Susana Gisbert. Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. Las denuncias por delito de odio se han disparado en València. De hecho, según los datos que maneja la fiscal delegada de esta especialidad, Susana Gisbert, en todo 2018 se incoaron 26 denuncias en Fiscalía mientras que, en tan solo seis meses de 2019, la cifra ha alcanzado las 30. Estos números evidencian dos cosas: la primera que hay una parte de la sociedad que todavía ataca a sus semejantes por tener un color de piel diferente, una religión diferente, una orientación sexual diferente o simplemente pensar de otra forma. Y la segunda que, la aparición en los medios de estas denuncias y la respuesta de la Justicia, han llevado a denunciar más, mucho más, pero todavía muy poco.
En esta línea se explicó Gisbert: “Igual que en un momento dado se creó una sensibilidad contra los delitos a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ha llegado el momento de que la sociedad reaccione sobre una realidad que es muy preocupante y que, si no tomamos medidas, nos puede estallar en la cara en cualquier momento”.
Los datos de la memoria de la Fiscalía de 2018, escrita por la anterior delegada Carmen Andreu, explican que “sigue sin existir una respuesta adecuada para el registro de los procedimientos de forma diferenciada y especializada, haciendo que la estadística resulte poco fiable”. De las palabras de Andreu se desprende que, muchos casos forman parte de las estadísticas de delitos normales, siendo así muy complicado averiguar cuántos delitos de odio se perpetran realmente en València.
De los datos que sí que formaron parte de esa estadística cabe destacar que tan solo dos de las denuncias se archivaron por no ser los hechos constitutivos de infracción penal. Aunque lo realmente doloroso, sobre todo, para las víctimas fueron aquellas denuncias que pese a ser investigadas no se pudo encontrar al autor.
Ejemplo de esto último fue la denuncia interpuesta por dos jóvenes que fueron agredidos de madrugada en la calle Polo y Peyrolón por “motivos ideológicos”. Una agresión que provocó lesiones físicas en las víctimas y que, tras más de tres meses de investigación en Fiscalía y el juzgado, tuvo que ser archivada provisionalmente por “autor desconocido”. La misma suerte corrió una brutal agresión a un chico con parálisis cerebral sucedida en la calle Justo y Pastor. Denuncia, por cierto, que se abrió a raíz de su aparición en los medios de comunicación.
Las denuncias registradas y los delitos cometidos son como la sociedad misma, muy diversas. Van desde no permitir el acceso a varias personas de etnia gitana a una discoteca por el mero hecho de serlo, a la interpuesta por el Centro de Ayuda al Refugiado por las pintadas racistas que les hicieron en la fachada, la de la Mezquita de València también por pintadas discriminatorias o la formulada por la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, por la difusión de los datos personales de la víctima de la manada en un periódico digital. Esta última se judicializó por un delito contra la intimidad y otro contra los derechos fundamentales.
Pero pese a la diversidad, las que más destacaron fueron la interpuestas por temas racistas. Los insultos y agresiones por el mero hecho de haber nacido en otro país, como la agresión a un ciudadano marroquí en el metro de Ayora, o las pintadas en los diferentes centros que ayudan a migrantes y refugiados son preocupantes.
También hubo denuncias por ideología política. Destaca la que se interpuso por la aparición de varios muñecos colgados con los nombres de políticos independentistas en diferentes puntos de la ciudad. El problema de esta denuncia, como alguna de las anteriores, es que nunca se supo quién o quiénes fueron las personas que cometieron el delito.
Pero también hubo condenas, como la de un hombre que fue condenado por maltrato de obra, amenazas con la agravante de discriminación por discapacidad, la sentencia condenatoria por delito de amenazas xenófobas en un juzgado de Torrent o la también condena por lesiones motivadas por la orientación sexual de las víctimas.
Otros temas como las agresiones del 9 d’octubre siguen en instrucción. El Juzgado Número 15 de València lleva casi dos años instruyendo una causa que, gracias al buen hacer de los denunciantes y de la policía, no hace sino incrementar el número de personas investigadas. Fuentes de toda solvencia explicaron que, si se sigue a este ritmo, la causa podría estar totalmente instruida en menos de un año.
Este año, que al ritmo que se va, puede terminar con el doble de denuncias que el año anterior. Sobre las incoadas hasta la fecha explica Susana Gisbert que, “la mayoría versan sobre insultos y vejaciones relacionadas con la nacionalidad, la etnia y la orientación sexual de las víctimas”.
La última de estas denuncias, terminó esta misma semana con una sentencia condenatoria por conformidad en el mismo Juzgado de Guardia que la tramitó. El fiscal destinado en el Juzgado de Instrucción Número 6 de València llegó a un acuerdo consistente en el pago de tres multas por los delitos leves de maltrato de obra, lesiones y resistencia a la autoridad con la agravante de cometer el maltrato por motivos racistas por un valor de 1.205 euros.
Según la calificación fiscal, admitida por el ya condenado, el día 15 de juicio a las once de la noche, en la calle Lepanto de València, V. R. G. se dirigió a la víctima diciéndole: “negro de mierda, hijo de puta vete a tu país, qué haces aquí, vete a tu país”, al tiempo que lo empujaba hacia la calle Guillem de Castro.
Cuando llegó la policía, lejos de amilanarse, se encaró con ellos diciendo: “que iban a hacer caso a un negro de mierda en vez de a él, que era español, que se cagaba en su puta madre, que no sabían quién era él, y que mañana los buscaría para matarlos, perros”. Además, le pegó un rodillazo a uno de los agentes cuando tras intentar huir, éste lo interceptó.
