MADRID (EFE). La reforma laboral de 2010, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que conllevó abaratar los costes de despido en España, cumple la próxima semana diez años, en un mercado marcado por la pandemia del COVID-19 y con el compromiso del actual Ejecutivo de revisar el marco laboral español. El proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo se aprobó en el Congreso de los Diputados el 9 de septiembre de 2010 con varios puntos especialmente controvertidos y se tuvo que enfrentar a finales de aquel mes, el día 29, a una huelga general.
Sin lograr el acuerdo con patronal y sindicatos, esa reforma laboral fue un intento por parte del Gobierno de ayudar a atajar la crisis económica y financiera que ya azotaba a la economía española. El primero de esos puntos incluyó que las empresas pudieran despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 días de indemnización, no sólo cuando las compañías tuvieran pérdidas, sino también cuando previeran tenerlas, o incluso ante una persistente caída de ingresos.
También generalizó el contrato de fomento del empleo, que conlleva una indemnización de 33 días por año trabajado, al incluir a los trabajadores fijos de entre 31 a 45 años que hayan sido despedidos. Además, estableció mayor control sobre los desempleados, que desde entonces pueden ser sancionados si rechazan cursos de formación en un plazo no superior a 30 días, al tiempo que facilitó el despido por faltas al trabajo y rebajó al 2,5 % el índice de absentismo total que puede tener una empresa y que marca el despido objetivo individual.
Desde los sindicatos criticaron con dureza una reforma que, señalan ahora desde CCOO, hacía "más fácil y barato el despido y perpetuaba la contratación temporal como vía de entrada al mercado de trabajo, dando mayor poder a los empresarios y cuestiona la negociación colectiva". Desde la CEOE también se rechazaron entonces los cambios del Gobierno por considerarlos "insuficientes" para modernizar el mercado laboral español.
Dos años después, en la reforma que impulsó el PP en 2012, se endurecieron muchos de esos aspectos. Con el real decreto ley "de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral", el Gobierno de Mariano Rajoy generalizó la indemnización de 20 días por despido, creó un nuevo contrato indefinido para las pequeñas y medianas empresas, limitó la prórroga de los convenios y cifró en 9 meses la caída de ventas o ingresos que justifican el despido objetivo, entre otros muchos aspectos.
Todas estas medidas, a excepción del despido por bajas reincidentes en un periodo de tiempo determinado, siguen vigentes en el mercado laboral español con el compromiso del Gobierno actual de revertirlas y elaborar un marco laboral adecuado al siglo XXI alterado por la pandemia del COVID-19.
Entre las prioridades del Gobierno en este tema está recuperar con urgencia la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa y la vigencia indefinida de los convenios (ultractividad), así como revisar las causas que justifican la contratación temporal en España, con la tasa de temporalidad más elevada de Europa. Pero la llegada de la pandemia del COVID-19 ha obligado a modificar la agenda de Gobierno y agentes sociales para centrarla en las soluciones al impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral.
El inicio del nuevo curso abre ahora una nueva agenda laboral, que seguirá muy marcada por la pandemia, pero con el compromiso del Gobierno de iniciar las distintas mesas de diálogo social con patronal y sindicatos que aborden las condiciones y el marco legal del mercado de trabajo en España en aras de un modelo más equilibrado.
El Ejecutivo autonómico llega a un acuerdo con el central por el artículo que todavía permitía los contratos por obra y servicio, que chocaba con la reforma laboral