VALÈNCIA. El primer día de la vuelta a lo público del departamento de La Ribera la Conselleria de Sanidad daba un paso que muchos no se esperaban, aparecían los primeros despedidos tras meses asegurando que todos los trabajadores en plantilla serían subrogados. De los 14 despidos la mayoría afectaron al equipo directivo, elegido por Ribera Salud durante su gestión, lo que dio paso a que el departamento de Carmen Montón pusiera al frente a personas de su confianza.
Mucho se había especulado sobre cómo deberían ejecutarse los despidos, teniendo en cuenta que la fórmula de los trabajadores es de "personal a extinguir". Finalmente, el modelo elegido fue el de " despido objetivo", acogiéndose a la causa legal del decreto de personal donde se recogía que el personal permanecerá en su puesto de trabajo salvo causa legal de desvinculación (despido, jubilación, fallecimiento o convocatoria de OPE).
En total, según datos de Sanidad, el coste anual del anterior equipo era de 1,23 millones de euros, entre los que había algunos directivos a tiempo parcial. Mientras, el coste anual del actual equipo será de 787.531 euros, 440.333 euros menos que el actual. Un rebaja de un 36% que compensaría el pago de las indemnizaciones, que serían asumidas en un año.
En total se pagaron 382.625 euros de indemnizaciones, entre las que se encuentra la del gerente de La Ribera, Javier Palau, que ha sido sustituido por la anterior directora general de Alta Inspección, Isabel González, conocedora de las instalaciones del Hospital de Alzira al haber sido la principal interlocutora de Ribera Salud y de los alcaldes.
Al margen del gerente fueron despedidos el director económico, el director Médico, el director de Continuidad asistencial, el director de Calidad, el director de Recursos Humanos, el director de Infraestructuras, el jefe de Comunicación, la subdirectora de Admisión, el técnico de Reclutamiento y Selección y el Controller de Recursos Humanos, además de tres trabajadores del parking.
Aunque todavía no han señalado cuál será su postura, es probable que muchos casos se judicialicen determinando finalmente el juzgado si son procedentes o improcedentes y aumentando, si se diera el segundo de los casos, la cuantía de la indemnización pagada por la conselleria a estos trabajadores.
