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VALÈNCIA. Un acuerdo "histórico", según todos los firmantes, bajo el nombre 'Alcem-nos' ('Levantémonos'). Histórico y transversal. Vivienda, sanidad, emergencias, transporte, fiscalidad, financiación o despoblación son algunos de los ejes que toca el pacto sellado este lunes entre la Generalitat Valenciana, las tres diputaciones provinciales y los ayuntamientos para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana durante y tras el paso de la pandemia de coronavirus. Un documento de marcado aire a municipalismo con 303 medidas plagadas de generalidades, salpicadas de concreciones y con alguna que otra ausencia para conseguir el tan ansiado y siempre complicado consenso institucional.
Desde el president de la Generalitat, Ximo Puig, hasta el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, con el concurso también de los titulares de las tres diputaciones y capitales de provincia -Toni Gaspar y Joan Ribó en Valencia, Carlos Mazón y Luis Barcala en Alicante, y Jose Martí y Amparo Marco en Castellón-, e incluso el primer edil de Elche, Carlos González, el presidente del Foro de Municipios del Interior, Miguel Sandalinas, y el de la Comisión de Mancomunidades, Chema Peláez. Ninguna rúbrica quiso quedar sin estampar.
En los apartados de promoción económica destacan, por ejemplo, la necesidad de una mayor colaboración público-privada para conseguir un mayor “retorno social de las ayudas públicas”. Así, el acuerdo alcanzado compromete a “combinar los esfuerzos privados con las políticas públicas” para que las medidas implantadas en el sector privado industrial o de otra rama “sean lo más eficaces e inmediatas posibles”. Todo ello unido, además, a una disminución de la presión fiscal en la industria con el propósito de aumentar la liquidez para “comenzar a escalar puestos en el mercado y volver a ser competitiva”.
Junto a otras medidas más generales como “potenciar las áreas empresariales y las infraestructuras modernas de calidad” o “reducir la dependencia de la industria extranjera en la industria valenciana”, el documento detalla líneas más concretas como la simplificación de la burocracia administrativa, con la eliminación de trabas administrativas y la agilización de los trámites para empresas y emprendedores, además de la necesaria digitalización de la administración. E incluso contiene la modificación de la normativa de Bases de Régimen Local -que es de carácter estatal- para que los ayuntamientos puedan disponer de más competencias en promoción económica y empleo.
Todo ello complementado con el apoyo mediante ayudas y subvenciones al sector privado con fondos procedentes de diferentes administraciones, también de Europa. “El 50% de las empresas no reciben ayudas públicas de forma directa”, dice el acuerdo, por lo que destaca lo necesario que es “prestar atención a los fondos de financiación para el desarrollo económico del territorio: ayudas nacionales, autonómicas o fondos europeos”. También se apunta hacia la regulación del teletrabajo, la creación de mesas de colaboración de la economía local y la creación del Observatorio Territorial valenciano del Empleo Verde -órgano que ya existe en la provincia de Alicante-.
También en términos impositivos, se acuerda aplicar el IBI máximo a los terrenos agrícolas no productivos y el mínimo a los sí productivos, la creación de impuestos que graven las actividades contaminantes, o la bonificación de impuestos municipales a “sectores vulnerables por la crisis de la Covid-19”, como el IBI, el IAE, el impuesto de vehículos, etcétera.
Otro de los ejes fundamentales pasa por el territorio, la movilidad y la vivienda. Los planes de movilidad urbana sostenible, las peatonalizaciones permanentes y 'tácticas', el impulso de apps para el transporte -y facilitar así el llamado sharing-, o la "apuesta" por el transporte públicos son las principales propuestas por el transporte 'green' del documento, además de la mejora de las infraestructuras de acceso a áreas logísticas, puertos o aeropuertos para evitar congestiones.
También se concreta el impulso a la construcción de viviendas mediante colaboración público-privada, como los concursos de cesión de solares de la Generalitat a cooperativas para la posterior gestión de viviendas sociales, la cesión de solares a promotoras privadas para la promoción de viviendas en alquiler, además de convenios entre ayuntamientos y Generalitat para poner en marcha estas medidas u otras similares públicas. También se opta por la rehabilitación del parque público y de pisos "permanentemente vacíos" con subvenciones y una "fiscalidad favorable", además de la "actualización de la normativa" técnica.
Esto debería ponerse en marcha junto a un amplio programa medioambiental, con la modernización de las explotaciones agrarias, el "impulso de nuevas políticas de residuos" y, también, la defensa de la continuidad del trasvase Tajo-Segura "como elemento estratégico socioeconómico y ambiental". Además se prevé "promocionar" la creación de empresas en las costas valencianas y la creación de grupos de acción local del sector pesquero. Todo unido a el impuso de planes de empleo en todos los ámbitos.
