VALÈNCIA. Tras Alzira, Dénia. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció este jueves en Les Corts la apertura de la "negociación definitiva" con Marina Salud, concesionaria del Hospital de Dénia, para devolver a lo público la gestión de este departamento de salud. Para ello, el Consell y la aseguradora alemana DKV, socio mayoritario de la concesionaria con un 65% del capital, ya trabajan para resolver las diferencias de interpretación en las liquidaciones pendientes, el elemento clave para poder llegar a un acuerdo de compra del hospital.
Según explican fuentes conocedoras del proceso, una vez completada la reversión del Hospital de la Ribera por finalización del contrato, Presidencia ha tomado las riendas de la negociación en busca de un acuerdo amistoso con Marina Salud antes del próximo 30 de junio. El caso de Dénia es muy diferente al de Alzira porque la concesión finaliza en 2025, lo que obliga a buscar una salida pactada, y porque hay un tercer actor implicado: Ribera Salud, propietario del 35% restante de la concesionaria.
Según las mismas fuentes, la principal vía en la que que se trabaja, una vez prácticamente descartada la resolución anticipada del contrato mediante la reversión con la correspondiente indemnización para la empresa, es la de un traspaso de las acciones que ahora están en manos de DKV y también de las de Ribera Salud. Con ello, el centro pasaría a estar directamente gestionado por una empresa de capital 100% público.
La intención manifestada por Ximo Puig en la sesión de control no es nueva. El jefe del Consell lanzó por primera vez esta posibilidad hace poco más de dos años en una visita a Pedreguer, donde dijo haber encargado a las conselleries de Hacienda y Sanidad que iniciaran las gestiones para recuperar el centro ante las quejas de los pacientes del departamento y el deseo de salir de DKV, que por entonces ya se encontraba en negociaciones con Ribera Salud con vistas a un posible traspaso de su paquete accionarial. "Es una cuestión que debe abordarse con la mayor urgencia", dijo Puig entonces.
Pese a ello, apenas se ha avanzado. La Conselleria de Hacienda, primero a través del IVF y posteriormente a través de una consultora externa, ha tratado de fijar un hipotético precio de las acciones para comenzar a negociar el traspaso. Este segundo informe estaría desde hace meses sobre la mesa de la consellera Carmen Montón, sin avances conocidos desde entonces.
¿Qué ha provocado que Presidencia haya decidido cambiar el paso, tomar las riendas y señalar la operación como "prioritaria"? Por un lado está la insistencia manifestada por DKV por salir de la empresa después de dos años en los que ni el Consell ha abierto un canal de negociación ni ha facilitado –más bien lo contrario– que la aseguradora continuara negociando con Ribera Salud. Cabe recordar que el presidente de DKV Seguros, Javier Vega de Seoane, fue recibido hace pocos días por Ximo Puig en un intento por desbloquear la situación.
A las urgencias de DKV se suman las tensas relaciones entre la aseguradora alemana y la Conselleria de Sanidad. De hecho, el entorno del presidente destaca que si la vuelta a lo público del Hospital de Alzira ha resultado "exitosa" gracias a la invención directa de Puig para pacificar la transición al límite del vencimiento de contrato. En el caso de Dénia, la propia consellera de Sanidad ya señaló en una entrevista con Valencia Plaza que el asunto se estaba tratando al "a alto nivel".
Ante la confluencia de intereses de DKV y Presidencia, Puig ha visto margen para un acuerdo bajo la consigna de infligirse el menor daño mutuo posible. De hecho, en su intervención en Les Corts de este jueves, insistió en dos de los ejes que deben marcar la transacción: diálogo y seguridad jurídica.
Cualquier acuerdo para el traspaso accionarial queda en cualquier caso condicionado a un pacto previo sobre las liquidaciones pendientes, en concreto sobre la metodología para calcularlas. Aunque el principal activo de la sociedad es la propia concesión que vence en 2025, la diferente interpretación sobre el cálculo de los ejercicios cerrados puede alterar sustancialmente la valoración.
La Intervención General alertó tras una auditoría económica de una total falta de control por parte de la Conselleria de Sanidad sobre el Hospital de Dénia desde 2009, en línea con lo señalado por la Sindicatura de Comptes sobre el Hospital de Manises. Este informe ya puso de relieve las discrepancias existentes entre la empresa y la administración con las liquidaciones. Mientras la viceintervención consideró que Marina Salud debía abonar 107 millones correspondientes al periodo 2009-13, la Comisión Mixta de Seguimiento ofrecía una cifra de 103.667 euros a favor de la empresa.
El cálculo desapareció en un informe posterior de la propia Intervención para realizar un control financiero específico sobre las concesiones sanitarias, debido a que se tuvieron en cuenta alegaciones tanto de Marina Salud como de la Conselleria de Sanidad.
El anuncio de Puig de esta suerte de ofensiva final para recuperar el Hospital de Dénia se produjo en respuesta a una pregunta de Podemos sobre el futuro de las concesiones sanitarias. Desde el entorno del presidente desvincularon el momento elegido para anunciar que este asunto ha pasado a ser una "prioridad" de un supuesto intento por neutralizar la ofensiva del PP en Les Corts respecto a la investigación abierta por la financiación irregular de las campañas del PSPV y el Bloc de 2007.
Puig dijo que la voluntad del Consell es ir "rescatando concesiones a medida que vayan venciendo los contratos" o ante "situaciones especiales" como la que se da en el departamento de salud de Dénia. En este caso, justificó que la decisión del Consell de resolver anticipadamente el contrato viene determinada por la "voluntad" de los municipios de la zona debido a las deficiencias del actual servicio, algo que no ocurre en otras concesiones.
El anuncio de Puig en Les Corts llegó el mismo día que fue aprobado el proyecto de ley de modificación de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana –con los votos a favor de PSPV, Compromís y Podem y la abstención de PP y Cs–. En la nueva se recoge la recuperación de la universalidad de la atención sanitaria, la apuesta por la gestión pública de la misma y además se incluye un nuevo obstáculo para que Ribera Salud no se haga con el control de la concesión de Dénia.
De esta manera, la enmienda de modificación presenta la siguiente redacción: "Para garantizar la libre competencia y evitar posiciones de dominio, ninguna persona física o jurídica podrá ostentar, directa o indirectamente, en el ámbito de la sanidad pública valenciana, más del 40% de las participaciones o acciones en más de un ente titular de un contrato de gestión de servicio sanitario integral en régimen de concesión de un departamento sanitario".
Una medida que, a día de hoy, incapacitaría a Ribera Salud para ejercer el derecho de tanteo pactado con su socio y aumentar su participación en Marina Salud. Aunque la compañía ya no controla el departamento de La Ribera, sí tiene el 100% de otras concesiones públicas, concretamente de Torrevieja y Elche-Crevillente. Es decir, ya posee una posición dominante más alta de lo permitido en la ley, aunque no tendrá carácter retroactivo.
Según apuntan fuentes de Sanidad, en este punto se habría ampliado este artículo, incluyendo en la norma la fórmula utilizada para La Ribera en la subrogación de trabajadores. No obstante, aunque no especifican cuál es el texto exacto, apuntan a que se han incluido conceptos como la fórmula del "personal a extinguir". La Ribera, ha sido el departamento pionero en poner en marcha la fórmula de reversión, que se reguló a través de un decreto al no existir precedente.
