Los administradores del Frob en el Banco de Valencia. Foto: EVA MÁÑEZHoy debería escribir sobre Pedro Sánchez, los ministros valencianos y la nueva consellera de Sanidad, pero en el camino se ha cruzado esta semana un asunto oscuro al que casi nadie presta atención. Así que dejaremos para otra semana al Gobierno, que seguirá dando que hablar, y volveremos sobre el asunto del Banco de Valencia del que está informando Valencia Plaza.
Recapitulemos: el pasado martes, 5 de junio, la Sala Tercera del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reunió para debatir y votar la sentencia sobre dos recursos relativos al proceso de intervención y posterior venta del Banco de Valencia. Las sentencias se esperan para las próximas semanas. En caso de ser favorables a la Plataforma de Afectados del Banco de Valencia, la venta de la centenaria entidad por un euro a Caixabank sería contraria a derecho. Contraria al derecho de los pequeños accionistas. Nula.
Se recurre por un lado la operación acordeón –reducción y simultánea ampliación de capital– impulsada por el Frob (Banco de España) con exclusión del derecho de adquisición preferente de los minoritarios y, por otra parte, la venta en sí. Se recurren sendas sentencias de la Audiencia Nacional que rechazaron los primeros recursos y dieron la razón al Frob, organismo público al que fiscales y jueces de lo penal no han prestado la suficiente atención.
Alguien, es evidente, se ha puesto nervioso ante la inminencia de los fallos del Alto Tribunal. El pasado 22 de mayo, el presidente de la Plataforma, Javier Martí Herraiz, se presentó en una notaría de València para revocar los poderes de la abogada Begoña Salcedo Alagarda, que durante cinco años ha mantenido viva la esperanza de los pequeños accionistas no ya de recuperar el banco, que eso es imposible, pero al menos de ser indemnizados por lo que consideran un robo antes que una chapuza. En su lugar, Martí nombraba abogado de la Plataforma a Roberto Braquehais Moreno.
El notario Simeón Ribelles Durá extendió la escritura a Martí Herraiz no sin antes advertirle negro sobre blanco que "su representación no está suficientemente acreditada". A pesar de eso, le extendió la escritura, válida siempre que presentase una documentación que tres días después ante el mismo notario no tenía. Tampoco parecía tenerla el nuevo letrado de la Plataforma –Braquehais Moreno– cuando el 4 de junio su procurador –también nuevo, pues el anterior fue apartado en las mismas circunstancias de falta de representación– presentó ante el Tribunal Supremo las escrituras de revocación de poderes.
Interpelados por este periódico, ni Javier Martí Herraiz ni Roberto Braquehais Moreno quisieron explicar el propósito de su actuación ni las prisas por presentarse en el Supremo la víspera del fallo sin tener la legitimidad que el notario requería en su escritura. Tampoco respondió el abogado urbanista Guillermo Berzosa Martí, que apareció en escena cuando Begoña Salcedo Alagarda preguntó en la notaría y le dijeron que fue él y no el presidente de la Plataforma quien encargó y pagó las escrituras, lo que deja al abogado Braquehais Moreno como hombre de paja en esta historia y pone el foco en quien debía pasar inadvertido.
Este periódico desconoce si existe parentesco entre Martí Herraiz y Berzosa Martí, pero sí conoce el existente entre el tapado y el exvicepresidente del Banco de Valencia, Antonio Tirado Jiménez, casado con Ana Martí, tía de Berzosa. De hecho, Guillermo Berzosa Martí fue el primer abogado de la plataforma pero renunció cuando su tío fue imputado, momento en el que Begoña Salcedo, pequeña accionista y miembro de la Plataforma, tomó el relevo de manera desinteresada. Salcedo, por cierto, ha presentado una queja en el Colegio de Abogados de Valencia contra Berzosa y Braquehais.
Un portavoz del Tribunal Supremo ha respondido a este periódico que la votación y fallo se llevaron a cabo, como estaba previsto, el pasado martes 5 de junio. Y que, de momento, el supuesto nuevo abogado de la Plataforma no ha presentado ningún otro escrito que pudiera dar pistas sobre sus intenciones. Begoña Salcedo ha impugnado su legitimidad y en el Alto Tribunal no tienen muy claro quién es ahora mismo el representante legal de la Plataforma.
Volviendo a la pregunta inicial: ¿Quién teme la sentencia del TS? Evidentemente, el Frob y, por extensión, Caixabank, aunque en el caso del banco que preside Jordi Gual solo por imagen, ya que los recursos contencioso-administrativos son contra el Frob, la decisión fue del Frob y el organismo que tendría que pagar las indemnizaciones sería el Frob.
El organismo dependiente del Banco de España ya sufrió un revolcón del Tribunal de Cuentas por su gestión de la crisis de entidades financieras y singularmente de la CAM, pero también del Banco de Valencia. En ambos casos puso al mando de las entidades intervenidas a un señor llamado José Antonio Iturriaga. Pero todo quedó en eso, en un tirón de orejas del Tribunal de Cuentas cinco años después, sin ninguna exigencia de responsabilidad administrativa o penal.
La Audiencia Nacional va a juzgar por administración desleal a la cúpula del Banco de Valencia, especialmente a su ex consejero delegado Domingo Parra, por administración desleal, pero ha pasado por alto las operaciones más que sospechosas del administrador que el Frob puso en el banco, Iturriaga, denunciadas en la junta de accionistas de 2013 del Banco de Valencia por la propia Begoña Salcedo y meses después por el mismísimo Banco de España ante la Audiencia Nacional.
¿Qué interés puede tener Guillermo Berzosa Martí y, en su caso, Antonio Tirado en intervenir ahora en el procedimiento judicial? En teoría, ambos serían beneficiarios de una sentencia favorable como antiguos accionistas, si bien no eran grandes accionistas. Tirado, por otro lado, está imputado como exvicepresidente del banco en la Audiencia Nacional, donde una de las acusaciones la ejerce el Frob. También está procesado por la salida a bolsa de Bankia, de la que también era consejero. Quizás le interesa controlar el contencioso en el Supremo por lo que pueda pasar.
Fuentes del Tribunal Supremo explican que si la Plataforma de Afectados del Banco de Valencia desistiera ahora de la demanda –uno de los temores de Salcedo–, no evitaría la publicación de la sentencia, que ya está votada. Otra cosa sería su ejecución, que en caso de ganar debería ser instada por la parte demandante. En ese caso, no sería una decisión del letrado, fuese quien fuese, sino de la Plataforma, que probablemente debería tomar la decisión en una asamblea general.
Quienes trabajamos en Valencia Plaza recibimos el martes otro baño de cariño de los lectores que nos acompañaron en nuestra fiesta aniversario. Más de 1.400 personas y muchas más que excusaron su presencia, entre ellas los flamantes ministros José Luis Ábalos y Carmen Montón, en las que seguiremos pensando cada vez que nos sentemos a escribir.
Lo que hace ocho años comenzó siendo un acto sencillo y familiar continúa siendo un acontecimiento sencillo y familiar –en la medida de lo posible con 1.400 personas–, más emotivo esta vez por el homenaje a Paco Pons, y como siempre con novedades, esta vez el lanzamiento en septiembre del periódico Castellón Plaza. Sin olvidar los premios, que sirvieron para recordar cuánto de bueno hay en esta ciudad y en esta Comunitat.