Asimismo, el acuerdo se dirige también a la disminución de la brecha digital entre municipios; la existencia de orientadores laborales para los municipios de más de 10.000 habitantes; la dotación de nuevos agentes de desarrollo local para dinamizar el interior; el establecimiento de una fiscalidad diferenciada y disminución de la burocracia y la puesta en marcha de una plataforma digital con los servicios de cada municipio; y en turismo, el fomento del turismo local y creación de nuevos productos dentro de la estrategia marca-pueblo.
En el ámbito de los servicios sociales el pacto acuerda el refuerzo de la atención domiciliaria, la teleasistencia, los planes en barrios humildes y la coordinación del Ingreso Mínimo Vital; en salud pública, se apuesta por la elaboración de planes de salud municipal que primen la detección de casos, la intensificación de la desinfección general y el establecimiento de programas de atención psicológica por los efectos de la pandemia.
Por otro lado, en cuanto a seguridad y emergencias, el documento contempla el asentamiento de una dimensión local de las Emergencias donde las mancomunidades lideren la prestación de este servicio. Y en educación, cultura y deporte quedan recogidas acciones como la reprogramación de actividades suspendidas, la habilitación de nuevos espacios y bonos culturales, y el apoyo a los clubs y empresas deportivas; en financiación y fondos europeos se prevé la suspensión, aplazamiento o reducción de tasas municipales a sectores dañados y el aplazamiento o bonificación de impuestos como el IBI o el IAE.
Además, Puig anunció que esta mesa interinstitucional se mantendrá vigente para futuros acuerdos y para mejorar la coordinación en la implantación de las medidas anunciadas.
Todos los firmantes se congratularon de haber alcanzado este acuerdo que, si bien poco profundo en algunos aspectos, se reveló ampliamente consensuado. El president Puig dijo del documento que se trata de un "acuerdo sin precedentes porque estamos en una situación sin precedentes" y recordó que "acordar no es traicionar", por lo que agradeció el esfuerzo de todas las instituciones presentes para mostrar unidad para la reconstrucción pese a los diferentes signos políticos representados -PSPV, PP y Compromís-. Puig recibió el apoyo fervoroso de los dirigentes socialistas presentes e incluso también la gratitud de otros representantes populares.
"Aquí no hay partidos, hay representantes", intervino el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien se sumó a la celebración no sin dejarse en el tintero que "ni hay dinero para todo ni en todo momento", por lo que instó a "priorizar" y a "poner la realidad por delante de la utopía". Línea que apoyó también el presidente de la Diputación de Alicante, el popular Carlos Mazón, al destacar que a partir de ahora las instituciones estarán "vigilantes" y serán "vigiladas" para caminar en la senda de las medidas aprobadas. También agradeció el carácter participativo y la capacidad de cesión del resto de interlocutores para sellar el pacto.
El alcalde de València, Joan Ribó, admitió el paso como "importante y complejo" y no se olvidó de apuntar que muchas de las medidas incluidas en el documento ya se están llevando a cabo en la capital del Túria. Agradeció haber superado "la crispación" y haber alcanzado un acuerdo "sin olvidar hacia dónde vamos", en términos medioambientales y de género, cuestiones recogidas en el texto. "Ha tenido que venir la pandemia para que las instituciones estemos al lado unas de otras y no en frente", manifestó el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, quien además señaló que en el acuerdo hay medidas a revisar.
Jose Martí, titular de la Diputación de Castellón, destacó que estuvieran "todas las fuerzas políticas, ayuntamientos, diputaciones, etcétera" y que desde el principio se acordase que así fuera. "Es el acuerdo que pide la ciudadanía para paliar las consecuencias de la crisis", dijo", "es el momento de la gran política". La primera edil de Castellón de la Plana, Amparo Marco quiso reivindicar algunos aspectos del acuerdo reseñables como el tinte verde y sostenible y las medidas de igualdad reflejadas. Para Marco, lo importante es "salir de la mano de la sociedad", por lo que muchas de las medidas, dijo, las propondría en los órganos locales de diálogo social.
Al paso salió la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, para tildar el acuerdo de "contradictorio" con el que los partidos del Botànic quieren aprobar en Les Corts Valencianes. Así, apuntó que Puig tiene "dos espírituos" porque el texto aprobado "se ha quitado la reversión de las concesiones sanitarias y se ha incluido el trasvase Tajo-Segura, pero no habla de la subida de impuestos ni dice nada del dumping fiscal". Diferencias reseñables frente al texto que tramita el parlamento valenciano.
Por ello, Bonig dijo que Puig "buscar la foto" pero en el hemiciclo valenciano "se impone Compromís y Podemos, cede ante ellos". Sobre este acuerdo, el de Les Corts, la presidenta del PP valenciano dijo que sólo votará a favor si se elimina del documento las reversiones sanitarias, la subida de impuestos y el dumping fiscal. Dicho de otro modo, si se liman las cuestiones que se han limado con los alcaldes y presidentes de diputaciones.