Foto: GVAEn los dos años y medio transcurridos desde que finalizó el contrato y se prorrogó el servicio a la UTE Erescanner Salud el sobrecoste ronda los 50 millones de euros
VALÈNCIA. El retraso en la reversión a la gestión pública del servicio de resonancias magnéticas en hospitales valencianos ha supuesto que la Generalitat haya pagado un sobreprecio de 21 millones de euros solo el año pasado. Así consta en la Memoria económica relativa a la creación de la Empresa Pública de Salud (EPS) de la Comunitat Valenciana, documento firmado el pasado 15 de abril por la subsecretaria de Sanidad, Mónica Almiñana.
La reversión debería haberse producido el 1 de noviembre de 2018, pero el proceso que inició la exconsellera Carmen Montón, y que ya iba muy retrasado cuando fue nombrada ministra de Sanidad en junio de ese año, quedó prácticamente paralizado con la llegada de Ana Barceló a la Conselleria hace 22 meses. En ese tiempo apenas se ha avanzado y esto ha supuesto que a la UTE Erescanner Salud se le esté pagando desde finales de 2018 con fondos fuera de presupuesto mediante expedientes de "resarcimiento por enriquecimiento injusto".
La factura de la UTE controlada por Eresa (grupo Ascires) a la Conselleria de Sanidad Universal se disparó en 2020 muy por encima de la media de los años transcurridos desde que se adjudicó el servicio en 2008. Según el citado informe de la Conselleria, el coste para las arcas públicas el año de la pandemia fue de 49,04 millones de euros, un 16% más que el año anterior.
Como publicó Valencia Plaza hace un mes, la facturación de la UTE en 2019 se había reducido un 5,18%, hasta 42,26 millones de euros, debido a una rebaja de tarifas del 17% pactado entre el departamento que dirige Ana Barceló y la empresa tras la finalización del contrato en octubre de 2018. El hecho de que solo bajase la facturación un 5% indica que ya en el ejercicio de 2019 aumentó el número de pruebas realizadas.
Según el informe que firma la subsecretaria Almiñana, si el servicio lo hubiese prestado directamente la Conselleria, a través de la Empresa Pública de Salud que está a punto de crear, el coste habría sido de 20 millones de euros, a los que habría que sumar el coste de las resonancias realizadas por equipos externos de apoyo —contrato de dos años adjudicado el año pasado—, que asciende a 7,94 millones anuales. En total, 27,94 millones, lo que significa que se habría ahorrado 21,1 millones de euros respecto a lo abonado a la UTE.
La estimación de Almiñana es aún peor —en el sentido del sobrecoste pagado por la Generalitat— que la estimación que en 2013 hizo la Sindicatura de Comptes, que fijó el ahorro en 16,7 millones de euros anuales si el servicio no estuviera privatizado. La Sindicatura realizó tres años después un segundo informe, de seguimiento, en el que constató que la Conselleria no había hecho caso a buena parte de sus recomendaciones y, por tanto, no se había atajado el sobrecoste.
La cifra también supera la que en enero del año pasado calculó la Conselleria en la memoria económica que realizó para reactivar la reversión. Entonces, y referido al año 2019, cifró el sobrecoste de tener el servicio privatizado en 17,8 millones. Quince meses después, el mismo departamento eleva el sobrecoste a 21,1 millones.
La UTE Erescanner Salud está controlada por la familia Saus con el 57% a través de Eresa e Iberdiagnosis. El resto de socios son la familia Paz —propietaria de Clínica Benidorm—, con el 28,5% a través de Inscanner y Benaca, y Ribera Salud con el 14,5%.
Desde que finalizó el contrato el 30 de octubre de 2018 han pasado dos años y medio. Sumando las cifras de los dos informes relativos a 2019 y 2020 —38,9 millones de euros— y teniendo en cuenta que han pasado seis meses más, la Generalitat se habría ahorrado unos 50 millones de euros si hubiese recuperado la gestión cuando prometió hacerlo.
El departamento que dirige Barceló ha dado ahora el paso definitivo para crear una empresa pública en la que revertir los servicios externalizados que van a volver a la gestión pública directa, entre ellos el de resonancias magnéticas. Como publicó Valencia Plaza este miércoles, lo hará a través de una sociedad denominada Empresa de Salud Pública (EPS).
