Ana Barceló, consellera de Sanidad. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad sigue dando pasos, aunque lentos, en la reversión de las resonancias magnéticas. Más de un año después de finalizar el concurso, el departamento de Ana Barceló sigue sin rematar un proceso que, tal y como demuestran sus propios cálculos, está costando un buen pellizco a las arcas de la Generalitat Valenciana. Así lo recoge la memoria económica sobre la reversión, donde se estima un ahorro de 17,8 millones de euros con la vuelta a lo público de estas pruebas, hasta ahora realizadas por la UTE Erescanner Salud.
Este documento, incluido en el informe que justifica la necesidad y conveniencia de la recuperación del servicio y fechado en el mes de diciembre, hace un cálculo basándose en la creación de plazas de personal, el material farmacéutico, el coste de la inversión en maquinaria y la actualización de equipos. Elaborado por la dirección general de Asistencia Sanitaria y la dirección general de Régimen Económico e Infraestructuras, calcula que el presupuesto anual para la internalización del servicio será de 24 millones, una cifra lejana a los 44 millones que en 2018 la Conselleria de Sanidad pagó a la UTE controlada por Eresa (Grupo Ascires) y participada por Inscanner (28,5%) y Ribera Salud (14,5%).
Aunque la diferencia arroja 20 millones de euros, a esta cifra hay que restarle la amortización de la inversión en los nuevos equipos, las actualizaciones, las provisiones de fondos para los equipos donados por la Fundación de Amancio Ortega y el importe que aún tendrán que pagar por quedarse las máquinas de la UTE. Una montante que asciende a los 22 millones pero que se reparte en diez años, atendiendo a la vida útil de los equipos, 2,2 millones por año. Una vez realizada esta inversión, el ahorro podría estirarse hasta los 20 millones.
Los números hechos por la conselleria vienen a ratificar los ya señalados en 2013 por la Sindicatura de Comptes en el informe 'Resonancias Magnéticas: Una oportunidad de ahorro', donde desvelaba por aquel entonces un ahorro en el caso de asumir el servicio la sanidad pública de hasta 16 millones, cifra que finalmente ha sobrepasado. De hecho, tal y como publicaba la pasada semana Valencia Plaza, la UTE ha logrado un beneficio de 127,06 millones en diez años de contrato.
En el caso del personal, la Conselleria de Sanidad estima en 209 plazas las necesarias para afrontar el servicio. En mayo de 2019, el departamento de Barceló recibió por parte de la UTE el personal a subrogar, donde se reflejaban un total de 113 trabajadores, de los que deben comprobar si cumplen el requisito de trabajar un año como personal laboral en un centro público a cargo de la contratista.
El resto de plazas, un total de 96, serán ocupadas por personal estatutario que entrará a través de bolsa. El montante está distribuido en 43 radiólogos, 37 enfermeros, 86 técnicos especialista, 25 auxiliares administrativos, 10 auxiliares de enfermería y 8 anestesistas. Contrataciones que tendrían un coste de 7,7 millones de euros si no se contabilizan las retribuciones variables del personal subrogado y 8,5 millones si se tienen en cuenta.
Según apunta el informe, serán 20 los equipos que tendrán que ser revertidos a la Generalitat y que tendrán un coste estimado junto al mobiliario de casi 3,5 millones a fecha de mayo de 2018. Una cantidad que, según estiman, sería de 600.000 euros menos en octubre de 2019. Mientras, la administración adquirirá cinco nuevas máquinas para renovar las existentes en los departamentos del Clínico, La Fe, La Ribera y la Marina Baixa y que se sumarán a las adquiridas con las donaciones de la Fundación Amancio Ortega en Vinaroz, Requena, Arnau, San Juan y en la Marina Baixa.
Cabe recordar que, en los 24 millones de coste, la Conselleria de Sanidad ha incluido el contrato de refuerzo de ocho millones realizado por Sanidad para absorber la posible lista de espera. Un contrato de unos ocho millones anuales en el que Eresa e IMED se repartieron el grueso del concurso. El Hospital General de València también hizo números sobre el ahorro con la internalización del servicio, prestado por Eresa desde 1989. Un reducción de costes que estimó en 2,66 millones de euros al año.
Este informe justificativo de necesidad y conveniencia, junto a la memoria económica, forma parte de los trámites necesarios para poder aprobar el decreto que permitirá traspasar los trabajadores de la empresa a la administración pública, como ya ocurrió en el departamento de La Ribera. Un decreto que sufrió inicialmente retrasos por un informe de la Abogacía de la Generalitat que no daba por válida la subrogación, proceso al que finalmente dio el visto bueno el Consell Jurídic Consultiu.
Sanidad señalaba hace unos meses a Valencia Plaza la imposibilidad de incluir la reversión en los presupuestos de 2020 al no poder cuantificarse. "En el momento que se lleve a cabo la internalización se dotará de recursos para cubrir las plazas internalizadas", aseguraban.
