de la comisión sobre el contrato, durante su primera reunión.
Por su parte, el grupo municipal de Unides Podem considera que el análisis del contrato que se ha podido abordar durante los trabajos de la comisión apuntan la necesidad de se acuerde la remunicipalización del servicio. Por un lado, la confluencia considera probada "la ineficiencia, ineficacia y falta de compromiso con la limpieza de la actual empresa encargada de la contrata. Alicante es una ciudad que está objetivamente sucia, algo sobre lo que existe abundante documentación gráfica y que es fácilmente comprobable a poco que se camine por las calles, especialmente la de nuestros barrios. El malestar de la ciudadanía es evidente, como demuestra la Coordinadora Alicante Limpia, un colectivo constituido precisamente para denunciar la situación de abandono y suciedad que padece la ciudad", añade.
Como el PSOE, Unides Podem también abunda en que Alicante "está muy lejos de alcanzar los objetivos europeos de reciclaje, que marcan como necesario y obligatorio a partir de 2020 reciclar un mínimo del 50% de los residuos, mientras que los datos se sitúan en un escaso 9% de residuos reciclados. La ineficiencia es tan evidente que necesita ser abordada con un cambio de paradigma, que para Unides Podem para por estudiar una remunicipalización del servicio".
De hecho, su edil Vanessa Romero apuntó, a través de un comunicado, que "tenemos suficientes elementos de juicio para concluir que la limpieza en Alicante es un auténtico desastre, que el pliego tenía numerosas carencias y que hemos pagado a precio de oro una gestión ineficiente e ineficaz, que nos ha situado como la segunda ciudad más sucia del país y a una distancia intolerable de lo que marca la UE en reciclaje".
Para Romero, "en un contexto de emergencia climática y en el que la sociedad es cada vez más consciente de la problemática y consecuencias de no realizar una adecuada gestión de los residuos, conviene apostar por nuevas formas de gestión, orientadas al bien común y no al beneficio empresarial". Por ello, Romero volvió a defender "la creación de una Agencia local del residuo, algo que ya tiene previsto hacer el Botànic a nivel autonómico en su nueva ley de la economía circular, y que sea un primer paso para una remunicipalización del servicio". Por último, añadió que "no sabemos cuándo ni cómo pretende hacer el bipartito la nueva contrata, pero estaremos muy atentas porque este pliego ha sido un auténtico desastre".
Las conclusiones de Compromís no distan demasiado de las apuntadas por PSOE y Unides Podem. Así, la coalición valencianista abunda en que la comisión se constituyó tarde y en que el servicio sigue siendo uno de los más controvertidos de los que dependen del ayuntamiento. Con todo, en sus conclusiones, sí reconoce que "se ha mejorado la capacidad de fiscalización de la contrata, gracias especialmente al aumento del número de inspectores en horario diurno y nocturno y del conocimiento exhaustivo del Pliego por parte de los actuales responsables del contrato", lo que habría llevado a "aumentar las sanciones a la UTE y la judicialización conflictos entre el Ayuntamiento y la UTE concesionaria".
Sin embargo, Compromís también incide en las carencias al sostener que "se ha paralizado y hemos retrocedido en todos los avances del pasado mandato hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente, sostenible. No se ha desarrollado el quinto contenedor, la recogida puerta a puerta, las inversiones de modernización del CETRA…. lo que nos lleva a estar muy lejos de las cifras de recuperación y reciclaje de residuos que exige la normativa europea".
Además, incide en el retraso de la nueva licitación del contrato, lo que, a juicio de Compromís, resulta preocupante en la medida en que se trata de una situación que afecta a todas las grandes contratas municipales. Respecto al pliego, la coalición subraya las contradicciones entre los actuales responsables del servicio (entre ellos, el técnico que lo redactó, Sebastián Chicote), que defienden su idoneidad, frente a otros técnicos precedentes, que aseguraron que el pliego no era bueno ni suficiente. También remarca la dificultad para aplicar sanciones de relevancia y la carencia de inspectores, y defiende la labor del exconcejal de Guanyar, Víctor Domínguez, en lo que supuso para la prolongación de la vida útil del vertedero que se pusiera fin a la llegada de residuos de la provincia de Valencia,"un instrumento para conseguir recursos económicos que paliaran la ruina municipal y las restricciones del Plan de Ajuste que el Ministerio de Hacienda impuso al Ajuntament d’Alacant", añade.
