SAN VICENTE DEL RASPEIG. El primer pleno presencial (y extraordinario) del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig tras el estado de alarma ha puesto sobre la mesa el debate de diversos asuntos, si bien entre los puntos de gestión llevados por el equipo de gobierno destaca la polémica que ha acarreado la prórroga del contrato de basura y limpieza viaria. Un tema que, finalmente, ha obtenido la aprobación, con 12 votos a favor del equipo de gobierno (PSOE y Esquerra Unida) y 13 abstenciones procedentes de la oposición (Compromís, Podem, PP, Ciudadanos y Vox).
El Pleno municipal ha dado luz verde, este pasado jueves 25, a aplazar este contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, lo que implica la prórroga forzosa del contrato hasta el 30 de junio de 2021, "salvo que se inicie antes de esta fecha el nuevo contrato, en cuyo caso dejará de surtir efectos", matiza la Secretaria. Asimismo, esta aprobación conlleva autorizar y disponer el gasto que acarrea el aplazamiento, por un importe de 4.810.172,32 euros.
Este contrato se inició hace ocho años y contemplaba, además, dos prórrogas de seis meses. El 30 de junio de este mes finaliza la validez del mismo, si bien el adjudicatario manifestó la intención de no suscribir estas prórrogas, por lo que no se ha podido llevar a cabo una continuidad de mutuo acuerdo. "El motivo de la aprobación de este punto no es otro que no haber podido licitar a tiempo el nuevo contrato, que no ha sido ni por falta de planificación ni por falta de impulso político de este equipo de gobierno", declara el edil de Contratación, Jesús Arenas (PSOE). Y justifica que "los tiempos en la administración hacen que dependamos de una serie de cuestiones ajenas al propio proceso de licitación".
El concejal explica, además, las tres razones por las que el PSOE decidió no municipalizar estos servicios en su momento: "En primer lugar, debido a la necesaria inversión inicial en maquinaria, vehículos, contenedores y un largo etcétera; a esto se suma la complejidad que tendría asumir este contrato, con dificultades de personal y técnicas, así como estudios necesarios; y, por último, el tiempo". Al hilo de la municipalización, el concejal de Podem, David Navarro, manifiesta que "el informe desprendía la viabilidad de esta acción".
"Con la municipalización hubiéramos tenido un ahorro anual en la limpieza viaria de unos 800.000 euros, ya que nos hubiéramos ahorrado entre un 21% y un 25% de IVA, con un 4% de beneficio industrial. Según las estimaciones, vamos a tener que pagar 1.100.000 euros más por los mismos servicios, que, si lo multiplicamos por los 8 años que presumiblemente durará el contrato, resulta una estimación de 8.800.000 euros", interpreta las situación. Con estas cifras, Navarro acusa al equipo de gobierno de hacer "caso omiso" y continuar por "la senda de la irresponsabilidad y de las catastróficas consecuencias derivadas de su incapacidad de gestión".
Por su parte, el portavoz de Vox, Adrián García, sostiene que "entre los municipalismos y las riñas partidistas nos vemos envueltos en un descontento e incertidumbre por la parte contratada; algo está fallando. Que no nos sorprenda que luego se nos queden los lotes desiertos sin ninguna oferta, como es el caso de la limpieza de edificios municipales, porque las empresas ya no quieren contratos con este Ayuntamiento".
En este sentido, Cristian Gil, concejal del PP, declara que "este Consistorio se va a hacer famoso por forzar a las empresas contractualmente, ya que esta prórroga forzosa será, como mínimo, tres contratos iguales otra vez". Y se queja de que "el contrato más importante de esta legislatura ni está ni se le espera, porque, según vemos en los informes, hay retenciones de crédito para dos prórrogas forzosas hasta junio de 2021, es decir, un año más".
Y es Mariela Torregrosa, desde Ciudadanos, quien apunta que se trata del "contrato más caro que tiene el Ayuntamiento y el más largo, pero, además, el más polémico. La limpieza es la imagen de una ciudad, es la que condiciona la vida que se hace en las calles". Asimismo, acusa de "falta de planificación y gestión" al gobierno municipal, algo que "queda patente con la prórroga de este contrato".
En cuanto a Compromís, su portavoz, Ramón Leyda, cuenta las impresiones de suciedad del municipio que tiene la ciudadanía, una situación que, aclara, "no es solo una cuestión de San Vicente, sino de muchos municipios, que se origina por lo mismo: la relación entre el Ayuntamiento y la empresa cuando se externaliza el servicio". Además, Leyda traslada la petición de "convocar una comisión con los siete grupos políticos más los técnicos para establecer las opciones que traerían resultados favorables".
Una propuesta que recoge Alberto Beviá, concejal de Esquerra Unida, quien se muestra a favor de crear esta "comisión para intentar municipalizar las gestiones que se prestan de forma externa por empresas privadas, lo cual va en la línea de la filosofía de EU. Vamos a intentar buscar soluciones para los inconvenientes que nos encontramos".