FOTO: EFEVALÈNCIA. (EFE) La segunda jornada de operación policial contra la corrupción en el marco del caso Azud ha incluido diversos registros desarrollados este viernes en domicilios particulares y despachos profesionales de los detenidos, cuyo pase a disposición judicial se producirá este sábado tras ser interrogados por la Guardia Civil.
A la espera de que la Guardia Civil tome declaración a los procesados y los ponga a disposición de la jueza de Instrucción 13, algo que previsiblemente sucederá a partir de las 10 horas, los agentes de la Unidad Central Operativa han citado a declarar este sábado a otros investigados que no han sido detenidos, como es el caso del exresponsable de las finanzas del PSPV-PSOE, José María Cataluña.
Este viernes ha trascendido, además, que entre la lista de los 14 detenidos ayer figuran otros dos políticos además del exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exconcejal socialista del Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, y del exvicealcade de València Alfonso Grau (PP), aunque su nombre o filiación política no ha trascendido por el momento.
También forma parte del grupo de detenidos el empresario valenciano Federico Ferrando -hermano de Rafael Ferrando, expresidente de la patronal valenciana- y el responsable de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra, José Luis Vera.
En declaraciones a EFE, el letrado de Alfonso Grau ha expresado su preocupación por el estado de salud de su defendido, que tiene 80 años y sufre "afectaciones cardíacas".
El caso Azud, que investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València, es una causa declarada secreta y abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
La titular del Juzgado de Instrucción número 13 -que cuenta con un juez de refuerzo- sigue tramitando una instrucción que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, José María Corbín.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana por la que se dispone el cese de Rafael Rubio como subdelegado del Gobierno en Valencia, agradeciéndole los servicios prestados.
Por otra parte, el consejo de administración de la empresa pública Divalterra -dependiente de la Diputación de Valencia- se reunirá el próximo lunes por la tarde para analizar la situación de su responsable jurídico, José Luis Vera, que fue detenido este jueves por formar parte supuestamente de la red de sobornos.
Según han informado a EFE fuentes de la Corporación Provincial, no consta ninguna referencia expresa en el orden del día, sino que "se valorará la situación del responsable jurídico de la empresa con la información de la que se disponga", puesto que previsiblemente sobre Vera y el resto de detenidos ya habrá un pronunciamiento judicial.
Personal de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha regresado este viernes, junto con José Luis Vera, al despacho de este en Divalterra para continuar con el registro.
Las mismas fuentes han informado a EFE de que este ha durado aproximadamente una hora, se ha limitado al despacho, y los agentes no se han llevado ninguna documentación.
En el marco de esta mismas pesquisas, los agentes acudieron este jueves al despacho del abogado Virgilio Latorre para preguntar si una de las sociedades que los investigadores vinculan a Vera operaba desde esa sede social, ya que al parecer ambos letrados fueron socios.
Sobre la continuidad de José Luis Vera en la empresa pública Divalterra, el portavoz del PP en la Diputación, Vicente Mompó, ha denunciado este viernes "la pasividad del presidente de la Diputación, Toni Gaspar, quien lo mantiene en su cargo pese a su detención en el marco de la operación Azud".
Mompó espera que Gaspar "asuma de una vez su responsabilidad y actúe en un caso que afecta al director de los Servicios Jurídicos, Transparencia y Prevención de Riesgos Penales de la principal empresa pública de la corporación provincial como es Divalterra".