PSOE y Compromís tildan el pliego de insuficiente; Unides Podem y los valencianistas reivindican el debate de la municipalización y Vox responsabiliza a todos los ediles a cargo del servicio de no exigir más medios de control
Al margen de ello, Compromís también aboga por la necesidad de abrir el debate de la remunicipalización del servicio y rebate las apreciaciones del bipartito sobre la mejoría en el estado de limpieza de la ciudad. Por último, solicita que la comisión de fiscalización continúe desarrollando sus trabajos en la medida en que considera necesario que se facilite información sobre el futuro del servicio por lo que respecta a la implantación de la recogida selectiva de los residuos orgánicos, sobre la construcción del subparque logístico de Playa de San Juan, o sobre el futuro del vertedero, toda vez que se habría comunicado, de modo informal, que en el Plan Local de Residuos se va a renunciar a la construcción de la quinta celda de vertido sin que se haya aportado una solución para la colmatación del vertedero. Así, Compromís adelanta que, en el caso de que la comisión se dé por extinguida, planteará una nueva propuesta al pleno para que se constituya otra comisión sobre la futura contrata del servicio.
Por último, Vox coincide igualmente en la falta de recursos para llevar a cabo un control eficiente del contrato al subrayar la carencia del número de inspectores municipales que resultaría suficiente. En este sentido, atribuye la responsabilidad a todos los concejales que han estado al frente de la Concejalía de Limpieza desde el inicio de la prestación. "Tenemos un número claramente insuficiente de inspectores adscritos al servicio pero, a mayor abundamiento, el mayor problema lo encontramos en que los inspectores en la actualidad no tienen determinado la turnicidad, algo que dificulta gravemente el control sobre la ejecución del contrato, puesto que una de las partes más importantes del mismo -la recogida de residuos- es desarrollada en un altísimo porcentaje durante la noche", apunta su escrito de conclusiones.
Además, añade que "nos cuestionamos desde este grupo, al igual que ya hicimos con el contrato de limpieza de centros escolares y dependencias municipales, si en el Excmo. Ayuntamiento de Alicante se tiene una especial preocupación, por lo importante del asunto, por el control de los contratos de prestación de servicios esenciales como es el de limpieza y recogida de residuos. No entendemos como después de 6 años (como mínimo y según las declaraciones de los diversos responsables políticos del servicio de limpieza) todavía no tengamos la estructura y organización necesaria para asegurar, al menos formalmente, una correcta prestación del servicio. A la vista de todo ello, podemos afirmar que existe falta de iniciativa y determinación de todos los responsables políticos delegados de esta área".
De igual modo, Vox alude a la construcción del subparque logístico de Playa de San Juan, todavía pendiente a la espera de la concesión de licencia, para subrayar la negligencia de los responsables políticos, principalmente durante el pasado mandato, pero también en la actualidad. "Tendremos que esperar a la finalización del contrato para ver si el importe de la garantía sirve para suplir los pagos realizados por una obligación incumplida por parte de la UTE concesionaria", recalca.
En tercer lugar, Vox reitera las críticas por el retraso en la licitación del servicio, así como el de otras grandes contratas como la del transporte público o la de la limpieza escolar, y reclama que se facilite información sobre el futuro pliego con el fin de poder formular aportaciones. En todo caso, considera que resulta positiva la decisión de dividir la prestación actual en tres contratos distintos (uno para la limpieza y recogida de residuos, otro para la gestión de los ecoparques y otro para la explotación de la planta de tratamiento).
Los operarios del servicio, en plena labor de limpieza. Foto: PEPE OLIVARES