Carmen Montón, consellera de SanidadVALENCIA. La relación entre Sanidad y las concesiones de los hospitales público-privados sigue enquistándose en la vía judicial. Ahora, será el pago del coste de los medicamentos de hepatitis C, que sumaron un coste de 15,7 millones de euros en 2015 y que las concesiones no asumieron al eximirles el anterior Gobierno a través de unas notas informativas.
El equipo de la antigua conselleria preveía que los asumiera el Estado, algo que finalmente no ha sido así y que tuvo que asumir la administración valenciana. Sin embargo, estos medicamentos son de dispensación hospitalaria, según el Ministerio de Sanidad y de acuerdo con los contratos entre la Generalitat y las concesiones, el coste de estos fármacos los ha de asumir la concesión.
Ocurre al contrario que con los fármacos que se dispensan en farmacia, que costea la Administración.Tras detectar esta situación, la conselleria de Sanidad solicitó a la Abogacía un informe sobre cómo recuperar los 15,7 millones de euros que había asumido la administración quien expuso dos vías: acudir al Consell Jurídic Consultiu o iniciar un procedimiento de declaración de lesividad.
Se trata de un acto administrativo por el que una entidad considera dañino para los intereses general un acto dictado por ella misma, con el fin de poder solicitar su anulación ante la justicia. El camino más rápido era el del CJC, quien tiene la potestad a través de un dictamen de declarar las notas nulas de pleno derecho.
Sin embargo, el CJC no lo ha reconocido, en contra del criterio de la Abogacía, por lo que se abre la vía de la justicia ya que la declaración de lesividad es el requisito previo para la impugnación por vía contencioso-administrativa y su anulación.
Otra de las causas por las que se reclaman ingresos en el área de las concesiones son las facturas ocultas a Bruselas en entidad Ribera Salud II, empresa gestora del Hospital de Alzira, interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud realizada el 25 de enero de 2016. En esta se pedía el restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato de gestión de servicios públicos por concesión de asistencia sanitaria en el Departamento de Salud La Ribera.
Se refiere a las facturas de Sanidad que se ocultaron durante la época de Gobierno del ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y por las que Unión Europea multó a España con 19 millones de euros, ahora reclamados por el Gobierno a la Comunitat Valenciana. 1.800 millones escondidos en los cajones en gastos sanitario desde 2008 a 2011 que podrían haber supuesto un incremento de las liquidaciones de las concesionarias durante esos años.
¿Y por qué? Por una cláusula que aparece en los pliegos de las concesiones, y que tiene que ver con la actualización de la prima per cápita. Esto se debe a que existen dos vías para hacerlo. Si el gasto sanitario público consolidado del Estado crece más que el de la Generalitat, se aplica el incremento menor que es de la Generalitat. Y si crece más el de la Generalitat, se aplica el índice estatal.
La cuestión es que en el caso de que la actualización se hubiera hecho con el gasto de la Generalitat, a más presupuesto más ingresos para la concesionaria, algo que se hace para equiparar la calidad asistencial entre la parte pública y la público-privada. Sin embargo, al quedarse facturas en el cajón no contabilizándose en el presupuesto final, esto podría haber restado ingresos para las empresas. De hecho, es posible que durante las próximas semanas sigan apareciendo este tipo de recursos de otros hospitales.
