El presidente Ximo Puig; el síndic Manolo Mata y el senador Joan Lerma. Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, movió ficha este miércoles en su cruzada por conseguir acelerar la reforma del sistema de financiación autonómica caducado desde 2014 y cuya continuidad perjudica gravemente a la Comunitat Valenciana. La entrada en 2018 con el consiguiente discurso de Año Nuevo del jefe del Consell mostró el camino: "Queremos que se cumpla ya con los valencianos", resaltó Puig en un claro mensaje dirigido hacia Mariano Rajoy.
Esta fue, precisamente, la primera pica en un endurecimiento del discurso que viene gestándose desde la planta noble del Palau de la Generalitat. Este diario informaba días atrás de las voces internas en el PSPV que reclamaban una línea más agresiva en dirección a Madrid e incluso una mimetización del discurso victimista y beligerante que en su día utilizó el PPCV contra Rodríguez Zapatero.
En Presidencia -al menos de momento- no desean seguir esa estela, pero el anuncio realizado en la capital de España por Puig en su visita a Fitur evidencia que siguen apurándose todas las opciones desde el Consell para agitar el avispero autonómico e incrustar, sea como sea, el debate de la financiación en el corazón de Madrid.
Si Mónica Oltra habló hace meses de "montar el pollo" para que se escuche a los valencianos, Puig parece haber encontrado una vía para que en la capital no tengan más remedio que prestarle atención, una vía sin la complejidad de esa manifestación que algunos partidos y sindicatos querían celebrar en Madrid y probablemente con mejor resultado.
Así, el jefe del Consell anunció que el Gobierno valenciano de este viernes aprobará la petición de comparecencia del presidente de la Generalitat en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con el objetivo de hablar de la reforma paralizada. Un mensaje que llega justo un año después de que Rajoy se comprometiera en la Conferencia de Presidentes a abordar y culminar el nuevo sistema sin que se haya llevado a cabo. "Estamos absolutamente defraudados", aseguró Puig, quien aseguró haber creído en la palabra del presidente del Gobierno.
Fuentes próximas al jefe del Consell señalaron que desde principios de año venían planteándose distintas medidas para seguir manteniendo viva la lucha por agilizar la reforma del sistema. Cabe recordar que, en 2017, además de la citada Conferencia de Presidentes, se produjeron diversas reuniones entre Puig y Rajoy, además de otros encuentros relevantes con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Además, se impulsó junto a los principales actores de la sociedad civil una manifestación el pasado 18 de noviembre para reiterar la necesidad de una nueva financiación. Unos pasos que, a la luz de los hechos, han resultado infructuosos.
De esta manera, en las últimas horas se le fue dando forma a la idea de proponer la comparecencia en la Cámara Alta. Este martes, Puig se reunió con diputados y senadores valencianos en Madrid. Curiosamente, el único precedente de estas características se produjo en 2010 cuando el presidente catalán, José Montilla, se valió de esta posibilidad contemplada en los artículos 56 bis 2 y bis 3 del Reglamento del Senado para hablar sobre la elección de magistrados al Tribunal Constitucional y del bloqueo del Estatut. En aquella ocasión, el presidente de la Comisión era el valenciano Joan Lerma, único representante en la actualidad del PSPV en la cámara.
En cambio, la mesa ahora está presidida y dominada por el PP con Pío García-Escudero al frente y solo hay un valenciano en la comisión, el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra. El portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, exigía este mismo miércoles que todos los grupos apoyaran la comparecencia de Puig en la citada comisión y pedía además a la líder del PPCV, Isabel Bonig, que intercediera ante su partido para que incluyera la comparecencia "de forma inmediata". Todo ello un día después de que la presidenta popular hubiera asegurado públicamente: "Pregunten a Puig si quiere que se reforme el modelo de financiación porque a mí me llega que no y lo va diciendo en los despachos de Madrid". "Desde luego, si no la quiere, lo finge muy bien", ironizaban ayer dirigentes socialistas tras el anuncio del jefe del Consell.
Por otro lado, el paso adelante dado por Puig podría reavivar la batalla autonómica que Rajoy viene tratando de congelar. El presidente valenciano se ha prodigado en contactos autonómicos en los últimos meses con la financiación como punta de lanza: al margen de sus contactos habituales con la andaluza, Susana Díaz; este mismo martes se reunió con la balear, Francina Armengol y el sábado lo hará con el manchego, Emiliano García-Page.
Son probables aliados en esta cuestión que, según el Reglamento de este tipo de comparecencia en el Senado, tendrían también la capacidad de tomar la palabra y engordar así los reproches al presidente del Gobierno respecto a la promesa incumplida de la financiación autonómica.
Si se repite la mecánica del único precedente, el de Montilla en 2010, el resto de CCAA podrían participar en el debate en la persona de su presidente o de su consejero de Presidencia. Si lo hicieran muchos presidentes el acontecimiento estaría a la altura de la Conferencia de Presidentes celebrada el 17 de enero de 2017, con la diferencia de que las intervenciones serían públicas. Eso sí, el protagonismo se lo llevaría Puig por encima del resto por ser el solicitante de la comparecencia. En aquella sesión solo intervinieron dos presidentes, los de Extremadura y Baleares, además del catalán.
Según aquel procedimiento, Puig tendría una intervención inicial de 15 minutos y el resto de representantes autonómicos, de 10 minutos cada uno, en orden protocolario. Primero los representados por su presidente y en segundo lugar los representados por un consejero. Puig tendría entonces un segundo turno de cinco minutos. A todos ellos podría responder en el momento que lo deseara el representante del Gobierno, que probablemente sería la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que tiene la cartera de Administraciones Públicas.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
